El estudio sobre Salarios sumergidos en 2024 muestra que la proporción de trabajadores con ingresos sumergidos bajó respecto a 2023, aunque sigue siendo más alta que en 2019. Según el informe, “medio millón de ocupados percibe ingresos por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes. Esto se da en una economía que, más allá de su lento crecimiento, hoy es más rica que cinco años atrás”. 

Picco recordó que este trabajo se publica desde hace más de una década. “Se trata de un informe que ya lleva más de 10 años, que nosotros publicamos anualmente, y habla de los niveles salariales de las personas. Es un dato que procesamos a partir de la Encuesta Continua de Hogares. Generamos una metodología para su procesamiento y llegamos a esos datos, que a diferencia de la evolución del salario, la inflación u otros indicadores de ingresos por el trabajo, no son públicos. Eso también hace más difícil la comparabilidad con otros, porque tiene una metodología propia”.

La economista detalló en diálogo con el Portal del PIT-CNT que la clasificación se realiza en cinco franjas de ingresos: de 0 a 15.000 pesos, de 15.000 a 25.000, de 25.000 a 35.000, de 35.000 a 50.000 y más de 50.000 pesos líquidos.

“Lo que hacemos es ver, según las declaraciones que hacen los trabajadores en la encuesta, cuántos y qué porcentaje del total se ubica en cada franja. Justamente en las dos primeras franjas, hasta 25.000 pesos, es donde ponemos el énfasis porque se trata de los trabajadores con ingresos más bajos, que consideramos sumergidos e insuficientes para el costo de vida en Uruguay”.

Para mantener la comparabilidad, todos los valores del informe se expresan a precios de noviembre de 2022. En ese marco, un salario sumergido se define como un ingreso líquido mensual menor a 25.000 pesos por 40 horas semanales, lo que equivale a 27.650 pesos a fines de 2024.

“La idea del '25 mil pesismo', asociada a ese salario sumergido, es casi una marca registrada. Para no perderla, mantenemos ese valor fijado a noviembre de 2022 en términos de poder de compra. Hoy no hablamos de 25.000 pesos, sino de 27.650, pero para que sea comparable con los informes anteriores miramos el poder de compra de esos 25.000 pesos en 2022. También cuando comparamos con 2019, lo que hacemos es llevarlo al poder de compra de ese año. Estrictamente hoy estaríamos hablando de 27.650 pesos a noviembre de 2024, pero lo que se mantiene constante es el poder de compra”, remarcó.

En tal sentido, dijo que 2024, unos 503.000 ocupados -30% del total- percibieron ingresos sumergidos. De ellos, 153.000 ganaron menos de 15.000 pesos, 350.000 entre 15.000 y 25.000 pesos, 358.000 entre 25.000 y 35.000, 339.000 entre 35.000 y 50.000, y 445.000 más de 50.000 pesos líquidos mensuales.

Picco señaló que hay algunas conclusiones que se mantienen, como por ejemplo, que “el país creció, pero también lo hizo la desigualdad”.

“Cuando comparamos 2019 -previo a la pandemia y último año de la administración del Frente Amplio- con 2024, vemos que la economía es 6,5% más rica. El salario real promedio es algo más de 2% más alto. Sin embargo, el nivel de pobreza aumentó, la desigualdad aumentó y el porcentaje de trabajadores con ingresos sumergidos también aumentó. Esto se vincula directamente con esos indicadores sociales”, dijo la economista del Instituto Cuesta Duarte.

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Alejandra Picco
Agregó que ese crecimiento de 2,5% del salario real es un promedio que no llegó a todos por igual. “Los salarios más bajos sufrieron más la caída, tuvieron una recuperación más lenta y, además, muchos de los nuevos puestos de trabajo son de salarios bajos. Esto ayuda a explicar que hoy haya más trabajadores con ingresos sumergidos que en 2019 y por qué, en una economía más rica y con salarios más altos en promedio, tenemos más personas pobres y más desigualdad. Son dos caras de la misma moneda”.

El informe también realiza un análisis sectorial, insumo clave para la negociación colectiva. Cuatro sectores se destacan por su alta incidencia de salarios sumergidos: “El rural (45%), el servicio doméstico (42%), restaurantes y hoteles (39%) y el comercio (39%)”.

Unas 12.000 trabajadoras del servicio doméstico perciben ingresos por debajo de los 15.000 pesos líquidos mensuales, a la vez en el comercio, unos 9.000 asalariados se encuentran en esta situación. Al contemplar la franja que se encuentra entre 15.000 y 25.000 pesos, hay unas 27.000 trabajadoras del servicio doméstico y unos 66.000 del sector de comercio, se detalla en el informe.

“Son sectores muy grandes en cantidad de trabajadores. Gastronomía corre un poco de atrás en incidencia, pero los demás son enormes. Y al tener casi un 40% de trabajadores con salarios bajos, pesan mucho en el total. Esto debería ser un insumo para los Consejos de Salarios y para la política salarial”, advirtió. 

Los colectivos más afectados siguen siendo los mismos, “jóvenes, mujeres, trabajadores del interior y de localidades pequeñas”. Además, un número significativo de ocupados que viven en hogares pobres perciben salarios sumergidos.

“No es una novedad, pero muestra que la política salarial también es un instrumento para mejorar los índices de pobreza, incluso la infantil. Generalmente se piensa en transferencias, que son una vía inmediata, pero si hay un alto porcentaje de personas pobres que están ocupadas, mejorar su inserción laboral, su registro en seguridad social y sus ingresos es fundamental para disminuir la pobreza”, expresó.

En cuanto a las diferencias de género, el 32% de las mujeres ocupadas gana menos de 25.000 pesos, frente al 29% de los hombres. Entre los asalariados, la brecha se mantiene “26% de mujeres y 24% de hombres tienen ingresos sumergidos”.

“La franja 1 de ajustes para el sector privado, que va hasta 38.950 pesos nominales por 48 horas, parece muy lejos de los 25.000, pero no lo es. Nuestro análisis es para 27.650 líquidos por 40 horas. Si juntamos todo, hablamos de niveles parecidos. Y si a esa franja se le plantean aumentos reales del 4%, esos trabajadores van a demorar al menos una década en dejar de ser sumergidos. Esto es un llamado de atención sobre la necesidad de una política salarial que enfoque en el aumento del salario mínimo nacional y de las categorías más bajas, acompañado de medidas para los sectores que tengan dificultades en pagarlos”, indicó la economista.

(*) fuente PIT CNT