El pasado miércoles 30 de julio, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el apoyo de UNICEF, presentaron la publicación “Compendio normativo y jurisprudencial sobre el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual” de la Dra. Lucía Fernández Ramírez.

Dicha publicación contó con la Coordinación General de la Dra. Adriana Sampayo, directora de la Unidad de Litigación Estratégica de la FGN; Mag. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la FGN y de la Unidad Especializada en Género de la FGN y la Dra. Valeria Ramos, oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Desafíos ante el desarrollo tecnológico

 En un contexto cada vez más atravesado por lo digital, un nuevo informe presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) junto a la Fiscalía General de la Nación arroja luz sobre cómo el sistema de justicia penal uruguayo enfrenta las complejas dinámicas de la explotación sexual infantil, particularmente aquellas facilitadas por entornos virtuales.

La investigación se centra en los avances, aprendizajes y buenas prácticas del sistema acusatorio vigente desde 2017, en relación al acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación y trata con fines sexuales. Uno de los ejes centrales del informe es cómo las redes sociales y las tecnologías han modificado profundamente las formas en que se cometen estos delitos, difuminando los límites entre lo físico y lo virtual.

Según el documento, el sistema penal enfrenta una “brecha crítica” entre el acelerado desarrollo tecnológico, la escasa producción académica y la necesidad de contar con herramientas adecuadas para prevenir y abordar la violencia sexual. La declaración de las víctimas y el tratamiento de la evidencia se presentan como aspectos clave que deben ser revisados y fortalecidos.

Además de ofrecer una lectura jurídica, el informe plantea una mirada interdisciplinaria que convoca otras voces —como las de trabajadores sociales y educadores— que acompañan diariamente las trayectorias de infancia vulnerables. El texto también advierte sobre problemas estructurales como la corrupción institucional, los estereotipos de género y clase, y los sesgos en la instrucción de las investigaciones.

Lejos de presentar una solución definitiva, el informe se posiciona como una invitación a generar diálogos e impulsar políticas públicas integrales. Tal como se señala en sus conclusiones, “este trabajo es solo un eslabón dentro del complejo entramado que constituye la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes”.

La investigación recurre al análisis de sentencias judiciales como método y propone repensar las racionalidades detrás del abordaje penal, apelando a enfoques de género, generación e interseccionalidad. En un país hiperconectado, donde lo digital y lo físico coexisten fluidamente, la justicia penal enfrenta el desafío urgente de adaptarse a una realidad que no deja de transformarse.