Los dos organismos se oponen y no aceptan los informes técnicos, ni que declaren en relación al Proyecto Neptuno-Arazatí destacados científicos nacionales.

El prceso de licitación del mencionado proyecto está siendo tratado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a instancias del recurso de revocación y anulación presentado por Redes-Amigos de la Tierra.

Desde el MOVUS apoyamos ese justo recurso y no podemos menos que repudiar la actitud de estos organismos, en especial atendiendo al motivo esgrimido para negar la participación de los científicos porque no serían “imparciales”. En los hechos la negativa implica que cualquier técnico o académico que alerte sobre un impacto ambiental no podría después deponer ante un tribunal por ese tema.

Conceptualmente, recibir testimonios y evaluar su condición, aceptarlos o no, está dentro de las funciones del Tribunal. Las partes pueden presentar sus peritos, y pueden objetar a partir de lo que los testigos de la otra parte digan. Lo que hacen el Ministerio y OSE es reclamar la parcialidad del Tribunal y que prejuzgue antes de escuchar a los testigos.

Al tiempo que el Ministerio de Ambiente y el Directorio de OSE rechazan estos testigos, los técnicos relacionados con la adjudicataria de la licitación son los mismos que antes dirigieron Aguas de la Costa SA que en 1993 obtuvo, con la firma del actual Gerente general de la OSE, el Ingeniero Arturo Castagnino, el contrato de concesión privada del servicio de saneamiento y agua potable en Maldonado.

El Ministerio de Ambiente y la OSE avalan implícitamente la “imparcialidad” de esos técnicos y aceptan como válidos sus análisis y resultados, que claramente son a favor de la realización del proyecto que defienden, en beneficio de los intereses privados.

Es inaceptable que la OSE se embarque en este proyecto sin haber realizado ningún estudio propio para el suministro alternativo de agua al sistema metropolitano y se abrace así de una iniciativa privada. OSE tampoco ha podido presentar ningún estudio económico ni financiero para justificar la reserva de fondos presupuestales por valor de más de 800 millones de dólares para el pago de una obra presupuestada en menos de 250 millones.

Quizá el rechazo a los científicos se relacione con las imprudentes declaraciones del Ministro Bouvier, antes de que su Ministerio recibiera documentación de las empresas proponentes/adjudicatarias del proyecto, en el sentido de que el gobierno ya tomó la decisión y que el proyecto “se hace o se hace”.

Desde el MOVUS entendemos que negar la participación de técnicos y científicos en este asunto sienta un precedente muy peligroso, es contraria a los mejores intereses del Uruguay y sólo sirve a intereses empresariales que OSE y el Ministerio de Ambiente parecen proteger y promover a favor de empresas que en las condiciones dadas en la licitación impugnada obtendrán un injustificable lucro, a partir de dineros públicos, por la construcción de una obra inconveniente, injustificada, insuficiente y extremadamente cara.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

18 de marzo de 2024