De la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) al conjunto de la sociedad uruguaya:

1. Como es de público conocimiento, y en un hecho sin precedentes desde el retorno a la democracia en nuestro país, el 25 de febrero de 2021 un conjunto de docentes y funcionarios del Liceo 1 de San José fueron notificados por parte de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la instrucción de un sumario, con separación del cargo y retención del 50% de sus haberes. El mismo se inicia por supuestos actos de proselitismo, vulnerando con ello derechos humanos consagrados por normas nacionales e internacionales del más alto rango, en especial la Libertad sindical y las libertades civiles de opinión y expresión del pensamiento.

2. Dicho sumario se ha venido desarrollando, mayormente con las compañeras y compañeros fuera de sus ámbitos laborales y con un accionar de la DGES alineado a definiciones políticas partidarias, quién rechazó un recurso de revocación a dicho sumario sin siquiera analizar los aspectos de fondo; y con un accionar dudoso y reñido con las garantías del debido proceso por una parte de quienes tienen a su cargo la instrucción del proceso disciplinario.

3. El 10 de setiembre, dos de las docentes sumariadas fueron notificadas de un informe del Director de la División Jurídica que recomienda a la Dirección General de Educación Secundaria la destitución de ambas docentes por violar el artículo 58 de la Constitución de la República, proselitismo, tergiversando en sus conclusiones declaraciones de testigos que evidencian lo contrario.

4. Es en virtud de los hechos señalados manifestamos nuestro más absoluto rechazo a un proceso de persecución política sindical, que disfrazado bajo un manto de supuestas garantías jurídicas, nos retrotraen a prácticas que el país sufrió previo y durante la dictadura fascista en nuestra Educación Pública, que creíamos desterradas, pero que lamentablemente los hechos del presente evidencian un retorno de dichas prácticas, así como la existencia de resabios que comulgan con estas.

5. El accionar contrario a derecho por parte de la DGES, en especial sus acciones contrarias al reconocimiento y garantía por el pleno ejercicio de derechos fundamentales, y un manejo con opacidad y poco apego a las garantías del debido proceso por parte de algunos de quienes tienen la responsabilidad de instruir el procedimiento disciplinario, constituyen un deterioro de la institucionalidad democrática y republicana, que el Codicen de la Anep tiene la responsabilidad y obligación de corregir, particularmente con acciones concretas que detengan este proceso de persecución política sindical.

6. La defensa de nuestras compañeras y nuestros compañeros ante este proceso de persecución política sindical es una causa nacional del conjunto del movimiento sindical; a la vez que continental y mundial, por lo que promoveremos las denuncias y acciones pertinentes en cuanto ámbito internacional sea necesario, de no existir resoluciones que pongan fin a estos hechos, especialmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH).

Montevideo, 26 de octubre de 2021

Comité Ejecutivo Fenapes

Comunicado.