(esribe, prof. Alejandro Carreño T. ) En esta columna revisamos qué se vive y cómo se vive la política en algunas naciones de nuestro continente. En Brasil, la preocupación está centrada en Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el presidente Lula. El expresidente ingresará hoy jueves a un hospital para ser operado de una hernia inguinal el mismo día de Navidad. Aunque su operación no es de urgencia, los médicos la recomiendan ahora para evitar futuras complicaciones. La autorización la dio el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes.

Los bolsonaristas esperan que su líder pueda volver al arresto domiciliario que tenía antes de que intentase quitarse la tobillera electrónica. Pero el horno no está para bollos, como dice el refrán. ¿Y, mañana? ¿Alguien vio el mañana? Seguimos con Brasil. El movimiento Red por la Soberanía emitió un comunicado el pasado lunes, alertando a la población brasileña y latinoamericana sobre sobre las inaceptables ofensivas de Trump contra Venezuela. No aceptan, y con justa razón, que un país “imponga su voluntad sobre otras en razón de su superioridad militar y económica”.

Lo que resulta contradictorio es que Red por la Soberanía conformada por brasileños de diversas regiones del país, de diferentes campos profesionales y muchos de ellos radicados en el extranjero, se han unido “para defender la soberanía nacional y la democracia” y califica las acciones de Estrados Unidos “actos ilegales, carentes de amparo en el Derecho Internacional, que atentan contra el principio de autodeterminación de los pueblos y ponen en riesgo a todo el continente americano”. Contradictorio porque en Venezuela no ha sido el pueblo el que se manifestó en las urnas por Nicolás Maduro.

Por lo mismo, la declaración reúne comentarios analíticos que, efectivamente el mundo democrático comparte, pero que este mismo mundo democrático cuestiona, precisamente, porque no puede apoyar un sistema político que ha usurpado el poder por la fuerza de la persecución política amparada por las armas, como lo es el régimen de Nicolás Maduro. Del gigante brasileño nos trasladamos a la vecina Argentina. Finalmente el gobierno del presidente Milei oficializó la candidatura del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU, cargo que se hará efectivo el 1 de enero de 2027.

Hasta el momento es la única candidatura oficial, puesto que nada se resuelve respecto de la chilena Michelle Bachelet y de la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan. En el caso de la señora Bachelet su candidatura está cuesta arriba. Depende todavía de la aprobación del presidente Kats. Sin embargo, muchos en su sector no la apoyan y le recuerdan su pasado desastroso en La Moneda, así como su cuestionado pasado como Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022). Además, no goza de las preferencias de los Estados Unidos. Las primeras declaraciones de Grossi fueron duras y directas:

“Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente y no con la aprobación de espesos documentos, y lo digo como diplomático que ha dedicado toda su vida a esos consensos de documentos que después nadie lee”. Antes había declarado: “Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema, un secretario general que vaya y cruce una línea del frente aunque haya una guerra”. Los dardos, sin censura y directos, están dirigidos, sin duda al actual secretario general y a sus antecesores quienes, en realidad, no es mucho lo que han hecho por el mundo.

Terminaremos esta columna con Perú y Chile. Como se sabe, el presidente Jerí se reunirá con el presidente electo chileno José Antonio Kast. El mandatario peruano declaró que evalúa mecanismos excepcionales de cooperación con Chile para hacer frente a la migración irregular. Esto, previo al encuentro que sostendrán en enero, cuyo objetivo es el control de las fronteras y la coordinación regional.