Hace unas semanas, la Mesa Política frentista rechazó con dureza la propuesta de habilitar allanamientos nocturnos, calificándola de “demagógica” y “carente de sustento empírico”. Afirman que la medida “no es el mejor camino” para resolver la problemática de seguridad y cuestionan la iniciativa del gobierno, diciendo que “supone una desprotección de los hogares sin una propuesta explícita de regulación”. Sin embargo, un informe técnico elaborado por la Comisión de Seguridad del Frente Amplio, el cual fue utilizado por la Mesa Política como insumo para su postura, contradice esta tajante declaración.

En el documento, se analiza la propuesta de allanamientos nocturnos a la luz del artículo 11 de la Constitución, que define al hogar como “sagrado e inviolable”, y se concluye que, aunque la reforma plantea regular el derecho a la intimidad, esto “no vulnera, en principio, las obligaciones en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos asumidas por nuestro país”. Incluso, el informe aclara que los derechos humanos pueden ser limitados o regulados en aras del interés general, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y doctrinarios.

Además, el equipo técnico señala que más de 200 países en el mundo ya tienen habilitados los allanamientos nocturnos en los hogares, utilizándolos de manera “dosificada y específica”. Estos procedimientos, según el informe, están “debidamente reuglados y son autorizados por un juez a solicitud de un fiscal”. Por tanto, los técnicos del FA reconocen que la herramienta puede usarse puntualmente en la lucha contra delitos específicos, para evitar la destrucción de evidencia y proteger la integridad física de las personas. De hecho, proponen que, en caso de aprobarse la reforma, se reglamente detalladamente, incluyendo la supervisión directa del fiscal y el registro audiovisual de las actuaciones. ¿Dónde queda entonces el argumento de la “desprotección de los hogares”?

Estas recomendaciones técnicas, que llaman a un debate informado sobre cómo aplicar los allanamientos nocturnos, contrastan con el tono alarmista y las declaraciones simplistas emitidas por la Mesa Política. En el informe se contempla incluso discutir la pertinencia de habilitar allanamientos nocturnos para delitos como la explotación sexual de menores, tráfico de personas y secuestros. Aun así, en público, la dirigencia frenteamplista prefiere calificar la propuesta como una mera “exageración del gobierno”.

¿Por qué esta diferencia de tono y contenido entre el informe técnico y la declaración oficial? La respuesta parece ser clara: la Mesa Política elige una postura radicalmente opuesta para sostener su crítica al gobierno. Prefieren utilizar expresiones como “propuesta demagógica” y desestimar el debate, ignorando que sus propios expertos proponen discutir los requisitos judiciales y policiales para implementar esta herramienta.

El Frente Amplio vuelve a demostrar que su verdadera prioridad no es la seguridad de los ciudadanos ni el respeto a los derechos humanos, sino su propia agenda electoral