(Escribe Marcelino Rodríguez) Es crucial dimensionar el hito significativo de la Ley de Violencia Doméstica. Un asunto considerado privado y que no podía seguir pasando inadvertido ante una sociedad con un grado de consentimiento cómplice, inadmisible ayer y también hoy, por más clandestinamente que se manifieste o por más ineficaces que resulten algunos mecanismos para enfrentarlo. Continúa cobrando víctimas y se ha convertido en uno de los flagelos de nuestro tiempo, pese al trabajo denodado realizado desde la educación y la concientización ciudadana en todos los ámbitos, particularmente entre las nuevas generaciones.

Precisamente, el objetivo es fortalecer el humanismo, el respeto y la tolerancia hacia el prójimo, al amparo de las garantías que permiten el ejercicio de los derechos individuales, cualquiera sea la condición o situación de la persona. Del mismo modo, perseverar en esta senda sin desistir, evitar envalentonarnos o recaer en comportamientos primitivos que nos alejen de la convivencia civilizada, aun cuando existan importantes conquistas jurídicas felizmente reconocidas a favor de la mujer.

Es indispensable comprender y aceptar que existen normas culturales y pautas de coexistencia que no pueden dejarse de lado. Debemos tomar conciencia de que la vida en sociedad se construye de manera franca y recíproca entre todos, día tras día, sin excepciones. Los revanchismos, resentimientos, egoísmos e intenciones mezquinas de un género hacia el otro no conducen a ningún aliciente, ni mucho menos a escenarios de tranquilidad, progreso social y paz.

Si no valoramos, practicamos y enseñamos estos principios mediante el ejemplo adecuado, tarde o temprano surgirán consecuencias directas o indirectas derivadas de conductas equivocadas de los adultos frente a quienes están creciendo y formándose: niños y jóvenes.

Resulta imprescindible educarse y apropiarse de las mejores referencias de urbanidad, ética y civismo, como de otros atributos altruistas y solidarios, tales como la protección de los más vulnerables y la disposición a tender una mano a quien lo solicita. Solo de esta manera será posible evidenciar y corregir aquellas conductas de quienes acostumbran desconocer estos principios colectivos para abusar de su posición o procurar ventajas indebidas, hasta entender que los demás poseen exactamente los mismos derechos.

Actitudes cotidianas abundan y permanecen en la memoria comunitaria. Aun hoy, en el Uruguay, una inmensidad de hombres desarrolla formas de cortesía asociadas tradicionalmente a la figura del «caballero», con todo lo que ello simboliza en términos de empatía hacia los demás. Pueden mencionarse algunas como ceder el paso al ingresar a un local o permitir que otra persona suba primero a un transporte. Nuestros jóvenes también actúan con idéntica deferencia hacia los mayores, ofreciendo el asiento o ayudándolas a descender una escalera.

Teniendo en cuenta estos valiosos gestos que todavía conserva nuestra población, no deberíamos hipotecar ese capital cultural ni permitir que lentamente desaparezca.

Prácticas las cuales pueden verse amenazadas cuando surgen mecanismos de autodefensa o reacciones de supervivencia, producto de conductas percibidas como obstinadas o avasallantes. Según esta visión, determinados procederes impulsados por una interpretación extrema de ciertas reivindicaciones erosionan formas de disposición y armonía que han favorecido el respeto mutuo.

Ocurre cuando se confunden derechos específicos y reconocimientos legales con normas generales de comportamiento ciudadano. Tales conquistas no habilitan a ignorar reglas básicas ni a justificar actitudes de superioridad amparadas en consignas absolutistas como «las mujeres al poder», más allá de la legítima aspiración a la igualdad de oportunidades y derechos para ambos géneros.

Es neurálgico, entonces, distinguir unas cuestiones de otras y corregir aquellas conductas que puedan resultar desconsideradas hacia el prójimo. La paridad alcanzada y justamente defendida no debería invadir, alterar ni comprometer el estado ideal de las cosas. En la búsqueda de un equilibrio razonable, corresponde reconocer que las diferencias tradicionalmente atribuidas a hombres y mujeres no constituyen méritos ni herramientas para someter o condicionar al otro.

Si con el paso del tiempo estas tensiones se profundizan y generan un clima de intransigencia, ya sea manifiesta o encubierta, capaz de afectar la concordia social, las instituciones y autoridades competentes se verán obligadas a establecer nuevas pautas destinadas a preservar la mesura colectiva.

