(escribe Pablo Romero, Columnista)   Los desafíos son varios, comenzando por atender un déficit de capital cultural que condiciona en buena medida las posibilidades de nuestros jóvenes y que nos compromete como sociedad. Nuestra principal crisis no es económica, sino de marginalidad cultural, la cual se ha acentuado en los últimos años.

En la educación, esto se ve reflejado no solamente en los resultados que arrojan los análisis internacionales que al respecto se han realizado sobre nuestro país y en los informes presentados por nuestro Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED), sino en la experiencia áulica cotidiana de aquellos que ejercemos la docencia. En particular, es una situación rápidamente comprobable en nuestro ciclo básico de educación media, convertido en la zona “roja” de nuestro sistema educativo. El ciclo básico es una radiografía del derrotero de nuestra sociedad, una fotografía pura y dura de los principales problemas que atravesamos como comunidad.  

La educación ha dejado de ser un espacio clave en la construcción de igualdad de oportunidades para convertirse en parte de la maquinaria que reproduce las desigualdades sociales (sobre este punto me explayo debidamente en mi proyecto “Educación y capital cultural” y en una reciente conferencia dictada en el marco de las “Jornadas Binacionales de Educación”, materiales ambos  localizables en la web). Las explicaciones sobre esta situación son múltiples, debiendo comenzar por comprender  y atender que el campo educativo, en tanto es atravesado por todos los hilos sociales que nos conforman, es un reflejo del proceso de desvalorización de los pilares que sostenían lo mejor de nuestra tradición cultural.

¿Qué señales desde el futuro gobierno de la educación son necesarias dar en lo inmediato para comenzar un proceso de recuperación de nuestra educación pública?

La respuesta a esta pregunta implica el abordaje de diversos aspectos, que incluyen cuestiones políticas, pedagógicas y económicas, entre otras. Las trataré de afrontar a lo largo de una serie continuada de artículos, esperando contribuir en tal sentido a un debate que se torna vital en estos meses donde se trazarán las principales hojas de ruta a seguir por las nuevas autoridades educativas, las que tendrán un desafío histórico. No será una tarea sencilla. Y las primeras señales deberán ser políticas antes que vinculadas a contenidos más propiamente educativos, más específicamente pedagógicos.

En primera instancia, se deberá comprender cabalmente aquello que hace a la esencia de la política: el arte de la  negociación. Debemos ser claros desde el primer momento: no hay reforma educativa posible sin contar con los docentes, que son los encargados finales de llevar adelante cualquier cambio propuesto. Si pretendemos que el centro del sistema educativo sean los alumnos, los docentes son la variable fundamental.

Y tampoco se podrá llegar a buen puerto si no se existe el debido diálogo con los sindicatos de la educación. Se deberá hilar muy fino en tal sentido, porque la señal política es la primera que debe darse si lo que queremos es no perder un nuevo lustro en pulseadas que simplemente lograrán paralizarnos. Entrar en el desgaste del juego respecto de quién es “el más fuerte”, “el mandamás” o “el que ejerce el poder legítimo”, sería un modo torpe de comprender lo que el país realmente necesita. Por supuesto, esto corre para todas las partes involucradas, pero es, sobre todo, una responsabilidad central de aquellos que han sido electos para conducir el país. Y, por supuesto, esto no implica ceder puntos o iniciativas sin razón alguna u otorgar el poder de decisiones cuando no corresponde.

Lo que sí implica es el ejercicio del diálogo y el colocar en escena actores que puedan tender puentes, el posicionar en la mesa a aquellos que puedan contribuir del mejor modo posible al desarrollo de la argumentación y la negociación. Alcanza con analizar y reflexionar sobre lo que sucedió en estos últimos años para reconocer la conveniencia de postular este primer punto.

Uno de los mayores errores del gobierno de Tabaré Vázquez fue colocar al frente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a María Julia Muñoz, quien no sólo desde el arranque no era legitimada como una persona con experiencia en tales asuntos (un claro ejemplo del mal mayor que se comete cuando se anteponen cargos políticos a cargos de pertinencia por capacidad en el campo designado) sino que desde una actitud de soberbia y destrato hacia los docentes no solo no le torció el brazo a los sindicatos de la educación (ese parece ser el objetivo por el que Vázquez la colocó allí, esperando que repitiera la “hazaña” realizada cuando estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública), sino que se encargó de dinamitar todos los puentes posibles. Un error grosero e imperdonable del Presidente.

Para completar el cuadro, las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES), en la figura de su Directora Celsa Puente, se encargaron de acentuar los enfrentamientos con el sindicato y ejercieron una suerte de “caza de brujas” contra aquellos docentes que planteábamos públicamente -y desde espacios no sindicalizados, por cierto- los problemas que Secundaria presentaba.

Errores políticos que terminaron costando mucho al gobierno y a la fuerza política que allí lo colocó, pero que, lo más grave, terminaron costándole mucho  a la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, el principal error del gobierno frentista, el que se lleva el primer puesto por varios cuerpos, fue la declaración de esencialidad de la educación llevada adelante en 2015, en medio de un conflicto por su no cumplimiento del presupuesto designado para la educación. Lejos de lograr aquietar las aguas, la poco inteligente estrategia de intentar amedrentar a los docentes con la amenaza de iniciarles un sumario y finalmente destituirlos si no cortaban con la legítima protesta, logró el efecto contrario, prolongando innecesariamente la huelga y abriendo una grieta que no logró cerrarse en todo el período y que trancó toda posibilidad de avance real. Cuesta comprender la torpeza de tal accionar.

