El día de hoy quiero poner sobre la mesa una situación inadmisible que está ocurriendo en la Manzana I del Plan Avanzar en la ciudad de Mercedes.

Queremos dejar bien claro desde el inicio la naturaleza de este programa: el Plan Avanzar es una política pública nacional. Los recursos, el financiamiento y la responsabilidad principal de velar por su correcta ejecución corresponden al Ministerio de Vivienda, a la fecha de hoy bajo la administración de un gobierno de izquierda, Sin embargo, la gestión directa en el territorio y la decisión concreta de cómo y cuándo se entregan las viviendas ha recaído sobre la Intendencia Departamental de Soriano, específicamente a través de su área de Política Habitacional.

Nadie desconoce que las obras de infraestructura tienen plazos técnicos, y entendemos perfectamente que la planta de bombeo para el saneamiento tiene su fecha de finalización prevista para la segunda quincena de octubre. No estamos discutiendo los tiempos de la obra; lo que estamos cuestionando y denunciando con total firmeza es la decisión política e irresponsable de la Intendencia de entregar fincas sin los baños habilitados.

¿Cómo se le puede entregar a familias —muchas de ellas integradas por personas adultas mayores con graves problemas de salud— una casa que no tiene servicio sanitario en su interior?

Como supuesta "solución", la comuna colocó en la vía pública un solo baño químico por cada siete viviendas. Al estar instalados en la calle, estas casillas de plástico pasaron a quedar en carácter de baños públicos. Esto ha generado una crisis de insalubridad insostenible: falta de higiene, riesgos de infecciones, personas mayores que sufren caídas por la precariedad de la noche y vecinos forzados a realizar sus necesidades en baldes dentro de sus propios hogares. Esto no es solo insalubre; es indigno y vulnera los derechos humanos más elementales. No son animales señora presidenta, estamos hablando de personas y vecinos de Soriano, de nuestra querida y amada Ciudad.

A esto se suma que al estar en la vía pública, estos baños son ocupados por personas en situación de calle y de consumo problemático, vulnerando la seguridad de la zona e impidiendo que los verdaderos adjudicatarios puedan utilizarlos de forma segura. El Ministerio de Vivienda no puede mirar para otro lado: tiene el deber y la obligación de fiscalizar cómo se están entregando las viviendas que financia el Estado nacional, Pero el ejecutivo departamental no puede permitir bajo ninguna circunstancia que se les entreguen viviendas sin baños a la gente, y acá no valen las excusas que dieron cuando se reunieron los responsables de políticas habitacionales con la comisión de vivienda, que de hecho les dejó la invitación para ir y conversar con la gente de la manzana I.

Por último, Señora Presidenta, queremos hacer una puntualización central sobre el trabajo social y el censo de este plan. En las reuniones de comisión no se nos ha aclarado bajo qué criterios de selección se determina quién accede a cada modalidad, pero además nos preocupa profundamente la exclusión sistemática del núcleo familiar de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad.

Existen pedidos explícitos y desesperados de las familias para que sus familiares privados de libertad sean censados e integrados a la nómina social del hogar. Cuando una persona recupera su libertad, necesita un entorno familiar y un techo digno para no volver a caer en el sistema delictivo ni quedar en situación de calle. Excluirlos del censo desde el inicio es cerrarles la puerta a la reinserción social y castigar a toda la familia.

Por lo expuesto, solicitamos que la Intendencia Departamental de Soriano cese inmediatamente la entrega de fincas sin baños habilitados, que el Ministerio de Vivienda fiscalice de manera urgente las condiciones de la Manzana I, ya que se pudo observar qué ante la falta de habitaciones por la integración del núcleo familiar se han comenzado a instalar habitaciones precarias en los patios de algunas viviendas y que se revisen los criterios sociales para no dejar fuera del censo a las personas privadas de libertad cuando sus familiares soliciten integrarlos.