La bancada del Frente Amplio recibió a la ministra Sandra Lazo, respaldó su accionar con respecto a las sanciones a altos oficiales de la Armada Nacional, ante la contradicción en la información que le brindaron al alto mando superior y aguarda más información para establecer las acciones legislativas correspondientes.

Este lunes, la bancada del Frente Amplio recibió a las autoridades del Ministerio de Defensa para analizar las recientes sanciones a cuatro oficiales de la Armada Nacional a raíz de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas en el anterior período de gobierno.

Según explicó la senadora Bettiana Díaz a la salida de la reunión, el Frente Amplio ya había expresado su preocupación "por los vicios de irregularidad" que se habían detectado en 2021 cuando se anunció la compra, teniendo en cuenta que se trataba de un proceso que implicaba "una inversión de fondos públicos muy alta". Asimismo, de acuerdo con la legisladora, en su momento, el proceso de adjudicación recibió cuestionamientos de astilleros y empresas internacionales.

Díaz también criticó el accionar de los exministros de Defensa, Javier García, y Armando Castaingdebat, por aceptar como válidas "algunas garantías y avales un poco cuestionables" y contó que las actuales autoridades de la cartera, lideradas por Sandra Lazo, les informaron que están recabando toda la información para saber en qué nivel de cumplimiento está el contrato, ya que hasta el momento “es un gran misterio”, sentenció.

La legisladora adelantó que desde la bancada del Frente Amplio realizarán un "seguimiento estricto" de las acciones futuras. "Obviamente que se encienden muchas alertas, ya que además hay un cronograma comprometido de pagos. La bancada del Frente Amplio tiene muchos caminos para determinar responsabilidades y para ver cuáles son las consecuencias políticas que tiene esto. Estar al frente de lo público tiene consecuencias", afirmó.

La senadora remarcó que el proceso de compra presentó irregularidades en diferentes etapas, desde las negociaciones iniciales hasta la ejecución de los pagos, y advirtió que “las decisiones políticas tomadas entre 2021 y febrero de 2025” deberán ser revisadas con profundidad.

Por su parte, la ministra Sandra Lazo informó que la investigación sobre estos hechos "recién empieza".

Lazo explicó que las sanciones aplicadas a los militares fueron de "carácter estrictamente disciplinario", debido a la omisión y ocultamiento de información a sus superiores. "Entendemos que hubo faltas disciplinarias a la hora de entregar la información ya que consideramos que no se estaba diciendo la verdad, y eso afecta a la disciplina y a la estructura jerárquica de la institución", sostuvo.

La ministra informó que se creó un grupo de trabajo compuesto por especialistas jurídicos, técnicos y políticos para relevar toda la información existente en torno al expediente de adquisición de las patrullas oceánicas y al contrato correspondiente. "Estamos esperando el informe completo, que estará disponible en las próximas horas. Una vez que contemos con toda la información, el siguiente paso será abrir una investigación administrativa desde el ministerio", indicó.

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