El  9 y 10 pasado se realizó en Piriápolis el El  XXVII Congreso de la Onajpu,  tras el cual se emitió una declaración  que insiste en  “pensar y avanzar en la reformulación del sistema de seguridad social, sin AFAP, eliminando cualquier componente de lucro que nada tiene que ver con un derecho humano fundamental. En dicho dialogo, proponemos discutir y reformar la seguridad social, teniendo como eje uno de sus principios básicos; la redistribución de la riqueza”. Además entre otros  puntos  ONAJPU  reclama  “recuperar el poder de compra perdido, equiparando de esta forma lo propuesto para salarios. Un primer paso para ello es considerar como un aumento definitivo, consolidado en cada pasividad, el adelanto de 3% dispuesto, enfocado fundamentalmente en las pasividades mínimas. Además, demandamos retomar la política de ajustes diferenciales en las mismas, planteando un cronograma de aumentos que permita, al fin del actual período de gobierno, fijar su valor en 4 BPC".

DECLARACIÓN

El XXVII Congreso Nacional realizado, con la participación de 88 Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y la presencia de más de 190 delegados de todo el país, proclaman esta declaración final:

La misma expresa como en todos y cada uno de los congresos celebrados desde su fundación, una síntesis unitaria en la diversidad de opiniones, teniendo siempre como objetivo la defensa de los intereses de todos los jubilados y pensionistas de BPS. En este sentido, reafirmamos nuestro derecho como integrantes de la sociedad en que vivimos, a la seguridad económica, al acceso a la salud y a los cuidados, a la recreación y el esparcimiento. En definitiva, nuestro derecho a una vida digna conforme lo indica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.

Nuestra seguridad económica continúa amenazada. Durante el período 2004-2018 se produjo un inédito e ininterrumpido período de crecimiento de las pasividades por encima del costo de vida. Este proceso revalorizó nuestras jubilaciones y pensiones y tuvo incidencia directa en la mejora de la calidad de vida de miles y miles de jubilados. Los aumentos generales fueron acompañados de una política específica para las jubilaciones y pensiones mínimas, lo que les permitió triplicar su valor1. Sin embargo, este proceso comenzó a revertirse en los últimos tiempos. En 2020, 2021, y 2022, los aumentos de pasividades no alcanzaron a cubrir la suba en los precios de bienes y servicios, y en 2023 fue mínimo apenas un 1.53%.

Esto no hace otra cosa que erosionar el poder de compra de jubilaciones y pensiones, lesionando nuestro derecho al desarrollo a un envejecimiento digno. Por otra parte, en 2021, 2022, 2023 (y recientemente por decreto 294/2023 para el ejercicio 2024), se modificó la política de aumento a las pasividades mínimas, pasando a un esquema de “adelantos” de los ajustes generales previsto en el artículo 67 de la Constitución Nacional. Como resultado, el valor mínimo de las pasividades permanece congelado, medido en BPC, desde julio del 2020. Estos recortes y ahorros son los que le han permitido al gobierno contener el gasto y moderar el déficit fiscal, producto de una reducción del gasto público en remuneraciones, jubilaciones y pensiones. En un contexto económico que las autoridades de gobierno insisten en caracterizar como floreciente y prospera, exigimos dejar de ser variable de ajuste del sistema. En base a esto, reivindicamos recuperar el poder de compra perdido, equiparando de esta forma lo propuesto para salarios. Un primer paso para ello es considerar como un aumento definitivo, consolidado en cada pasividad, el adelanto de 3% dispuesto, enfocado fundamentalmente en las pasividades mínimas. Además, demandamos retomar la política de ajustes diferenciales en las mismas, planteando un cronograma de aumentos que permita, al fin del actual período de gobierno, fijar su valor en 4 BPC.

En cuanto al principio de seguridad sanitaria, es mucho lo que resta por hacer. En base al esfuerzo y la constancia de nuestra representación en el reclamo, hemos logrado reactivar el programa Operación Milagro, aunque sin la fluidez con que funcionaba hasta la llegada de la pandemia de COVID-19. Si bien reconocemos que durante el 2023 se retomaron acciones tendientes a volver a funcionar este programa, no lo fue con la profundidad y alcances que tenía previo a la pandemia. Por ello es necesario que las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas vuelvan a ser el corazón de las pesquisas oftalmológicas lideradas por la brigada de médicos cubanos, tanto para los usuarios de ASSE como del sistema privado.

