En la firma de acuerdos, este jueves 23 en la sede de la SCJ, participaron el prosecretario de la Presidencia y presidente de la JND, Jorge Díaz; el secretario general de Drogas, Gabriel Rossi; la presidenta de la SCJ, Doris Morales, y la directora general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Patricia Porley.

Durante la ceremonia, Díaz manifestó la importancia de decomisar al crimen organizado “el producto de su trabajo” y destinarlo a la represión y el tratamiento de aquellas personas que usan drogas de forma problemática.

“Hoy damos un paso muy importante”, sostuvo, y destacó la relevancia del convenio suscripto con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), entidad que dispone, en una antigua unidad militar, de un galpón para depositar esos vehículos a fin de refaccionarlos y venderlos antes de que se deterioren.

El jerarca también señaló el alcance del segundo convenio rubricado este jueves para el análisis de drogas incautadas. Resaltó que se procura cumplir con el pedido del Poder Judicial de adquirir un cromatógrafo, instrumento de laboratorio, clave para separar, identificar y cuantificar los componentes de una mezcla química.

“Quiero reafirmar el compromiso de la JND de acceder a esa solicitud porque es crucial para todos tener un mejor análisis de las sustancias incautadas”, subrayó.

Rossi se refirió al primer acuerdo con el Poder Judicial, que permitirá rematar con mayor agilidad los vehículos decomisados, que a la fecha son unos 200.

El segundo posibilitará una mayor coordinación entre el Observatorio Uruguayo de Drogas y el Instituto Técnico Forense para profundizar el trabajo vinculado a las drogas de síntesis y el sistema de alerta temprana para detectar drogas emergentes, indicó el jerarca.

El primer acuerdo establece un mecanismo permanente de coordinación para organizar los remates, definir las responsabilidades operativas de cada entidad y garantizar los mayores niveles de eficiencia, transparencia y seguridad jurídica.

En ese contexto, la JND identificará, a través del Fondo de Bienes Decomisados, los vehículos disponibles para remate y dispondrá la logística necesaria para su custodia, traslado y exhibición. El Poder Judicial gestionará las autorizaciones cuando corresponda, realizará las tasaciones, organizará las subastas públicas y administrará el procedimiento hasta la entrega de los bienes a sus adjudicatarios.

La iniciativa representa un paso importante para optimizar la administración de bienes provenientes del delito, evitar su deterioro con el paso del tiempo y permitir que esos activos recuperen valor mediante procedimientos ágiles y transparentes.

Los recursos obtenidos continuarán integrando el Fondo de Bienes Decomisados de la JND, desde donde serán destinados al financiamiento de políticas públicas de prevención, tratamiento y combate al narcotráfico, de acuerdo con la normativa vigente. En el caso de bienes incautados, los fondos permanecerán bajo administración judicial hasta la resolución definitiva de cada causa.

El monitoreo de la situación del mercado del cannabis, la caracterización de drogas sintéticas y el monitoreo de casos de muestras biológicas de relevancia toxicológica conforman los objetivos del segundo acuerdo suscripto.