Como ocurre en otros países, establecer el acceso al transporte público por estricto orden de llegada, mediante filas y evitar que ese derecho quede librado al oportunismo o a las denominadas «avivadas». Si se aspira a una plena igualdad de trato, salvo en los casos que justifican una atención preferencial -personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas, personas con bebés o niños pequeños y otras situaciones razonables-, correspondería respetar el turno independientemente del sexo de cada persona. La cesión voluntaria del lugar quedará atesorada al gesto espontáneo de quien decide actuar con consideración hacia otro ciudadano.

Afortunadamente, estas expresiones de cortesía todavía no se han extinguido en nuestro país. Por ello, sería irresponsable esperar a que las tensiones se agraven y provoquen reacciones de confrontación entre hombres y mujeres. Nadie debe sentirse obligado a reclamar su lugar mediante actitudes groseras o conflictivas, aun cuando pretenda responder a comportamientos percibidos como arrogantes o desubicados.

En ocasiones, ciertas conductas intentan trasladar conquistas legítimas hacia ámbitos donde la equidad no está en cuestión, particularmente en aspectos relacionados con los usos y costumbres del diario vivir. De esa forma, algunas personas procuran obtener ventajas que contradicen precisamente el espíritu que dichos logros procuran promover.

Se olvida, o se omite, que muchas prerrogativas son hoy comunes a todos los individuos. Así lo ha requerido la sociedad en su conjunto. Ya sea para abordar un ómnibus, realizar una fila en un comercio o acceder a un servicio, las reglas son aplicarse por igual. Del mismo modo, numerosos empleos han dejado de ser patrimonio exclusivo de un sexo, y actualmente son desempeñados por cualquier persona que posea la capacidad y la voluntad necesarias.

También merece reparo otro fenómeno menos debatido: las interacciones tirantes y formas de maltrato que se dan entre las propias mujeres. Realidad que pocas veces ocupa el centro de la discusión, quizá porque gran parte de la vigilancia se concentra en los conflictos entre géneros. Sin embargo, determinadas expresiones de rivalidad, competencia o búsqueda de poder pueden generar situaciones de hostilidad dentro del propio entorno femenino.

Por ello, resulta vital promover la tolerancia, el respeto y la convivencia armónica, demostrar con hechos la diferencia entre una sociedad civilizada y otra dominada por la confrontación permanente. Es alentador comprobar que cada vez más mujeres acceden, con pleno derecho y legitimidad, a ocupaciones que anteriormente se asociaban casi exclusivamente a los hombres. Ya sea operando maquinaria pesada, conduciendo vehículos de transporte colectivo, de carga o de alquiler, trabajando en la construcción o desempeñándose en innumerables actividades productivas, así como en el ejercicio independiente de sus profesiones o dentro de las estructuras públicas y privadas, su participación constituye una muestra evidente del avance hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.

La Fuerza Pública es pionera en esta materia, aunque aún mantiene una deuda pendiente. De ella somos responsables -o culpables, si se quiere- quienes integramos la institución, particularmente por haber alejado a la mujer de la actividad esencial por evitar exponerla a los riesgos inherentes; especialmente a aquellos que se experimentan en la denominada “primera línea”. Solo contadas excepciones han logrado sobreponerse voluntariamente a estas costumbres y a la “cultura machista”.

No se trata de una actitud malintencionada, pero sí injustamente limitante de la vocación y del espíritu de desafío de muchas. La organización del orden no escapa a esta realidad, pues forma parte de la sociedad y avanza al ritmo de ella. Además, subyace la preocupación legítima de preservar a las mujeres de los peligros propios de una actividad tan delicada.

Sumado a la idea popular de aceptar con naturalidad la participación del hombre en estas lides, ya sea en un equipo de Operaciones Especiales o en la dotación de un patrullero, y considerar necesario proteger al sexo femenino de la ingrata posibilidad de resultar gravemente herida o perder la vida en cumplimiento de su deber.

En la estructura mental de la ciudadanía -más allá de lo estrictamente institucional- resulta impactante e incluso traumático imaginar, asimilar y aceptar ese desenlace en una policía como consecuencia de su intervención profesional.

Frente a esta concepción cultural y organizacional, muy pocas se han animado a rebelarse con una intención estoica: servir en el frente. Mientras tanto, la mayoría -alentada por el propio contexto o por decisión personal, con padrinos o sin ellos- ha aprovechado a evadir tal cometido en base a una visión profundamente arraigada, pero equivocada y viciada.

