En la tarde de este lunes, en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Mercedes a cargo de su titular la Jueza Dra. Ximena Menchaca, con la asistencia de la receptora Natalia Turuani, se llevó a cabo audiencia solicitada por la Fiscalía Departamental de Mercedes de 2º Turno a cargo de la titular Dra. Stella Alciaturi (foto), estando en sala los abogados de particular confianza Dr. Javier Paz (por el indagado Walter Torres), Dr. Nelson Rosa (por el indagado Alcides Rivero), Dra. Andrea Gutiérrez integrante del equipo de la Defensoría Pública (por los indagados Marcos Bacciarini y Amadeo Castro), en el marco de las investigaciones relacionadas por las irregularidades detectadas a partir de la icautación de teléfonos celulares de dirigentes de ADEOMS Martín Herling y José Luis Pica, Presidente y Tesorero, en especial este último que durante el día y algo que estuvo detenido antes de ser imputado por diferentes delitos, se le encontraron evidencias de la venta de combustibles, lubricantes y otras mercaderías de la comuna, por lo que se le imputó el delito de peculado.
A partir de allí se comenzó una investigación paralela, que ya lleva hasta el viernes cinco funcionarios imputados por peculado, cuatro de ellos choferes y uno integrante de una cuadrilla, todos ellos de la División Obras de la Intendncia de Soriano, más dos particulares compradores de granza que fueron condenados.  
Este lunes y también en el marco de la investigación de carácter reservada a solicitud de la Fiscalía y decretada así por la Jueza Dra. Menchaca, se procedió a formalizar la investigación en el caso de Alcides Rivero quien se desempeñaba como capataz general de la Intendencia de Soriano en la División Obras, es decir ocupaba el tercer lugar en la línea de mando detrás del Director Pedro Nocetti y el Subdirector Alberto Goudefin.
Alcides Rivero, que el viernes había sido imputado uno de sus hijos que trabajaba en una de las cuadrillas de Obras, fue imputado este lunes por el delito de peculado y dos delitos de cohecho (coima), es decir que además estar vinculado a la venta de materiales como granza, piedras, etc, y combustibles, se le imputaron dos delitos relacionados con haberle cobrado a dos camioneros privados para darle trabajo con los camiones particulares en Obras.
Cabe señalar que estas son imputaciones, que de no aceptarse los hechos oportunamente a través de la continuidad de la investigación esto finalizará en juicio oral y público.
Al concluir la audiencia la Fiscal Dra. Stella Alciaturi informó a @gesor que este lunes "se formalizó a otro funcionario de la Intendencia, el capataz general de Obras, y tres particulares que adquirían bienes de los que se apropiaban los funcionarios de la Intendencia.
Al funcionario (Alcides Rivero) se le imputó un delito de peculado y reiterados delitos de cohecho calificado y a los particulares un delito de receptación.
En el caso del funcionario, como la investigación continúa, no cerramos, pedimos una medida cautelar de seis meses de arresto domiciliario total monitoreado con sistema de geolocalización y con respecto a los particulares (Marcos Bacciarini, Walter Torres y Amadeo Castro) se hizo juicio abreviado con una condena de seis meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba, los tres iguales por un delito de receptación".
La Dra. Alciaturi confirmó "hay más personas para ser citadas" y al ser consultada si hay previsiones de continuar hacia arriba en la cadena de mando, la Fiscal señaló "estamos investigando, hay que ver si era posible realizar todas estas maniobras sin conocimiento de nadie, estamos investigando".
Aclaró que en su caso "no estoy de turno y estuve trabajando todo el fin de semana, el problema es el turno del Juzgado que como son dos Juzgados, si trabajo con los dos turnos, a continuación no tengo ningún juez para que intervenga en el juicio oral y tienen que eventualmente intervenir jueces de otras materias o de otro departamento.
Lo que no es urgente tratamos de evitarlo, cuando hay detenidos no podemos, cuando podemos manejar los tiempos evitamos eso, para que uno de los jueces sea de garantía y el otro de juicio".

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LA INFORMACION POLICIAL: De acuerdo a la investigación que viene llevando a cabo el Área de Investigaciones de Zona 1 desde el mes de mayo del año 2021, la cual se encuentra a cargo de la Sra. Fiscal Letrada de Mercedes de Segundo turno Dra. Alciaturi que involucra diferentes maniobras de presunta acción delictiva que incluye el incendio de la sede del sindicato ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales) cuando éste funcionaba en la sede del teatro 28 de Febrero, ubicado en la esquina de Wilson Ferreira Aldunate y Veintiocho de Febrero, donde fueron formalizadas tres personas en el mes de mayo del año 2024 siendo el presidente de dicho sindicato, el tesorero y un hombre que se dedicaba al negocio de alquileres de vehículos.
De acuerdo a dichas formalizaciones, la policía pudo profundizar en la investigación, encontrando que en la pericia de uno de los celulares de los ya formalizados surge una comunicación con otras personas, al menos tres de las cuales son otros funcionarios municipales, donde el mismo se apropiaba de combustibles, lubricantes y otros productos pertenecientes a la Intendencia Municipal de Soriano (I.M.S), los que posteriormente comercializaban en su provecho.
Es de destacar que del referido análisis se deben abarcar aproximadamente tres años de comunicaciones, y a la fecha sólo se ha podido analizar una ínfima porción de los mismos.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto la justicia libró la orden de detención de tres hombres de 39, 43 y 48 años la cual fue efectivizada, y tras ser culminada audiencia en sede del Juzgado Letrado de Primera Instancia de la ciudad de Mercedes de Primer turno se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto de M.A.B.B de 39 años, A.U.C.R de 48 años y de W.R.T.S de 43 años como “autores penalmente responsables de un delito de receptación” a cumplir la pena de 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. 
Y respecto a A.R.R.S de 61 años (el cual anteriormente había sido emplazado) se dispuso, la formalización y medida cautelar de arresto domiciliario total con colocación de dispositivo de geolocalización por “la presunta comisión de delito de peculado en reiteración real con reiterados delitos de cohechos calificados” por el plazo de 180 días.