El referido secretario de Estado, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, participaron de la actividad este viernes 9, en la Rural del Prado.

Asimismo, asistieron al evento la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos; de Defensa Nacional, Javier García, y de Turismo, Tabaré Viera. Además, presenciaron las exposiciones el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá; la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. 

Durante su presentación, Mieres resaltó el desafío de concretar propuestas “necesarias para el país”, como la reforma de la seguridad social. Al respecto, precisó que la sostenibilidad del sistema es afectada por diferentes factores y que los aportes de los trabajadores representan un valor diferente según el sistema previsional empleado. El jerarca destacó que, mediante la propuesta de reforma, se procura la convergencia de todos los subsistemas de manera gradual hacia un único sistema de seguridad social más equitativo y transparente.

“Tenemos la obligación de dar una respuesta a la ciudadanía”, afirmó, y precisó que esta iniciativa permitiría responder a las situaciones de mayor vulnerabilidad, por intermedio de la incorporación del concepto de ingreso mínimo garantizado, a fin de apoyar a las jubilaciones más reducidas. 

Además, Mieres explicó que la propuesta previsional establece la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, de manera que se permita el cobro de una jubilación por un empleo y se pueda mantener actividad o adoptar la jubilación parcial.

“Avanzar en la reforma es dar cumplimiento a nuestro compromiso programático” aseguró, a lo que agregó que se trata de asumir un compromiso para las nuevas generaciones, a muy largo plazo y con efectos prolongados. 

Además, sostuvo que la cartera está comprometida con la modernización de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. En este contexto, explicó que el ministerio presentó dos proyectos de ley ante el Parlamento. Uno de ellos para establecer un régimen de personería gremial, mientras que el otro fue planteado con el objetivo de adecuar la negociación colectiva a la normativa internacional, a los dictados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En otro orden, se refirió a la reforma de la educación como una propuesta adecuada al siglo XXI y “un imperativo ético pendiente”. Recordó, asimismo, que el proceso de transformación educativa fue validado por la ciudadanía en instancias electorales. 

Mieres resaltó que el empleo se recupera a mayor velocidad de la prevista, y que en julio el desempleo se ubicó en un 8,1%, y el promedio del primer semestre 2022 fue de 7,8%.

El jerarca añadió que la cantidad de trabajadores en seguro de paro en julio fue de 43.300, de los que 35.000 se encuentran en seguro de paro total. Señaló, además, que la tasa de informalidad disminuyó a un 21% en la actualidad, lo que redunda en una mejor calidad. 

Llamó a seguir trabajando respecto a las inequidades del acceso al trabajo en términos de género, de edad, de nivel socio económico y de discapacidad, con el fin de favorecer la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. 

Las reformas impulsadas tienen la meta de contribuir a la construcción de un país más justo, más solidario y más próspero, declaró. 

Por su parte, el ministro Peña centró su discurso en la construcción de un país sostenible. Consideró que la humanidad se enfrenta a una crisis climática ambiental de carácter mundial y que, aunque los uruguayos no somos causantes del cambio climático, somos grandes afectados.

Agregó que existe un desafío de tipo global que implica vivir en equilibrio, sin perder calidad en el desarrollo humano. En este sentido, explicó los compromisos asumidos por el Gobierno tendientes al abordaje de la temática ambiental. Declaró que se han realizado inversiones en agua por 250 millones de dólares y, por saneamiento, en el interior del país, para unas 60 localidades por un valor aproximado de 250 millones de dólares.

Asimismo, detalló que se trabaja en un plan de gestión de integral de residuos que implica la realización de acciones y desarrollo de normativa. Además, sostuvo que la cartera también avanza para el cierre de vertederos a cielo abierto en conjunto con los gobiernos departamentales.

El ministro destacó la importancia de concientizar sobre la impotancia del cuidado ambiental, y afirmó que para Uruguay es una oportunidad posicionarse en el mundo como un país sostenible. 

Peña subrayó la importancia de certificar procesos en diversas áreas, como turismo, movilidad, y ganadería, “lo que no se mide no existe”, aseveró. Indicó que incorporar la dimensión ambiental para tomar decisiones e integrarla en los sistemas productivos resulta "central", y representa un valor agregado para el país. “Es tiempo de actuar”, concluyó. 

El titular del BCU, en tanto, se refirió a la política económica que implementa el Gobierno. Relató que una vez iniciada la pandemia provocada por la COVID-19 el primer denominador común fue establecer una doble estrategia que implicó resolver temas en el corto plazo y pensar “en el día después”.

El economista destacó el cuidado de la institucionalidad fiscal y los esfuerzos realizados en inserción internacional en los últimos años. 

Labat también se refirió a la tradición democrática del Uruguay, y destacó las reglas e instituciones "muy claras". En este sentido, resaltó la importancia de construir normas para posibilitar que el sector privado continúe invirtiendo y desarrollándose. 

El jerarca declaró que “ese camino recorrido” en materia de normativa es importante para establecer las bases de un crecimiento sostenible y continuar en la construcción de un Uruguay confiable, que atraiga personas interesadas en instalarse en el país.