(escribe prof. Alejandro Carrreño T. ) Durante nueve días, desde el 21 de febrero pasado, la agenda noticiosa de Chile giró en torno del secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda Moreno, refugiado político opositor al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, vaca sagrada del Partido Comunista y del Frente Amplio chilenos. Vaca sagrada a la que, además, consideran líder de la democracia. La agenda deberá ahora modificar el nombre: de secuestro a asesinato. Sí, porque el viernes 1 de marzo, en la comuna de Maipú, al poniente de Santiago, se encontró el cuerpo del teniente al que el gobierno de Boric le había concedido el asilo político en noviembre del año pasado.

El cuerpo, según las autoridades, estaba dentro de una maleta que se encontraba enterrada a un metro y 40 centímetros de profundidad, cubierta por una estructura de cemento. Un asesinato que, de inmediato y convenientemente, se atribuye al crimen organizado, con la participación del Tren de Aragua, como dice el diario La Tercera del sábado 2 de marzo. Tesis que, desde un comienzo fue cuestionada, puesto que Ronald Ojeda no tenía ningún vínculo con el narcotráfico, tenía un trabajo estable y vivía legalmente en el país. Una tesis muy conveniente desde el punto de vista político, y que ampliamos en el párrafo siguiente.

Por cierto, el hallazgo tipo serie Netflix del cuerpo de Ojeda, es propio del modus operandi de los carteles internacionales conocidos en el mundo entero, lo que alivia las tensiones al interior de La Moneda, sede del gobierno de Chile. Las alivia, pero no las elimina. Primero, porque la tesis del crimen organizado, si bien fue una en las que se centró la investigación, recibió el nombre de “secuestro atípico” por la misma policía, puesto que “Ojeda no tiene vínculos con criminales”. Además, como señala El Mercurio del domingo 25 de febrero: “no se ha pedido rescate, ni se ha detectado alguna deuda de préstamos informal, por lo que el móvil político sigue latente”.

Segundo, porque la tesis del crimen organizado les cae bien a los gobiernos de Chile y Venezuela, considerando toda la problemática abierta con el tema del Acuerdo entre ambas policías, que dejó a las autoridades chilenas como mentirosas y contradictorias, sobre todo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien primero lo reconoció, para luego declarar que no “estaba activo”, porque el gobierno de Venezuela no lo había firmado. Pero el Acuerdo lleva su propia firma y la del viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Humberto Ramírez. El Acuerdo o Convenio fue firmado el 18 de enero pasado en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

Tercero, porque desde el mismo día del secuestro se le dio a la investigación el carácter de “secreta”. Secretismo en el que se escudaron las distintas autoridades para no entregar ninguna información a la ciudadanía con el propósito, como dijo Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, “de proteger a la víctima” y “no dar ventajas a los secuestradores”, cuando estos ya llevaban siete días de ventaja y el asesinato de Ronald ya había sido cometido. Todo como anillo al dedo para sustentar la tesis que inculpa al Tren de Aragua y sus facciones. Sin embargo, hasta antes de la aparición del cuerpo, pocos dudaban de que se tratase de un secuestro político.

Cuarto, porque, como se sabe, el crimen organizado funciona como una verdadera empresa que, como tal, necesita de recursos económicos para mantener operativa su gigantesca estructura alrededor del mundo. El sicarariato es, entre otros recursos, una generosa fuente de ingresos para las arcas de la organización criminal. Por lo tanto, y considerando que el asesinado teniente no tenía contactos ni con el crimen organizado ni con delincuentes de otra naturaleza, es perfectamente viable suponer que su muerte responde a un acto ejecutado por el crimen organizado u otra pandilla cualquiera, mandatado por terceros.

Quinto, estamos, en consecuencia, ante la consumación de dos delitos: el secuestro y el asesinato. Delitos que pudieron ser ejecutados por una misma organización o por organizaciones diferentes, pero conectadas por interese comunes: el lucro: político, por un lado y económico, de otro. O bien, ejecutados por una sola organización, pero mandatada por otra, manteniendo los mismos intereses. Por eso, como lo planteé en el tercer párrafo de esta columna, tesis que solo alivia las tensiones al interior de La Moneda, puesto que ahora la realidad del cuerpo encontrado exige nuevas respuestas que, sin duda, complican mucho más al gobierno de Gabriel Boric.

Todo este caso ha sido una verdadera nebulosa dibujada por La Moneda, repleta de declaraciones cantinflescas, omisiones, mentiras y contradicciones. Y para que a la torta no le falte la guinda, están las propias declaraciones de Diosdado Cabello, el segundo en el mando, en su programa de televisión “Con el mazo dando”: “Venezuela no tiene que ver con ese secuestro, nada. Arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra” (Emol.Nacional del jueves 29 de marzo). Enigmáticas las últimas palabras de Cabello: “Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra”.

¿Era Ronald Ojeda Moreno un mafioso? Claro que no. Fue un opositor acérrimo de la dictadura de Maduro. Además, ¿Por qué el gobierno chileno les daría protección a mafiosos? ¿Sabía Diosdado Cabello que la mafia se cobraría? Si es solo una fanfarronada coincidencia, es una fanfarronada coincidencia muy comprometedora.

Por último, recordar que la familia del asesinado militar exigió al gobierno de Chile, verificar que efectivamente el cuerpo encontrado en un campamento de haitianos en Maipú, es el del teniente Ronald.