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FOTOCOPIAS PARA ESTUDIANTES
“En días pasados la comunidad estudiantil de todo el país se ha visto conmovida por un hecho de índole policial en la que se ven involucrados por añadidura.
Me estoy refiriendo a que un juez dispuso el procesamiento sin prisión de 14 personas imputadas por el delito de reproducción ilícita de libros, comprendida en el artículo 46 de la Ley de Derecho de Autor, - ley y medidas - que no cuestiono en absoluto.
El material incautado (más de 200 ejemplares de libros copiados) fue donado a diferentes facultades de la Universidad de la República para que lo utilicen los estudiantes.
Crimen Organizado tiene competencia sobre los delitos de propiedad intelectual y por eso la denuncia presentada en 2011 por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) fue radicada en ese Juzgado.
En la denuncia la Fundación de Cultura Universitaria aportó pruebas sobre que los libros que ellos mismos donan a la biblioteca de la Facultad de Derecho, son llevados por estudiantes a las fotocopiadoras, y allí los escanean y luego los venden a un precio mucho menor. A modo de ejemplo un libro de 984 páginas como el Anuario de Derecho Civil que la FCU vende a $2.300 puede adquirirse por $ 369, si se tiene en cuenta que cobran $ 0,75 por cada hoja.
La ley original que es la Nº 9739 del 17 de diciembre de 1937 más conocida como la ley Haedo, pues fue quien impulsó y logró este importante avance en defensa de los Derechos de Autor fue modificada luego por la Nº 17616 del 10 de enero del 2003, y por último, por la Nº 17805 del 26 de agosto del 2004.
Es justamente por la violación del Art Nº 46 literal A de la ley 17616 que se desata este problema pues en él se establece lo siguiente: “El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
Por lo tanto soy consciente que se ha violado una norma de nuestro sistema jurídico pero, también consciente de que la ley debe ser actualizada nuevamente, pues por un lado tenemos los autores que sin ellos no puede existir la literatura que el estudiante necesita, pero también es cierto que los estudiantes necesitan acceder en forma sencilla, eficaz y sobre todo a precios módicos a las fuentes del conocimiento, en este caso el material bibliográfico.
Para el estudiantado que, año a año, emigra hacia la capital de la República y otros centros de estudios que no están situados en sus ciudades natales y para sus familias es un costo enorme pues todos como es sabido no tienen el poder adquisitivo correspondiente como para comprar las obras originales. Es un deber que tiene el gobierno de solucionar esta problemática que tiene jaqueada a la juventud estudiantil del Uruguay.
Es ineludible el reclamo de la resolución de este tema en favor de los jóvenes que a través del estudio, de su formación serán hombres y mujeres de bien y sostendrán nuestra nación dignificándola. Es de orden, - y a nosotros nos cabe la responsabilidad como un sector de la estructura de gobierno-, proponer y exigir, al gobierno nacional, que se brinde, proteja y sobre todo, se fomente el estudio de nuestros muchachos proporcionándoles, también, el material bibliográfico subsidiado en busca de una mejora en la calidad de su preparación y posterior egreso.
Si como Estado, podemos subsidiar bebidas alcohólicas como la cerveza por U$S 13.500.000 anuales o se propone plantar y vender a precio subsidiado también la marihuana para combatir y sacarle el mercado al narcotráfico, ¿por qué no intervenir en este tema hallando una respuesta que permita respetar la Ley y promueva la formación, subsidiando los textos de estudio?
Concretamente, el Gobierno podría comprar los Derechos de Autor para que los jóvenes accedan al material a través del sistema de fotocopiado.
Si el Gobierno nacional no estuviera dispuesto a comprar los Derechos de Autor, propongo la formación de una mesa de trabajo, en la cual participen el gobierno, egresados universitarios, FCU, Cámara del Libro, Comisión de Cultura del Parlamento, en la cual evalúen la posibilidad de pedir a los autores de bibliografía que hoy se usa en las distintas facultades - y que sean egresados de la Universidad de la República-, cedan los derechos de autor en favor de la Universidad que los formó y en pro de los estudiantes. Esto sería por parte de los autores un gesto de retribución a la institución que les dio el conocimiento y el título de profesional, a través de una educación que es gratuita pero no SIN COSTO.
Aliento desde este lugar a los tres diputados por el departamento de Soriano a que trabajen en forma acelerada en el tema sin perder de vista todas las partes, pero teniendo en cuenta que el tiempo que se acerca es de estudio para parciales y exámenes y no podemos hacer esperar a nuestros muchachos por una solución favorable a sus necesidades. Que mis palabras señora Presidente sean enviadas a los mismos. Al Congreso Nacional de Ediles, a las restantes Juntas Departamentales y se radique expediente en la comisión que usted estime”.
