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09 de April del 2023 a las 12:11 -
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En 2022 se experimentó un 79% de aumento de las muertes en condiciones de encierro
Desde el año 2006 la tendencia de muertes bajo custodia se ubicó alrededor de 40 personas fallecidas por año hasta el año 2021 en que se registraron 86 muertes en contexto de encierro, un aumento de un 79% con respecto al año anterior. 
Desde el año 2006 la tendencia de muertes bajo custodia se ubicó alrededor de 40 personas fallecidas por año hasta el año 2021 en que se registraron 86 muertes en contexto de encierro, un aumento de un 79% con respecto al año anterior. 

El jueves 30 de marzo en la sala Maggiolo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) se realizó el seminario de cierre del proyecto de Extensión «Muertes bajo custodia en el Sistema Carcelario uruguayo en 2021.

El trabajo fue llevado adelante por docentes de las facultades de Medicina (FMED), Ciencias Sociales (FCS) e Información y Comunicación (FIC) y los coordinadores del proyecto fueron Ana Vigna, docente de FCS y FIC y Hugo Rodríguez (FMED). Los Objetivos del Proyecto fueron generar información desde una perspectiva social, sanitaria y médico legal de las muertes bajo custodia ocurridas en 2021, visibilizar la temática que frecuentemente queda invisibilizada frente a las múltiples urgencias que enfrenta el sistema penitenciario y realizar recomendaciones para disminuir la incidencia del fenómeno.  

En el Seminario se desarrollaron dos paneles, en el primero de ellos se realizó la presentación del Proyecto a cargo de la docente Ana Vigna, coordinadora de la investigación junto al docente Hugo Rodríguez. El equipo de docentes investigadores que llevó adelante este trabajo estuvo integrado también por los docentes investigadores Jimena Ouviña y Leticia Keroglian, de FCS, Natalia Bazán, Malvina Revetria, Evangelina Pérez Real, Yani Rodríguez Olivera, Valeria Berón y Sabrina Suarez, de FMED e Ivonne Martínez y Mercedes Altuna de la FIC. El segundo panel contó con las exposiciones de comentaristas invitados: la periodista Paula Barquet, el abogado penalista Juan Manuel González Rossi, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza y Santiago Sosa Barón, de la Oficina del Comisionado Parlamentario.

«Aunar esfuerzos, compartir miradas e intercambiar diagnósticos». 

Vigna señaló que el Proyecto es financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de la Udelar en el marco de la convocatoria a proyectos de Derechos Humanos de 2022. Fue una investigación que tuvo una duración de un año, se ejecutó durante el 2022 y «brindó un marco a equipos que venían trabajando de modo aislado en la temática, en coordinación cada uno de ellos con la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, para trabajar de modo conjunto». La investigación estuvo centrada en personas que fallecieron dentro de las cárceles o por una situación de hospitalización derivada de su confinamiento en el sistema carcelario. «Fue una oportunidad para aunar esfuerzos, compartir miradas, intercambiar diagnósticos, con docentes investigadores, del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina, del Departamento de Sociología de la FCS y del Departamento de Metodología de la FIC», subrayó Vigna. 

Destacó que el Proyecto, que estuvo enfocado en las personas adultas privadas  de libertad y no abordó los casos de adolescentes en contexto de encierro ni de personas con medidas alternativas a la privación de libertad, contó con el aval y el apoyo constante de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Asimismo participaron otros actores como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el personal de salud perteneciente a Sanidad Policial o a ASSE, responsable de la atención sanitaria de los privados de libertad, personal penitenciario (operadores civiles y policías) y personas privadas de libertad que fueron compañeros de reclusión de las personas fallecida durante el año 2021. Resaltó que también pudieron dialogar con familiares de las personas fallecidas y contar con parte de las vivencias y experiencias de estas personas, «algo extremadamente interesante porque se trata de parte de la población afectada por las consecuencias perversas del encierro y cuya voz muchas veces queda invisibilizada», señaló.

