Este lunes, asumieron las nuevas autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), dando inicio a un nuevo período de gestión en el que se buscará hacer frente a los desafíos financieros del instituto y asegurar su viabilidad a largo plazo.

El Directorio está integrado por cinco miembros, cuatro en representación de los afiliados activos y uno en representación de los pasivos. La presidencia de la Caja estará a cargo del odontólogo Dr. Andrés Pérez, y el Directorio se completa con el médico Alejandro Haro, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti y la química farmacéutica Elizabeth Alberto. En representación de los afiliados pasivos, fue proclamado como miembro titular el economista Juan Manuel Rodríguez.

Durante el acto de asunción, el nuevo presidente del Directorio agradeció la participación de los profesionales en las elecciones del pasado 10 de diciembre y aseguró que asume el cargo con “absoluta responsabilidad”. También mencionó las medidas que implementarán para hacer frente a la situación actual de la Caja con el objetivo de ordenar las cuentas y fortalecer los ingresos.

En cuanto a la situación de la Caja, Pérez dijo que el nuevo Directorio asume en un contexto complejo para la institución “que exige trabajar en conjunto”. “Soy consciente de que no atravesamos un momento sencillo para nuestra institución. Por eso valoro aún más la posibilidad de mirarnos a la cara, hablarnos con franqueza, estar y trabajar unidos, siempre en defensa del afiliado, que es la razón de ser de nuestra Caja”, afirmó y aseguró que para eso, será fundamental contar con el apoyo de los funcionarios.

Al referirse a la situación actual, Pérez indicó que la Caja enfrenta un déficit financiero y que si bien es autosustentable en su concepción, “las herramientas disponibles se han vuelto insuficientes”, debido a los cambios demográficos, a transformaciones en las formas de trabajo, así como también, “decisiones erróneas de gestiones pasadas, retiros de fondos por parte del Estado que no han sido reintegrados y un crecimiento de los egresos que han superado las posibilidades reales del sistema”.

Sin embargo, remarcó que la Caja es viable y que no se está frente a un final inevitable, sino que están ante un desafío que requiere “decisiones responsables y un verdadero sentido de comunidad”.

“Debemos derribar mitos y falsos relatos, como el que nos señala como privilegiados o sostiene que nuestras jubilaciones son de privilegio. Los números son claros, esto no es así, dejemos de lado los clichés. Será nuestra responsabilidad comunicar de manera clara y con argumentos sólidos, porque esa idea es falaz”, sostuvo Pérez.

En ese sentido, mencionó las medidas que desarrollarán, entre ellas: la actualización del valor del timbre profesional, que de acuerdo a Pérez, hoy está desajustado respecto a su valor real y tiene un peso menor en los ingresos de la Caja que en décadas anteriores. Dijo que estudiarán las exoneraciones, a excepción del ámbito de la salud pública, donde seguirá exonerada como hasta hoy. “Históricamente, el timbre llegó a representar entre el 45% y el 50% de los ingresos de la Caja. Hoy representa el 29% y se encuentra desajustado en aproximadamente un 70% respecto de su valor real. No es una medida simpática, pero es necesaria y de impacto inmediato”, sostuvo.

En cuanto al monto de ajuste, dijo que aún es algo a evaluar, aunque adelantó que se aumentará “considerablemente”, ya que “es la forma más correcta de equilibrar el sistema sin seguir cargando directamente sobre los aportes de los afiliados y las jubilaciones de los pasivos”. También indicó que aún no está definido en qué tiempo se implementará la medida. 

Otra medida que llevará a cabo el directorio será avanzar en el redireccionamiento del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). “Si este impuesto grava jubilaciones y pensiones de los jubilados de la Caja de Profesionales es justo y razonable que lo recaudado vuelva al sistema que generó esas jubilaciones. No estamos solicitando privilegios, estamos pidiendo coherencia y justicia”, afirmó.

Con estas dos medidas, el presidente de la Caja dijo que la institución será autosustentable y el Estado “no deberá aportar un solo peso”. Dijo, también, que será necesario incorporar nuevas profesiones y nuevos profesionales al sistema.

“Nada de esto tendrá sentido si no mejoramos la gestión. Por eso me comprometo conjuntamente con los funcionarios a revisar procesos, fortalecer la fiscalización, incorporar tecnología, ajustar criterios de inversión y, fundamentalmente, mejorar la comunicación con los afiliados”, señaló.

Pérez recordó que la Caja nació en 1954 “como respuesta a una necesidad concreta de los profesionales que ejercen de forma liberal” y que su fundamento fue, y debe seguir siendo, “la solidaridad intergeneracional”. “Esa idea simple y poderosa que nos asegura que, cuando hayamos cumplido los años de trabajo y, llegue el momento de nuestro retiro, estaremos respaldados por quienes vienen detrás, así como nosotros respaldamos a quienes nos precedieron. Ese fue, es, y seguirá siendo, el espíritu que debe guiar este Directorio”, expresó.

Y finalizó expresando que la Caja no pertenece a un Directorio, ni a un gobierno, ni a un grupo específico, sino que es “de todos los profesionales universitarios del Uruguay”.

“Su futuro depende de nuestra madurez y visión de largo plazo. Por eso convoco a todos los directores que acompañen estas medidas. No porque sean fáciles, sino porque son las que nos permitirán seguir adelante y enderezar el rumbo de nuestra institución”, dijo.

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