Por otro lado, es necesario profundizar la gran herramienta que implicó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en 2007. No alcanza solo con la incorporación de nuestro colectivo, sino que hace falta una guía rectora que asegure el acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio. En este sentido, los jubilados y pensionistas enfrentamos barreras económicas para cubrir los costos de órdenes, estudios y medicamentos, al encontrarnos en dificultades para el real y efectivo acceso a la atención médica.

A la falta de respuestas en este sentido, se suma el retroceso que ha tenido el Sistema Nacional de Cuidados, donde los números son evidentes en marcar el menor número de beneficiarios, de cuidadores y de presupuesto ejecutado. Pero más allá de los números, la realidad muestra una lista de espera que se extiende, personas inscriptas que esperan las visitas para saber si acceden al beneficio y todo tipo de demoras y contratiempos para acceder a lo que la ley establece como un derecho de las personas en situación de dependencia severa. En este sentido, reclamamos la reactivación del Sistema Nacional de Cuidados, buscando asegurar la cobertura de las personas con derecho de acceso al beneficio y seguir buscando formas de expandir el universo de beneficiarios, tanto en la primera infancia como entre los adultos mayores. Asimismo, exigimos una respuesta a los planteos de larga data en cuanto a contemplar la realidad de jubilados y pensionistas de bajos ingresos a la hora de acceder a órdenes médicas, tickets de estudios y medicamentos.

También en otros aspectos hemos visto perder derechos a jubilados y pensionistas. Al histórico reclamo, aún vigente, de restitución del aguinaldo para jubilados y pensionistas, se pueden ir sumando otros más nuevos. Desde 2020 se decidió modificar los criterios de acceso al viejo Plan Ibirapitá, hoy llamado Programa Ibirapitá. La modificación en el nombre le hace justicia a los radicales cambios que tiene una política reciente pero de gran impacto para jubilados. Creado en 2015, este plan permitió cumplir en poco tiempo con uno de sus principales objetivos, y que era acortar la brecha digital de las personas adultas mayores con relación a las nuevas generaciones. Para muchas personas significó un descubrimiento, un hallazgo, el primer contacto con el nuevo mundo de la tecnología. De acuerdo a los nuevos criterios, los beneficiarios son solo los jubilados mayores de 65 años y pensionistas a la vejez, y con ingresos menores de 5 BPC ($ 28.300) cuando el viejo tope era de 8 BPC ($ 45.280). Tampoco se entregarán más tablets, sino teléfonos celulares inteligentes y se deja de lado a quienes ya recibieron una tablet, aunque esta haya dejado de funcionar o esté obsoleta. Si bien se incorporó recientemente a los pensionistas a la vejez, resulta insuficiente, ya que deja de lado por ejemplo injustamente a los pensionistas por invalidez mayores de 65 años así como los que perciben la asistencia a la vejez.

En cuanto a derechos humanos, La Declaración Universal proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, es un documento que marca un hito fundamental en la historia de los derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, igualdad, y a la seguridad social entre otros. En este sentido, reafirmamos un enfoque transversal para abordar todos los aspectos referidos a ellos, y fundamentalmente en el marco además de la ratificación de parte del estado uruguayo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Ley N° 19430.

Declaramos, que reafirmamos la supremacía del diálogo como forma de resolución de los conflictos y expresamos nuestra voluntad de eliminar la guerra de la vida de la humanidad.

Reafirmamos nuestro apoyo constante y firme para que el mantenimiento de la paz desempeñe un papel fundamental en la prevención, contención y resolución de los conflictos.

El establecimiento de una paz duradera en la tierra constituye la condición primordial para preservar la civilización humana y su existencia, reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sagrado de todos los Estados.