Perjudica seriamente a la Fuerza en cuanto a la disponibilidad efectiva de sus recursos humanos para enfrentar de manera directa la lucha contra el delito y los delincuentes. Es frecuente que se esgriman los más diversos motivos o se utilicen influencias, mecanismos y artilugios al alcance para, desde el egreso de la Academia -si es posible-, obtener destinos administrativos o logísticos y permanecer en ellos, sorteando tareas que impliquen sobresaltos, riesgos y mayores compromisos.

Para colmo todavía subsiste la percepción sostenida, pero absurda a la vez, por un sector importante de personas, incluida la autocrítica de las propias mujeres: de que, cualquiera sea el ámbito al que accedan, tarde o temprano deterioran el funcionamiento, las relaciones internas y el clima organizacional.

Tal es así que existen empresas que, previendo esa posibilidad, han establecido en sus estatutos restricciones para el ingreso de mujeres, bajo el argumento de que generan conflictos, recurren a mecanismos de victimización que derivan en protecciones especiales y, en consecuencia, eluden o afectan las tareas asignadas, propias o ajenas, en perjuicio de la producción o del servicio.

Esta posición resulta incoherente e injusta. Allí donde las plantillas laborales estuvieron integradas casi exclusivamente por hombres, también se produjeron idénticas situaciones. De hecho, muchos de los hábitos negativos que hoy se señalan se originaron y consolidaron mucho antes de la incorporación femenina a los distintos ámbitos de trabajo.

Teniendo presente este contexto, las organizaciones modernas procuran adaptar sus sistemas de gestión, fortalecer el reconocimiento y contención del empleado desde una perspectiva humana, social y laboral, sin renunciar por ello a la autoridad necesaria para exigir el cumplimiento de la misión, las obligaciones y las responsabilidades inherentes a cada cargo. De esta forma se busca combatir y desterrar progresivamente nuestras subyacentes “vivezas criollas”, independientemente del sexo o de la generación a la que se pertenezca.

Esto responde, en parte, a una cultura popular ya perimida y basada en una desacreditación mutua e inevitable entre ambos géneros. Aunque tampoco podemos dejar de aceptar -sin caer en la hipocresía ni en el cinismo- que existe una mezcla de verdad e injusticia en muchas de estas apreciaciones.

Mujeres y hombres poseemos virtudes admirables y defectos detestables. Somos mortales y por ende, falibles.

Nobleza obliga realizar mea culpa, a raíz de la tendencia a evitar exponer a la mujer en su rol policial y procurar que no se convierta en blanco directo del peligro. Paternalismo protector, pero al mismo tiempo incongruente, nacido de la conciencia de que el riesgo acecha permanentemente en la función y puede manifestarse de forma repentina por más alerta, preparación y entrenamiento que se posea.

Para el enemigo -cualquiera sea su naturaleza- resulta sencillo identificarnos y localizarnos. Este, de manera inescrupulosa, siempre encontrará una justificación para sus actos. Si es detenido, rápidamente construirá una coartada que respalde su supuesta inocencia. Mientras tanto, permanece dispuesto a transgredir, enfrentarse a la autoridad y, si es necesario, derrotar o dejar gravemente herida a la Fuerza a través del infortunado integrante que tenga la desgracia de caer en sus manos.

A cargo de una unidad creada y destinada a cumplir misiones de prevención y patrullaje, se incorporó, dentro del plan de formación en Práctica Policial, la instrucción específica en Control de Disturbios Civiles. Esta preparación, adjunta a la disciplina operativa adquirida, llevó al mando -sin desvirtuar la finalidad para la cual había sido creado el Grupo- a asignarle progresivamente tareas de disuasión, intimidación y contención de manifestaciones pacíficas, así como la intervención directa ante episodios de violencia.

Fue así que además se dispuso la participación orgánica en servicios vinculados a espectáculos deportivos, eventos públicos y otras actividades de diversa índole, incluso de gran magnitud. En ocasiones se actuaba de manera independiente y, en otras, conjuntamente con la Guardia de Granaderos y Coraceros -hoy Guardia Republicana-, según las características y la etapa del operativo.