Una temática relevante

Vigna resaltó la relevancia de la temática desde el punto de vista social y su importancia desde la perspectiva académica por el abordaje sistemático del tema. Los autores identifican a las tasas de mortalidad dentro del contexto penitenciario como un indicador muy importante y que brinda mucha información acerca de la calidad, las condiciones y las dinámicas, de vida, del encierro. Añadió que este fenómeno se estudia en Uruguay desde hace muy poco tiempo por lo que gran parte de la producción académica al respecto proviene de los países del norte, donde la muerte en custodia adquiere otros rasgos, como el envejecimiento, distintos a los que se dan en América Latina donde la problemática de la situación de encierro se manifiesta en hechos como homicidios, masacres y violencia institucional, entre otros. Por ello para el equipo de investigadores también era importante, generar conocimiento acerca del tema con la perspectiva del hemisferio Sur. Otra información relevante que aporta esta investigación se vincula con «los niveles de punitividad que tenemos como sociedad, cuán tolerantes somos ante el sufrimiento que impartimos a las personas que están privadas de libertad y cuán tolerantes somos al homicidio, al suicidio o muertes por enfermedades que ocurren en cárceles», subrayó Vigna. 

La investigación: actividades y algunos resultados 

Vigna señaló que la mayor parte de las actividades estuvieron dedicadas al análisis y sistematización de la información contenida en las carpetas de las personas que fallecieron bajo custodia. Asimismo realizaron entrevistas en profundidad a compañeros o compañeras de reclusión de estas personas, personal sanitario, personal penitenciario de las unidades penitenciarias, Nº3, Nº4, Nº5, Nº7 y Nº13 y a familiares de las víctimas. También analizaron casos paradigmáticos, formularon recomendaciones para fortalecer los mecanismos de monitoreo, realizaron talleres con personal sanitario y de custodia y elaboraron un manual de uso del sistema de información de Muerte Bajo Custodia que lleva adelante la Oficina del Comisionado Parlamentario. 

Recordó que desde el año 2006 la tendencia de muertes bajo custodia se ubicó alrededor de 40 personas fallecidas por año hasta el año 2021 en que se registraron 86 muertes en contexto de encierro, un aumento de un 79% con respecto al año anterior. Acotó que este aumento fue tanto en términos relativos como absolutos, «fallecieron más personas y era más probable que alguien falleciera que en años anteriores». El equipo ya tiene los datos de las muertes bajo custodia correspondientes al año 2022 y aunque los está procesando aún y los resultados son muy primarios, el número de fallecidos ese año fue de 42 personas. Una de las dudas o interrogantes del equipo frente al número de muertes registradas en 2021 era «si se estaba instalando una tendencia al alza muy marcada o no», con el resultado registrado en 2022 aunque es pronto para evacuar esta duda se puede confirmar que se volvió a la tendencia histórica.

El equipo de investigadores realizó algunos cruzamientos de datos que le permitieron obtener información importante acerca de la temática. Con respecto al sexo de las personas fallecidas, las mujeres, que en 2022 eran alrededor del 6% de la población carcelaria, están subrepresentadas dentro de las personas que fallecen, «la mortalidad en cárcel es un fenómeno que afecta más a los varones que a las mujeres»,  afirmó Vigna. 

Otro resultado que deriva de esta investigación es que la población fallecida bajo custodia es muy joven, el grupo etario  que más muertes bajo custodia registró es el que está entre los 26 y los 35 años y el que le sigue en frecuencia de fallecimientos dentro del sistema penitenciario es el se ubica entre los 18 y los 25 años. Destacó asimismo que este fenómeno no se distribuye en forma homogénea en todos los establecimientos penitenciarios. «Tenemos cárceles muy diversas en nuestro sistema, no es casualidad que generalmente las más grandes y más complejas son también las que concentran la mayor cantidad de muertes», sostuvo. Añadió que la Unidad Nº 4 (Santiago Vázquez) junto a la Unidad Nº 3 (Libertad) albergan al 35% de la población carcelaria sin embargo entre ambas concentran más de la mitad de las muertes en custodia. «Están sobre representadas en el fenómeno de las muertes bajo custodia», acotó. 

