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La Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción de inconstitucionalidad respecto a la muerte del médico Vladimir Roslik ocurrida en Fray Bentos en 1984. Ahora la Fiscalía Especializada en delitos de lesa humanidad tiene la instancia para pedir la formalización de los presuntos implicados.
La detención, tortura y muerte del médico Vladimir Roslik conmovió al país en el final de la dictadura uruguaya.
Vladimir Roslik, oriundo de San Javier (Departamento de Rio Negro), integraba esa comunidad de origen ruso. Ea médico, estaba casado y tenía un hijo de pocos meses.
El 29 de abril de 1980, un gran operativo desplegado por las Fuerzas Armadas en San Javier, secuestró y torturó a un grupo de hombres, entre los que estaba Vladimir. Fue liberado recién en julio de ese año, permaneciendo vigilado y amenazado,
La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado de su casa en un operativo contra varios miembros de esa comunidad. Esa madrugada él y otras seis personas fueron trasladadas y torturadas en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos.
Vladimir Roslik muere el 16 de abril a consecuencias de las torturas recibidas, fue el último asesinado de la dictadura.
El médico militar Eduardo Saiz firmó la autopsia y atribuyó la muerte "a causas naturales", la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico expulsaron a Saiz de sus filas.
El país se encontraba en pleno proceso de convocatoria a elecciones tuteladas en el camino a recobrar su institucionalidad democrática. El impacto de la noticia obligó a que la Justicia Militar interviniera y condenara al responsable del operativo, el mayor Sergio Caubarrere por abuso de autoridad y homicidio culpable. El represor cumplió una prisión por ese crimen, de solo cuatro meses y 18 días.
Recién en 2014 se solicitó a la justicia el desarchivo del caso pero eso fue negado. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno la rechazó fundamentando que había “cosa juzgada” respecto del militar imputado. En 2019, la recién creada la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, solicitó nuevamente el desarchivo del caso a pedido de la familia, y fue nuevamente negado.
El 29 de julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y dispuso el archivo definitivo del caso.
El 17 de agosto de 2023 la Suprema Corte de Justica desestimó “la excepción de inconstitucionalidad” por lo que Fiscalía solicitó la formalización de los implicados. El Dr. Ricardo Perciballe, a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad pidió la formalización para los militares: Oscar Mario Rocca Baraldi, Abel Edison Pérez Cirilo, Roberto Ramírez Ascarate, Dardo Ivo Morales Machado, Sergio Héctor Caubarrere Barrón, Jorge Ricardo Soloviy Feris, Eduardo Saiz Pedrini, Daniel Edgardo Castellá Lorenzo, Heber Luis Calvetti Santos, Luis Pedro Estebenet Stasiak, Rodolfo Gustavo Costas Bentancour, Alberto Juan Loitey Oyharzabal.
Cabe puntualizar que Alberto Juan Loitey Oyharzabal ya falleció. Residía en la ciudad de Dolores e integró una de las listas que presentó Cabildo Abierto en las pasadas elecciones.
En nota aparte el Fiscal Ricardo Perciballe brindó a @gesor algunos detalles de este caso.
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