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.
FOTOCOPIAS PARA ESTUDIANTES
“En días pasados la comunidad estudiantil de todo el país se ha visto conmovida por un hecho de índole policial en la que se ven involucrados por añadidura.
Me estoy refiriendo a que un juez dispuso el procesamiento sin prisión de 14 personas imputadas por el delito de reproducción ilícita de libros, comprendida en el artículo 46 de la Ley de Derecho de Autor, - ley y medidas - que no cuestiono en absoluto.
El material incautado (más de 200 ejemplares de libros copiados) fue donado a diferentes facultades de la Universidad de la República para que lo utilicen los estudiantes.
Crimen Organizado tiene competencia sobre los delitos de propiedad intelectual y por eso la denuncia presentada en 2011 por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) fue radicada en ese Juzgado.
En la denuncia la Fundación de Cultura Universitaria aportó pruebas sobre que los libros que ellos mismos donan a la biblioteca de la Facultad de Derecho, son llevados por estudiantes a las fotocopiadoras, y allí los escanean y luego los venden a un precio mucho menor. A modo de ejemplo un libro de 984 páginas como el Anuario de Derecho Civil que la FCU vende a $2.300 puede adquirirse por $ 369, si se tiene en cuenta que cobran $ 0,75 por cada hoja.
La ley original que es la Nº 9739 del 17 de diciembre de 1937 más conocida como la ley Haedo, pues fue quien impulsó y logró este importante avance en defensa de los Derechos de Autor fue modificada luego por la Nº 17616 del 10 de enero del 2003, y por último, por la Nº 17805 del 26 de agosto del 2004.
Es justamente por la violación del Art Nº 46 literal A de la ley 17616 que se desata este problema pues en él se establece lo siguiente: “El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
Por lo tanto soy consciente que se ha violado una norma de nuestro sistema jurídico pero, también consciente de que la ley debe ser actualizada nuevamente, pues por un lado tenemos los autores que sin ellos no puede existir la literatura que el estudiante necesita, pero también es cierto que los estudiantes necesitan acceder en forma sencilla, eficaz y sobre todo a precios módicos a las fuentes del conocimiento, en este caso el material bibliográfico.
Para el estudiantado que, año a año, emigra hacia la capital de la República y otros centros de estudios que no están situados en sus ciudades natales y para sus familias es un costo enorme pues todos como es sabido no tienen el poder adquisitivo correspondiente como para comprar las obras originales. Es un deber que tiene el gobierno de solucionar esta problemática que tiene jaqueada a la juventud estudiantil del Uruguay.
Es ineludible el reclamo de la resolución de este tema en favor de los jóvenes que a través del estudio, de su formación serán hombres y mujeres de bien y sostendrán nuestra nación dignificándola. Es de orden, - y a nosotros nos cabe la responsabilidad como un sector de la estructura de gobierno-, proponer y exigir, al gobierno nacional, que se brinde, proteja y sobre todo, se fomente el estudio de nuestros muchachos proporcionándoles, también, el material bibliográfico subsidiado en busca de una mejora en la calidad de su preparación y posterior egreso.
Si como Estado, podemos subsidiar bebidas alcohólicas como la cerveza por U$S 13.500.000 anuales o se propone plantar y vender a precio subsidiado también la marihuana para combatir y sacarle el mercado al narcotráfico, ¿por qué no intervenir en este tema hallando una respuesta que permita respetar la Ley y promueva la formación, subsidiando los textos de estudio?
Concretamente, el Gobierno podría comprar los Derechos de Autor para que los jóvenes accedan al material a través del sistema de fotocopiado.
Si el Gobierno nacional no estuviera dispuesto a comprar los Derechos de Autor, propongo la formación de una mesa de trabajo, en la cual participen el gobierno, egresados universitarios, FCU, Cámara del Libro, Comisión de Cultura del Parlamento, en la cual evalúen la posibilidad de pedir a los autores de bibliografía que hoy se usa en las distintas facultades - y que sean egresados de la Universidad de la República-, cedan los derechos de autor en favor de la Universidad que los formó y en pro de los estudiantes. Esto sería por parte de los autores un gesto de retribución a la institución que les dio el conocimiento y el título de profesional, a través de una educación que es gratuita pero no SIN COSTO.
Aliento desde este lugar a los tres diputados por el departamento de Soriano a que trabajen en forma acelerada en el tema sin perder de vista todas las partes, pero teniendo en cuenta que el tiempo que se acerca es de estudio para parciales y exámenes y no podemos hacer esperar a nuestros muchachos por una solución favorable a sus necesidades. Que mis palabras señora Presidente sean enviadas a los mismos. Al Congreso Nacional de Ediles, a las restantes Juntas Departamentales y se radique expediente en la comisión que usted estime”.
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