(escribe Alejandro Carreño T.) No quiero pensar que esa trilogía de términos que bien se prestaría para un análisis semiótico de sus nexos semánticos,  sea uno de los elementos comunes que une a la Justicia de nuestro maltratado continente latinoamericano. Pero lo que acaba de ocurrir en Punta del Este, Uruguay, donde un joven de dieciocho años fue golpeado brutalmente por cuatro personas que lo confundieron con un delincuente, solo por usar ropas de rapero y caminar como uno de ellos, es una mala señal de cómo se manejan estos temas sociales y jurídicos en este rincón del mundo. Lo vivido por este muchacho, cuyas vestimentas y su modo de caminar fueron motivo suficiente para que incluso fuese amenazado de muerte por este grupo de enfermos mentales, es una alerta para todos nosotros sobre la sociedad que hemos construido.

¿Qué determinó la Justicia? Cito textualmente a Uypress, Agencia Uruguaya de Noticias de ayer viernes 11 de febrero de 2022: “La Justicia dispuso la fijación de domicilio, la imposibilidad de salir del país y la prohibición de acercarse a 500 metros a la víctima”. ¡Patético! Escribo desde Santiago de Chile para los medios uruguayos CoolTivarte y AGESOR (Agencia Soriano de Noticias), y como chileno me escandalizo ante la determinación de la Justicia uruguaya que no es otra que la misma que suelen aplicar sus hermanas del continente, pues deja en libertad a individuos que SÍ son un peligro para la sociedad. Individuos que se atribuyen el rol de justicieros y se visten con las “ropas policiales” y la “toga del juez” al mismo tiempo. 

Tal como lo relata el padre del joven agredido, el Profesor de Filosofía y Columnista de varios medios de su país, Pablo Romero García: “Salieron caminando, teniendo simplemente medidas de no acercamiento y no comunicación por un plazo de 90 días. El mensaje que, entendemos, se envía a la sociedad en su conjunto, es grave, en tanto no protege debidamente a la víctima, que es a quien en estos momentos la justicia debe preocuparse en extremo por resguardar”. ¡Patético! Más aún cuando se sabe que un policía, el día de los hechos ocurridos el lunes pasado, dijo muy suelto de cuerpo que “errar es humano”, aludiendo a la confusión de los agresores (uno de ellos ofreció dinero para saldar el “error”). Me preocupa como chileno y latinoamericano, que se avale sin más el actuar de matones sueltos por nuestras calles y plazas.

El peligro a que se exponen nuestros hijos por el solo hecho de ser diferentes, a ser golpeados o muertos, sin que los sistemas jurídicos adopten las medidas que la sociedad espera de ellos y que éticamente les compete como tales, nos deja a merced no solo de los delincuentes comunes, sino también de ellos, delincuentes no comunes y por lo mismo más peligrosos aún, porque su actuar suele ser imprevisible, cobarde y brutal. Peligro que se agrava más todavía por el incomprensible papel que cumple la Justicia. Prefiero usar la expresión “incomprensible”, para no ser confundido por mi propio estupor ante una realidad odiosa que nos abofetea con mofa, haciéndonos sentir ciudadanos liliputienses, indefensos y miserables a los ojos de seres que merecen que la balanza de la Justicia se balanceé con mayor rigurosidad frente a estos crímenes.

Hoy fue un joven rapero. Pero mañana puede ser un homosexual. Y pasado mañana un negro, un hincha del fútbol, o un inmigrante o un protestante o simplemente alguien que no le agrade a estas pandillas de “gente de bien” que yerran porque “errar es humano” (Chile presenta una lista interminable de casos). ¡Patético! Los chilenos vivimos esta realidad que nos incomoda, y mis numerosos amigos latinoamericanos me comentan la misma situación. Pero, como dije, también nos asusta a nosotros, padres, sobre todo hoy que nuestros hijos suelen viajar por nuestro continente, porque si esto ocurre con personas en su propia nación, ¡a qué están expuestos entonces nuestros hijos, que viajan a turistear o visitar a sus amigos allende las fronteras de su país! De verdad, no es un tema menor.

La frase “dejemos que las instituciones funcionen”, o sus variantes, que con premura y primor suele aparecer en estas instancias, me recuerda el gatopardimo: las instituciones actúan para mantener su manera de actuar. Una parodia, por cierto, de si queremos que todo continúe como está, es necesario que todo cambie. Pablo, como millones de padres latinoamericanos, espera que la apelación de la Fiscalía al Tribunal de Apelaciones, prospere: “La fiscal solicitó la prisión preventiva por 90 días fundamentada en el riesgo de la víctima y la frustración de la investigación”. Que en algún lugar de América Latina la Justicia nos muestre que Sí está funcionando como debe: apegada a la decencia, a la ética y a la Señora de venda en los ojos.

Como chileno, como ciudadano latinoamericano y como columnista, espero que el Tribunal de Apelaciones acoja el pedido de la fiscal.