Por lo tanto, al momento de incorporar las escasas mujeres del Grupo a los equipos antidisturbios, se transitó -como responsable- la senda de la equivocada concepción que aquí se analiza. Se dispuso que ocuparan exclusivamente puestos de custodia o permanecieran a retaguardia brindando apoyo logístico, de reserva y evitar asignarlas a la primera línea, es decir, al contacto directo con los manifestantes.

Determinación inspirada en el mismo espíritu ya señalado: impedir que resultaran lesionadas o heridas como consecuencia de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo que suelen producirse en este tipo de intervenciones. A sabiendas además que, quienes participan en los disturbios no distinguen género alguno y en términos generales, la capacidad física para soportar las embestidas suele ser menor en la mujer que en el hombre.

Obviamente, esta apreciación no puede considerarse absoluta ni matemática. Todo depende de factores como la instrucción, la experiencia, la convicción y la disposición individual. Se trata de un tema que debe corregirse y revertirse; incluso replantearse los jerarcas la forma de fundamentar por qué esa efectiva formaba parte del dispositivo policiaco, cuando ocurre una situación desgraciada que la encuentra como víctima.

Desterrar el temor que, por lo general, sienten al momento de justificar ante las autoridades y la sociedad los motivos por los cuales una funcionaria fue destinada a cierta tarea, especialmente cuando el hecho que la afecta produce conmoción, presión pública y reclamos de explicaciones.

De esta manera podrá consolidarse una cultura institucional que acepte naturalmente a la mujer como un integrante más de la Fuerza. Una vez entrenada, preparada y graduada dentro del Escalafón Ejecutivo -combatiente, para expresarlo en términos literales- debe ocupar los destinos que disponga el mando, tanto en funciones administrativas como operativas. Y, en esta última faceta, asumir con plena conciencia los riesgos y responsabilidades inherentes a una profesión elegida voluntariamente.

Es vital abandonar la inclinación machista en la que caemos o repetimos. Actualizar tales concepciones y formas de pensar, comprender que los géneros están por encima de las particularidades de cada tarea o actividad laboral. En conclusión, no ha lugar efectuar exclusiones arbitrarias ni incurrir en discriminaciones de ninguna naturaleza.

De igual forma no es pertinente ni honesto hacer valer dichas circunstancias para fomentar privilegios o excepciones y, originar prácticas reincidentes y espurias entre quienes ingresan a la institución o entre los propios ciudadanos en sus respectivos entornos; especialmente fomentadas entre dirigentes, políticos, periodistas, abogados, sindicalistas y organizaciones que militan activamente en estos aspectos.

Unos cuantos con frecuencia se dedican posteriormente a buscar y encontrar algún motivo de cuestionamiento, con certeza o sin ella, impulsados por la imperiosidad permanente de obtener rédito a partir de cualquier acontecimiento. En ese afán ignoran la diferencia entre lo que parece ser y lo que verdaderamente debe ser, una tensión donde confluyen la razón, el derecho y otras dimensiones que no siempre transitan por el mismo carril. El ideal, muchas veces, se encuentra bastante alejado de la realidad.

Cuando un ciudadano decide alistarse en la Fuerza accede a una formación que, por modesta que sea, le otorga el respaldo para ostentar la investidura policial y cumplir con el cometido asignado. Queda habilitado, obligado y amparado no solo por los reglamentos internos, sino también por el ordenamiento jurídico y constitucional.

Salvo impedimentos sobrevinientes debidamente justificados -como una enfermedad u otra circunstancia grave y fundada-, no corresponde perjudicar a nadie mediante distinciones improcedentes entre mujeres y hombres.

Con mayor razón si se considera que el nombramiento de oficiales y agentes por parte del Poder Ejecutivo implica el reconocimiento formal de que poseen las capacidades y facultades para ejercer la misión, con todas las vicisitudes y riesgos que ello supone.

En consonancia, no debe existir contemplación alguna que altere este principio, más allá del legítimo discernimiento de los mandos de velar por el bienestar humano y profesional de sus subordinados. Ello implica proporcionar los recursos materiales y logísticos imprescindibles, así como desarrollar estrategias y tácticas que permitan desempeñar la tarea de la manera más segura y eficiente posible.

En definitiva perseguir el objetivo de minimizar la cantidad de heridos y bajas, dentro del imponderable margen de error reservado a los accidentes y a los hechos fortuitos; nunca como producto de la desinteligencia, la incompetencia, la mala praxis o la irresponsabilidad del policía subordinado, de su superior a cargo o de ambos.