El edil doloreño, Pablo Almada durante su intervención en los asuntos previos de la sesión del Legislativo sorianense, comenzó señalando "hoy tengo más preguntas que respuestas y es ineludible no tratar lo que está sucediendo en la Intendencia, sobre el tema de robos de materiales y combustible. 
Como corresponde, más temprano escuché al Sr. Intendente y fiel a mi accionar, debo seguir el procedimiento que considero coherente, o sea escuchar, preguntar, discrepar y actuar en esta casa, la Junta Departamental. 
De nuestra parte no vamos a validar acusaciones a la autoridad sin pruebas, pero que el ciudadano se quede tranquilo que vamos a ser muy insistentes, apegarnos a la ley y reglamento que determinan nuestro trabajo como edil. 
Nadie está exento ni gobierna la voluntad de las personas que cometen delitos (sean de confianza o no), pero en la administración pública hay jerarquías, hay cadenas de mando y obviamente responsabilidades directas. 
Hoy la Intendencia está fallando y vaya saber desde cuando está sucediendo. Prueba de ello es que si no fuera por una investigación de la Justicia, que no tiene nada que ver con este tema, aquí nadie se enteraba de nada y los delitos seguían corriendo. 
A la fecha y en función de lo que ha determinado la Justicia, se cae de maduro que los controles fallan (o son inexistentes), y que no hay doble control. 
Es difícil creer que con los sistemas digitales, la cantidad de coordinadores de coordinadores y toda la parafernalia que dispone la Intendencia las cosas se escapen. 
El Intendente nos dice que falla el factor humano y yo pregunto… ¿quién controla al que controla?, ¿a quién estamos dando la salvaguarda de los recursos de la públicos? 
Esto es grave solo por el hecho que la autoridad no sabe ni donde está parada. 
Aquí no alcanza con decir que se van a rever los procesos, acá hay que saber realmente lo que está pasando y que no se ha tenido conocimiento. La Justicia lleva su curso, que es independiente y no debemos interferir. Pero la misma aclaró que no va a actuar sobre nada que no esté vinculado o se derive del caso de Adeoms. 
Aquí en este recinto, una edil muy fervorosamente hacía alusión al artículo 35 inciso tercero de la ley 9515, remarcando que el Intendente es quien nombra a sus empleados, pero le recuerdo que también es el Intendente quien debe actuar cuando se sospechan o cometen actos delictivos, investigando y pidiendo la desvinculación a esta Junta, y por robo aquí no ha llegado nada. 
Incluso si se dieran situaciones donde el empleado municipal confiese, pidiera perdón y renuncie, la autoridad está obligada a dar pase a la Justicia. 
No se puede permutar un pedido de disculpas por un delito comprobado. ¿Qué mensaje se le está dando a los funcionarios municipales decentes? Si los controles fallan o no existen, si los recursos humados fallan, si el que controla no controla o está involucrado, y el Ejecutivo ni se entera… si quien debe conducir una administración no puede confiar en el recurso humano y posee un sistema elocuentemente fallido, para nosotros no queda otra que se realice una auditoría externa.
A su vez esta Junta tiene la potestad de crear una comisión investigadora, pero si aquí no se es capaz de apoyar a un compañero para darle apoyo del Cuerpo para solicitar repuesta a ciertos pedidos de información en tiempo y forma, imagínense de generar quórum para una comisión para tal fin.
Tengo más preguntas que respuestas Sr. Presidente…
¿Cuántas denuncias y por qué motivo ha hecho la intendencia en la Justicia en este período?
¿Cuántos funcionarios que renunciaron aceptando delitos se les incluyó en su legajo la causa?
¿Cuántas investigaciones o sumarios se han realizado?
¿Qué responsabilidad y qué medidas de resguardo se van a tomar con los mandos medios de las áreas en las que se detectaron delitos?
Le dejo todo esto sobre la mesa y le solicito que le envíe a la brevedad posible al Ejecutivo Departamental.
Nada más por ahora Sr. Presidente, muchas gracias".