La presidenta del CCEAU, la contadora Cristina Freire, afirmó que ambos informes “no permiten detectar operaciones de lavado de activos, porque son análisis ex post”.

Agregó que, en el caso de la Revisión Limitada, la exigencia generará efectos negativos sobre los costos de las pequeñas y medianas empresas, que son quienes impulsan la economía del país, sin aportar beneficios reales al sistema de prevención de lavado.

El Colegio de Contadores planteó que la Revisión Limitada debe eliminarse de la ley por razones técnicas y prácticas: su alcance es limitado, el grado de certeza es menor que el de una auditoría completa y no resulta eficaz para detectar operaciones sospechosas. Además, impone una responsabilidad desproporcionada sobre el profesional.

En relación con otros aspectos del proyecto, Freire advirtió, por ejemplo, que el umbral fijado para las actividades delictivas precedentes de defraudación tributaria, así como el alcance de otros delitos, bajó drásticamente a 16.000 dólares (100.000 UUI). "Es un umbral tan bajo que incluso en las propias auditorías se puede considerar importe no material, y que alcanza ampliamente a las pymes del país y recarga a los propios estudios contables con costos que, en muchos casos, no pueden trasladarse a sus clientes", dijo.

Asimismo, el Colegio también cuestiona el aumento de cinco a diez años en la obligación de conservar documentación, lo que recarga nuevamente a los pequeños estudios y a los que se encuentran en el interior del país.

La presidenta afirmó que la propuesta del Ejecutivo generará además una burocracia innecesaria que termina afectando el normal funcionamiento del sistema económico. “Ya existen bases de datos imponentes en organismos como la DGI o el Banco Central; obligarnos ahora a reiterar esa búsqueda de información solo nos aparta de nuestra profesión”, sostuvo.

Sobre la protección de la persona que reporta operaciones sospechosas (ROS), Freire expresó: “Si bien se nos asegura que la identidad no se filtra, basta ver casos recientes de ciberataques, incluso a la propia AGESIC, o el caso de la Fiscal de Corte. El Poder Ejecutivo tiene las capacidades de inteligencia, logística y ataque, no los contadores. Nuestro rol es otro”.

Asimismo, expresaron discrepancias respecto a la definición de la palabra “cliente”. Freire recordó que, según el Código de Ética del CCEAU, la condición de cliente se configura únicamente cuando existe un acuerdo escrito (o acuerdo de partes) entre el profesional y la persona física o jurídica. “Si no existe esa vinculación, no corresponde la obligación de reportar”.

Además, se advierte especialmente sobre la vulneración del secreto profesional. Freire remarcó que el artículo 4 del proyecto otorga a la SENACLAFT la potestad de exigir documentación a sujetos que hayan participado directa o indirectamente en una transacción, sin intervención judicial. “Esta situación hace que la SENACLAFT sea juez y parte. La administración puede y debe ser fuerte, pero en un Estado de derecho debe existir una contraposición de intereses que solo puede dar un juez”, afirmó.

El CCEAU concluye que la reforma de la Ley de Lavado de Activos requiere correcciones sustanciales. En primer lugar, propone la eliminación de la Revisión Limitada del listado de actividades obligadas, por su ineficacia técnica y su impacto negativo en los costos de las pymes. En segundo término, reclama la revisión de los umbrales establecidos para delitos precedentes, por considerarlos desproporcionadamente bajos y generadores de reportes ineficaces.

Asimismo, insiste en la necesidad de restablecer la debida diligencia simplificada en operaciones de bajo riesgo, excluir las permutas que no involucren transacciones financieras y revisar la extensión de los plazos de conservación de documentación, para no sobrecargar a pequeños estudios del interior.

Finalmente, “Comprometidos con la transparencia y el cumplimiento de las normas internacionales, exigimos el respeto al secreto profesional y una definición precisa de “cliente”, a fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar vulneraciones a los derechos de los profesionales y de los uruguayos”.

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