Otro cruzamiento de datos que realizó el equipo de investigadores fue el número de muertes con un indicador que elabora la Oficina del Comisionado Parlamentario. Este indicador tiene que ver con una clasificación de los establecimientos de reclusión en base a una serie de condiciones, en: «establecimientos que brindan oportunidades de integración social, otros que brindan insuficientes condiciones para la integración social y establecimientos que directamente se caracterizan por los tratos crueles, inhumanos y degradantes». La Oficina del Comisionado Parlamentario identificó que la tercera parte de la población carcelaria vive en los establecimientos en los que se registran tratos crueles, inhumanos y degradantes. El equipo de investigadores por su parte observó que de las personas que fallecieron en cárceles, más de la mitad vivían en este tipo de establecimientos. 

En lo que se refiere a las muertes violentas en cárcel (por homicidio, suicidio o accidente), Vigna apuntó que Uruguay no sólo tiene una tasa mucho más alta de muertes en custodia que los países del norte y que la región, sino también presenta un índice mucho mayor de muertes violentas en cárcel. «Dos terceras partes de los fallecimientos en custodia que se dan al año en Uruguay, son muertes violentas», resaltó. Este hecho se viene observando en el país desde el año 2016 en forma continua hasta la fecha, con excepción del 2021, año en el que el número de homicidios y suicidios en cárcel fueron una cifra récord pero las muertes naturales también lo fueron. 

Otra constatación de los investigadores fue que la muerte bajo custodia sucede en general los primeros meses de reclusión (un 11% ocurre en el primer mes y un 40 % en los primeros 6 meses de reclusión). En cuanto a la discriminación de las causas de muerte bajo custodia por franjas etarias indicó que los fallecimientos por suicidio tienen una incidencia mayor en personas jóvenes y primarias o sea que no tienen antecedentes delictivos y se concentran en los primeros días, semanas o meses de reclusión lo que refleja las dificultades de estas personas para adaptarse  al sistema carcelario. En lo que se refiere a las muertes bajo custodia por homicidios señaló que se observa una naturalización de la violencia aumentada por el ascenso en el número de la población carcelaria y el hacinamiento, una falta de intervenciones sistemáticas y una carencia en la atención de salud posterior a la agresión y ante los casos de uso problemático de drogas que están asociados íntimamente a los desenlaces de homicidios. Por otra parte, las causas de las muertes catalogadas como naturales, de personas en contexto de encierro, se vinculan principalmente con las dificultades de acceso a la salud, enfermedades previas que se potencian en las condiciones de la reclusión y las muertes accidentales mayoritariamente por incendios por causa de fallas eléctricas. Un porcentaje de las muertes bajo custodia identificadas como naturales cuentan con información mínima, contradictoria o no existe información.  

Conclusiones

Los investigadores destacan: la necesidad de continuar trabajando en la mejora de los sistemas de información para contar con más datos que permitan diseñar acciones de prevención, las dificultades en el acceso a la salud y la escasez de programas e intervenciones sistemáticas. También resaltan  el agravamiento de la situación carcelaria por el aumento de la población en reclusión en el sistema penitenciario y por el contexto de pandemia. Asimismo señalan como aspectos a atender, la presencia de factores de importación (consumo problemático de drogas, tendencia de las personas a resolver los conflictos de modo violento, problemas de salud mental, entre otros) reforzados por las condiciones de encierro, los efectos extendidos del encierro que alcanzan a los familiares de las personas privadas de libertad y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos humanos de las personas en contexto de encierro.

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