Con el modus operandi de Muñoz y Puente, avalado por un Ejecutivo que no escuchaba los reclamos docentes al respecto, no solo no se logró cambio alguno del ADN educativo sino que ni siquiera se pudo cambiar algo menos pretencioso como el formato de la elección de horas. La derrota política fue contundente y deja varias lecturas, que ojalá hayan dejado lecciones a considerar a la hora de una nueva oportunidad.

La primera lección que debería sacarse en limpio es que no hay reforma posible sin diálogo constructivo con los docentes, formen parte o no del sindicato.

En una reciente entrevista en el programa televisivo Desayunos Informales, el posible presidente del futuro Codicen, el profesor Robert Silva, señaló que “es imposible pensar en una educación de calidad sin el docente”. Esto, que parece estar en la tapa del libro, es, sin embargo, una señal nada menor, sobre todo frente a discursos que parecen querer prescindir de los educadores. O que los conciben como simples empleados y no como los artífices fundamentales del sistema educativo.

La caída puede ser brutal sino se entiende la importancia de colocar en el eje central a los educadores. El discurso del alumno como el centro del hecho educativo convirtiendo a los docentes en el elemento negativo que no acompañaba debidamente esa perspectiva resultó, como era de esperar, un fracaso estrepitoso. Solo el desconocimiento de cómo funciona el ámbito institucional y áulico podría llevar a que nuevamente se cayera en tamaño error.

Se debe priorizar y jerarquizar la formación docente, invirtiendo debidamente en políticas de formación permanente, que es el gran déficit que tienen nuestros educadores. El egreso de los Institutos de formación docente resulta en muchos casos el comienzo del fin de la vida intelectual del educador. Y esto es algo que no nos puede seguir pasando Para evitarlo, es fundamental el incentivo intelectual y económico que lleve a que el docente avance y crezca en su carrera en el marco de una permanente formación. Nos jugamos gran parte del partido en entender y atender esta realidad.

A su vez, debemos de una vez por todas zanjar una discusión que no puede ser más parte de un conflicto: los educadores deben ser retribuidos salarialmente de acuerdo a la marcada importancia de la tarea social que llevan adelante. Jerarquizar el salario docente forma parte de las medidas que cualquier sistema educativo exitoso coloca en la balanza, a sabiendas que lo económico implica una señal que es simbólica y que trasmite valores.

Una sociedad que paga mal a sus maestros y profesores, no solo los condena a una vida profesional de segunda mano sino que brinda un mensaje negativo sobre la importancia otorgada a la educación. Jerarquizar el salario docente es jerarquizar la educación, es enviar una señal al resto de la sociedad donde se deja en claro que la formación intelectual y que la profesión de educar es una de las tareas más nobles e importantes que puede llevar adelante una persona en su vida en comunidad.

Luego de años de discursos de impronta “mujiquista” que han bastardeado la formación intelectual, la formación universitaria, la formación humanística, nos debemos un rápido retorno a todos los elementos posibles que nos permitan volver a legitimar y privilegiar el cultivo intelectual del ciudadano. Es este un paso fundamental para comenzar a abandonar el grado de marginalidad cultural en el que nos hemos hundido.

Estas, pues, son otras señales políticas que deben estar dadas desde el arranque del futuro gobierno de la educación, partiendo desde lo que el presupuesto quinquenal del gobierno central indique como valor social a privilegiar. Cómo se barajan los números es, ante todo, una señal de ética pública. Dime qué priorizas y te diré que tipo de valores refleja tu gobierno.

El trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Codicen será primordial, sobre todo para mantener ciertos equilibrios necesarios. La mayor relevancia que cobrará el MEC colocará en escena a Pablo Da Silveira como figura principal de los nuevos tiempos educativos que se avecinan. Su articulación con Robert Silva será esencial, del mismo modo que lo será el escuchar y sumar los aportes en propuestas que tengamos los docentes que trabajamos en el sistema educativo y que lo conocemos desde adentro (con lo que esto significa en el imaginario docente a la hora de la legitimación de los interlocutores presentados), tanto como lo que puedan contribuir los sindicatos y las iniciativas ciudadanas educativas como Eduy21.

El desafío está servido. El camino no será nada fácil, pero ¿acaso lo ha sido alguna vez? Los  partidos más importantes que se juega una sociedad siempre requieren de esfuerzos múltiples e incesantes. Y tanto de certezas a defender como de concesiones a realizar por parte de los involucrados. No se debe confundir firmeza en la conducción con necedad y sordera. Se necesitará de  sutileza y cintura política más que de nuevas cuotas de soberbia y demostraciones de “fuerza”.

Si las recientes declaraciones en el semanario Búsqueda del dirigente de Fenapes José Olivera descalificando brutalmente a Pablo Da Silveira son un síntoma negativo y una muestra cabal de todo lo que debe evitarse, la señal enviada por el futuro gobierno ofreciendo la Subsecretaría del MEC a la historiadora Ana Ribeiro supone un atisbo de esperanza en cuanto a la posibilidad de conformar equipos que orienten el diálogo de manera inteligente y constructiva.

La primera actitud que nos corresponde es apoyar en un todo al gobierno que se está conformando y  ponernos a trabajar en conjunto. Ojalá que aquello de “Educación, educación, educación” marque finalmente el rumbo de quienes ejercen el poder político.

Comprendan, allí nos jugamos el futuro.

.................................

Otras Columnas  de  Pablo Romero

¿Para qué educar en el ciclo básico?

Los desafíos educativos del nuevo gobierno