La crisis socioeconómica y sanitaria experimentada en 2020 se profundiza en el presente año, enmarcada en el retroceso del Estado social a través del desmantelamiento de políticas sociales, educativas y de protección, y el fortalecimiento del Estado policial, decontrol y de castigo selectivo.Se han agudizado las desigualdades estructurales en la población uruguaya: entre2019 y 2020 un total de 100.000 personas pasaron a residir bajo el umbral delimitado por la pobreza monetaria. Entre ellos, 35.000 son niños, niñas y adolescentes. 
La respuesta neoliberal del gobierno apuesta a la liberalización económica, con el consecuente efecto de flexibilización del mercado laboral y la caída del salario real; y la disminución del gasto público, en particular el gasto público social, ante el cierre de oficinas territoriales y programas sociales de atención a población en situación de vulnerabilidad (como Uruguay trabaja, SOCAT, ETAF, o Impulsa, entre otros). 
Las múltiples redes organizadas en ollas populares o merenderos asentadas en diversos puntos del país, las miles de canastas y viandas provistas a buena parte de la población, dan cuenta del profundo impacto que este contexto genera en la economía de muchos hogares,así como del rol vital que la solidaridad organizada ha cumplido en hacer frente a la crisis socioeconómica, y en garantizar el acceso a un derecho básico y fundamental como la alimentación.
El año en curso nos encuentra con más de 6.000 muertes con diagnóstico de CO-VID-19. En marzo, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) recomendaba al gobierno tomar medidas tendientes a reducir la movilidad. “Blindemos abril” fue la consigna… pero no se blindó abril, tampoco mayo, ni junio; meses donde se reportó el mayor número de fallecidos por esta enfermedad. 
El discurso consolidado bajo el término “libertad”/”libertad responsable” disfraza una mirada autoritaria sobre la decisión de quienes pueden ejercer el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de protesta social. 
Acciones como la reglamentación del artículo 38 de la Constitución sobre el derecho a reunión, que fue discrecional y suspicazmente utilizada para beneficio discursivo del gobierno, así como la aplicación efectiva de los artículos de la LUC referidos a la protesta social, delitos en el intercambio con la policía (agravio a la autoridad policial, desacato o resistencia al arresto), atentan y penalizan la libre expresión,circulación y protesta.
Sin embargo, de la mano de la lucha de la izquierda social movilizada, se ha puesto en la agenda pública el debate sobre las implicancias de la LUC y dar batalla a la regresión de derechos que ésta expresa. Gran parte de este año estuvo signada por la recolección de firmas por parte del movimiento social para la derogación de la LUC. La propuesta para derogar 135 artículos alcanzó el número necesario de firmas para llevar a cabo el referéndumque se realizará el próximo año. 
Los 40 años de SERPAJ no son un casual y descontextualizado aniversario. Nos encuentra en una urgente necesidad de realizar una crítica revisión histórica de todo lo que está vigente del autoritarismo, neoliberalismo y conservadurismo. Vigente en el Estado, en sus instituciones, en la comunidad; en nosotros.
Las violencias institucionales que acarreamos del pasado, que parecen recrudecer en tiempos presentes, sólo hacen más visibles aquellos resortes de la impunidad de ayer, que arrastramos desde la transición democrática. Nuestra democracia actual sostiene prácticas y fundamentos de necesaria revisión. En una agitada América Latina, la avanzada de la marea neoconservadora de las “nuevas” derechas también ha llegado al Uruguay. Somos testigos del aumento de discursos y acciones liberto-reaccionarias, con una retórica agresiva y totalizante que confronta y niega derechos reconocidos, así como logros sociales alcanzados por sectores históricamente vulnerados.

En el documento adjunto al pie de  esta nota puede accederse al informe completo de Serpaj.