Vinculado a la vivienda, estamos finalizando el 2023 y a la fecha sigue sin haber comenzado a construirse ninguna de las 607 soluciones habitacionales previstas de acuerdo al plan quinquenal 2020-2024 elaborado por el Ministerio de Vivienda. En este sentido, exhortamos a las autoridades a que se dé cumplimiento a lo previsto, y planteamos además que no queremos volver a épocas pasadas en la que se construían viviendas frente a los cementerios y de muy mala calidad, como lo eran sin dudas los llamados NBE (Núcleos Básicos Evolutivos), tan nocivos y perjudiciales para la salud de sus habitantes.

Respecto a la reciente aprobada reforma del sistema de seguridad social ley N° 20130. Luego de participar del proceso de discusión llevado adelante en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), fuimos críticos tanto con los dos documentos elaborados por dicha comisión (diagnóstico y recomendaciones), así como también lo fuimos con la propuesta enviada por el poder ejecutivo al parlamento, y el texto final aprobado en mayo de este año. ONAJPU dio su opinión en el parlamento cada vez que fue convocado, siendo crítico con los aspectos más relevantes de la reforma planteada. Asimismo hemos denunciado el carácter acotado de la discusión, centrado únicamente en jubilaciones y pensiones, y no del sistema en su conjunto. También, que la discusión recaiga casi que exclusivamente en la sostenibilidad económica, en detrimento de la sostenibilidad social. Y más específicamente, que la sostenibilidad económica dependa solo de moderar los egresos del sistema, el mal llamado gasto en seguridad social, sin considerar en absoluto su contracara; los ingresos. También hemos criticado que se proponga una larga batería de medidas para modificar el sub sistema administrado por BPS, y muy pocas para corregir el amplio conjunto de privilegios de los que gozan entre otros, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la llamada Caja Militar. Fruto del trabajo de la CESS, han quedado contrastadas realidades que son inocultables, siendo una de ellas la disparidad entre los subsistemas, donde el más evidente es el referido a la Caja Militar con relación al administrado por el BPS.

Reafirmamos la necesidad de discutir las reformas necesarias y permanentes que requiere cualquier sistema de seguridad social. No somos ajenos a una realidad mundial; la población envejece, las pautas de natalidad se modifican, cambian los mercados de trabajo y las formas de vincularse laboralmente, la tecnología evoluciona ganando terreno en actividades que antes eran realizadas por seres humanos. Estos son solo algunos ejemplos de los varios motivos que deben impulsar las reformas, sin olvidar los principios fundamentales de la seguridad social como la tendencia a la universalidad de las prestaciones, la suficiencia de éstas y la sostenibilidad económica. En definitiva, cualquier reforma debe equilibrar dos conceptos: sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Centrarse en una sola puede ser motivo de problemas.

Es por ello que proponemos: un dialogo amplio y participativo integrado por el sistema político, los sectores representativos sociales, la Universidad y toda la academia, sin temas excluidos. Que discuta sobre la necesaria sostenibilidad económica, pero que contemple de forma irrenunciable a la sostenibilidad social. Proponemos pensar y avanzar en la reformulación del sistema de seguridad social, sin AFAP, eliminando cualquier componente de lucro que nada tiene que ver con un derecho humano fundamental. En dicho dialogo, proponemos discutir y reformar la seguridad social, teniendo como eje uno de sus principios básicos; la redistribución de la riqueza. Es imperativo analizar el sistema como un todo, lo que incluye analizar no solo los egresos sino también los ingresos y su composición. En definitiva, un sistema que asegure y avance en derechos y no basado solamente en recortes.

Convocamos a todos los jubilados y pensionistas del país a sumarse e integrarse a ONAJPU, y a todas las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del país, para seguir avanzando y profundizando los cambios del colectivo que representamos. Solo la participación activa, militante y unitaria en la diversidad de opiniones fortalece a ONAJPU. Nuestra organización constituye una gran y formidable herramienta de desarrollo, que se ha venido forjando desde sus inicios gracias a la visión y compromiso de sus fundadores que marcaron el camino. Continuar la huella que dejaron grandes dirigentes y personas, como don Luis Alberto Colotuzzo, nos permitirá sin dudas tener expectativas positivas, ciertas y concretas en cuanto al futuro de la calidad de vida de todos los adultos mayores.