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29 de April del 2022 a las 20:39 -
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INDDHH entregó al Parlamento su Informe Anual de Derechos Humanos 2021
Según se señala en el prólogo de la publicación bajo la firma del Consejo Directivo, el Informe Anual de la INDDHH “es, esencialmente, un acto de rendicio?n de cuentas, no solamente ante el Poder Legislativo, como expresa el mandato legal, sino ante toda la sociedad uruguaya”.
Según se señala en el prólogo de la publicación bajo la firma del Consejo Directivo, el Informe Anual de la INDDHH “es, esencialmente, un acto de rendicio?n de cuentas, no solamente ante el Poder Legislativo, como expresa el mandato legal, sino ante toda la sociedad uruguaya”.

El Consejo Directivo de la INDDHH entregó a la presidenta de la Asamblea General, Esc. Beatriz Argimón, el Informe Anual de Derechos Humanos 2021. Como cada año, en este documento la Institución rinde cuentas sobre la gestión y las actividades desarrolladas durante el año para cumplir con su cometido de defender, promover y proteger los derechos humanos en toda su extensión. La producción de estos informes, sus contenidos y los plazos de entrega al Parlamento están previstos en la Ley 18.446, de creación de la INDDHH.

La INDDHH aguarda ahora la convocatoria al Consejo Directivo para realizar la presentación ante el pleno de la Asamblea General, tal cual está previsto en la ley de creación de la INDDHH.  Según el artículo 68 de la ley mencionada: "El Consejo Directivo de la INDDHH presentará un informe anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, el Consejo Directivo de la INDDHH será recibido y escuchado en sesión especial de la Asamblea General."

El Informe Anual 2021 está disponible en una versión completa de 285 páginas que se puede descargar al pie de esta página. El Resumen Ejecutivo, también disponible para su descarga, tiene 85 páginas. En el sitio web de la INDDHH se encuentran todos los informes anuales producidos hasta la fecha.

Contenido del Informe

Al igual que en años anteriores, el Informe Anual 2021 se organiza en seis capítulos: 1) gestión institucional, 2) estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, 3) conocimiento, recepción de denuncias e investigaciones de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, 4) prevención de la tortura. Defensa y protección en situaciones de encierro, 5) educación y promoción en derechos humanos, y 6) la INDDHH en el territorio.

A ello se suman cuatro anexos que contienen: la evolución de la estructura funcional de la INDDHH, la ejecución presupuestal, las recomendaciones de visitas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la memoria de la X Asamblea Nacional de Derechos Humanos.

En el capítulo 1, dedicado a la Gestión institucional, se explica que las actividades de 2021 se enmarcaron en un contexto particular caracterizado por la emergencia sanitaria y por reacciones pu?blicas adversas al accionar de la INDDHH. Las críticas del gobierno a la Institución comenzaron en 2020 y consistieron en “cuestionamientos a su imparcialidad e independencia, así como a su legitimad y base legal”. Según el Informe, a pesar de esto, “la relacio?n de la INDDHH con los o?rganos del Estado y sus dependencias se caracteriza por el profesionalismo y, muy frecuentemente, el inter- cambio fructífero”.

Este primer capítulo incluye, entre otros temas, una presentación de la Institución, su marco jurídico, su plan estratégico y áreas de trabajo. Se incluye una selección de los eventos destacados en el año, y se reseña lo realizado por varios equipos de trabajo que tratan los temas de género, equidad étnico racial, personas con discapacidad, ambiente, derecho a la identidad biológica, y el sitio de memoria ubicado en la ex-sede del Servicio de Información de Defensa (SID).

El capítulo 2 lleva por nombre Estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay y detalla los aportes sustantivos que realiza la INDDHH para cumplir con su obligación legal de emitir opinión y recomendaciones sobre proyectos de ley; informar regularmente a los órganos encargados del contralor internacional y regional de las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo; hacer propuestas sobre las normas jurídicas y prácticas administrativas más adecuadas para una mejor protección de los derechos humanos y elaborar informes periódicos a entregar al Parlamento.

En 2021 se destacan dos informes sobre proyectos de ley enviados al Parlamento: sobre los servicios de difusio?n de contenido audiovisual, y sobre la tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza. También se reseñan los informes producidos sobre la situación de los derechos humanos en el pai?s, relativos a: el envejecimiento y derechos humanos; la situacio?n en Uruguay de los defensores de derechos humanos (para la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO), y el derecho a la salud (producido por el Mirador de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA).

Entre otros contenidos, el capítulo 2 resume del ciclo de cinco diálogos organizados junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Los temas fueron: salud mental, libertades fundamentales, garantías de las personas privadas de libertad, empresas y derechos humanos, y violencia contra las mujeres.

También se consigna que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en ingle?s) renovó la acreditación a la INDDHH con la categori?a A, que corresponde a las instituciones que cumplen plenamente con los Principios de Pari?s.

El capítulo 3 se titula Conocimiento, recepción de denuncias e investigaciones de presuntas vulneraciones a los derechos humanos e incluye el detalle de las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos. En 2021 la INDDHH emitió en total 129 resoluciones (considerando los siete tipos de resoluciones previstas en la Ley 18.446) y el área de Denuncias e Investigacio?n realizo? un total de 627 intervenciones. El 74% de estas fueron asesoramientos y consultas y el 26% fueron denuncias de vulneracio?n de derechos.

