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El objetivo de este ámbito es asesorar al sector público para asegurar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Asimismo, promueve la equidad de género, la autonomía y las decisiones basadas en información.
Esta tercera convocatoria de la comisión, en la que participan estamentos del Estado, las universidades y la sociedad civil, procura definir una agenda común sobre la temática.
Al inicio de la reunión, en la sede del Ministerio de Salud Pública, el subsecretario, Leonel Briozzo, destacó la importancia de reactivar la convocatoria de esta comisión, que se había discontinuado en el período anterior.
“Queremos poner a punto todos los indicadores que hemos desarrollado en estos seis meses de Gobierno, que ubican a Uruguay como un país con legislación de avanzada en esta temática, pero donde las inequidades sociales y económicas son barreras para el logro universal de estos derechos”, sostuvo.
Según el jerarca, la construcción participativa de la agenda implica tomar en cuenta las iniciativas planteadas por la sociedad civil y potenciarlas desde el Estado.
En ese sentido, resaltó que es necesario hacer cambios en educación, atención en salud, información pública y que, para ello, es necesario el involucramiento de las autoridades de Gobierno.
Recordó que el MSP, junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), trabaja en un programa de educación sexual integral. “Se había detectado un debilitamiento de esta estrategia en el período anterior, y estamos renovando el esfuerzo para mejorar la currícula de formación docente y las actividades, tanto en el marco curricular como extracurricular”, puntualizó.
Insistió en que no hay mejor herramienta para combatir la violencia y promover una sexualidad libre y responsable que la educación sexual integral.
“Creemos que las familias tienen un rol fundamental en este tema, pero el Estado tiene la obligación de generar una estructura educativa y de derechos con respecto a la sexualidad para toda la población”, dijo.
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