El Informe incluye un resumen de cada una de las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo de la Institución, correspondientes a tres tipos de resoluciones: con recomendaciones, de solución satisfactoria y de no colaboración. Estas últimas refieren a los organismos que se negaron a brindar informacio?n (artículo 23 de la Ley 18.446).

El capítulo 4 se denomina Prevención de la tortura. Defensa y protección en situaciones de encierro, y comienza con una presentación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la metodología que aplica en el monitoreo sistemático de los lugares privación de libertad. El informe expone la actividad y los principales hallazgos y nudos críticos en cinco áreas de trabajo con personas en privación de libertad: el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes; el sistema penal juvenil; las unidades policiales; el sistema carcelario de adultos, y las instituciones psiquiátricas.

En este capítulo se explica cómo, durante el primer semestre de 2021, el MNP reviso? su metodologi?a de trabajo en el contexto de la pandemia por Covid 19. Se priorizo? la realizacio?n del monitoreo por medios no presenciales, y para las visitas presenciales se aplicó un protocolo sanitario que redujo la cantidad de funcionarios/as y la duración de cada visita. Posteriormente, tras el descenso del nu?mero de casos y la mayor apertura de los centros, se priorizaron nuevamente las visitas in situ.

En total durante 2021 el MNP realizó 81 visitas presenciales a lugares de encierro: 17 al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes (INAU); 16 al sistema penal juvenil (INISA); 20 a unidades policiales dependientes del Ministerio del Interior; 11 al sistema carcelario de personas adultas (INR), y 17 a instituciones psiquiátricas.

El capítulo 5 se dedica a exponer el trabajo de la Institución en Educación y promoción en derechos humanos. Entre otros temas, se detallan las actividades de sensibilizacio?n y difusio?n en centros educativos y dirigidas a la ciudadani?a en general. En cuanto a la elaboracio?n de materiales dida?cticos se destaca la creación del juego titulado Avanzar en derechos, que fuera declarado de interés educativo por la Administracio?n Nacional de Ensen?anza Pu?blica (ANEP).

El informe enumera las numerosas actividades realizadas de promocio?n y capacitacio?n, los cursos a distancia dictados a través de la plataforma INDDHH/Educa; la coordinación con otras instituciones (ANEP, Plan Ceibal, IMPO y Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República); los convenios firmados con la UdelaR para la realización de pasantías (licenciaturas de Relaciones Laborales y de Relaciones Internacionales), y las actividades conjuntas con otras defensorías de la región.

En particular, la plataforma INDDHH/Educa realizó durante 2021 cuatro ediciones del curso sobre derechos humanos y el rol de la INDDHH. Desde su creación este curso lleva ya doce ediciones y un total de 1.207 egresados/as.

Por último, el capítulo 6, titulado La INDDHH en territorio, da cuenta de las actividades orientadas a acercar a la INDDHH a los departamentos del pai?s. En este capítulo se informa sobre la generacio?n de espacios de dia?logo y participacio?n con organizaciones de la sociedad civil y la profundización del trabajo tema?tico en localidades de menos de 5.000 habitantes y en ciudades alejadas de las capitales departamentales.

En 2021 el área Descentralización implementó acciones en Artigas, Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Entre otros temas, el Informe expone la estrategia desarrollada durante 2021 en los departamentos de Salto y Lavalleja; el vínculo con las organizaciones sociales durante la pandemia (sus formas de organización y los temas emergentes); los resultados de una investigación realizada por la Facultad de Información y Comunicación (UdelaR) sobre los discursos de derechos humanos en Tacuarembó; y las instancias de formación realizadas en coordinación con el área de Estudios, el Mirador DESCA y el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur.

El capítulo también informa sobre el proyecto Infancias y adolescencias en medios rurales, focalizado en la exigibilidad de los derechos humanos de nin?os, nin?as y adolescentes que viven en el medio rural y en localidades de menos de 5.000 habitantes.

NOTAS PARA LA EDICIÓN

La INDDHH fue creada en 2008 tras un largo proceso que se caracterizó por la más amplia voluntad política y participación social, y contó con el respaldo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. El artículo 2 de la ley de creación (No. 18.446) le otorga la máxima autonomía funcional: “La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad”. Es dirigida por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros elegidos por la Asamblea General a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios. Actualmente el Consejo Directivo está integrado por Juan Faroppa (presidente), Mariana Blengio Valdés, Mariana Mota,  María Josefina Plá y Wilder Tayler.

Las tareas que ejecuta la INDDHH abarcan los siguientes ejes: la armonización legislativa en relación a las normas internacionales y convenciones ratificadas por el país, la investigación y monitoreo de las acciones u omisiones del Estado en materia de derechos humanos, la recepción e investigación de denuncias sobre eventuales vulneraciones de derechos (incluyendo la redacción de informes y la formulación de recomendaciones a los organismos estatales correspondientes) y la promoción y educación en derechos humanos.

A su vez, la INDDHH alberga en su estructura al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP). Se trata de una entidad de control dedicada a prevenir prácticas de tortura y otras formas de maltrato hacia las personas privadas de libertad. Su actuación preventiva consiste en la realización de inspecciones regulares, no anunciadas, a centros de privación de libertad, la formulación de recomendaciones a las instituciones del Estado para proponer medidas tendientes a minimizar los riesgos de situaciones de maltrato y/o tortura, y brindar asesoramiento en cuanto a la legislación vigente o proyectos de ley tendientes a reducir los riesgos que conllevan las situaciones de encierro institucional.

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