El informe, publicado en julio pasado con información de 2020, se propuso verificar el cumplimiento de las garantías en los primeros momentos de detencio?n en la zona de operaciones I de Montevideo y las seccionales policiales 1.a a 7.a. Estas garantías, consagradas por el derecho internacional y la legislación nacional, son cuatro: notificacio?n inmediata de la detencio?n a familiares o allegados/as, examen médico, asistencia jurídica, y acceso a informacio?n sobre derechos de la persona detenida.

Durante la presentación del informe, Wilder Tayler, presidente de la INDDHH y director del MNP, enumeró algunos de los incumplimientos verificados en varias de estas garantías, pero subrayó que la responsabilidad no recae únicamente sobre el Ministerio del Interior. Según Tayler la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de asegurar la asistencia jurídica y ASSE tiene a su cargo la atención médica. Estas dos garantías son particularmente deficitarias e implican un riesgo elevado de vulneración de derechos.

En general los incumplimientos referidos a las garantías de información de derechos y de notificación con las familias tienen que ver con prácticas administrativas que carecen de la sistematicidad o los recursos adecuados para asegurar su cumplimiento.

Otra de las constataciones destacadas durante la reunión con los representantes nacionales fue que los cambios normativos que aumentaron las facultades y la discrecionalidad de la policía tuvieron un impacto negativo sobre las garantías de las personas detenidas. En este sentido, si bien el informe del MNP es independiente de la investigación realizada recientemente por la Asociación de Defensores Públicos, ambos son coincidentes respecto al debilitamiento de las garantías. Según expuso la delegación del MNP, se vuelve cada vez más difícil verificar si ha existido un abuso durante la detención y en el período de hasta cuatro horas en que la persona detenida puede permanecer sin contacto con el fiscal o juez.

El informe, que puede consultarse al pie de esta página, destaca también la colaboración de jerarcas y funcionarios/as de las dependencias policiales visitadas, quienes hicieron posible un diálogo productivo y recibieron con buena disposición las sugerencias y recomendaciones realizadas por el MNP. No obstante, es preciso señalar que las solicitudes de información dirigidas mediante oficios al director nacional de Policía para la elaboración de este informe no fueron respondidas.

Las que siguen son las recomendaciones formuladas al Ministerio del Interior, y en algunos casos también al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

Recomendaciones

Notificacio?n de la detencio?n a familiares o allegados/as

Instrumentar un mecanismo de registro efectivo, separado del cuaderno de novedades, en donde figure el nombre de la persona, la fecha, hora, el nu?mero de contacto y si la llamada fue efectivamente realizada. Asimismo, se recomienda que la notificacio?n (salvo en casos de incomunicacio?n) sea efectuada directamente por la persona detenida bajo la supervisio?n de personal policial.
Establecer en cada dependencia policial un responsable por turno a efectos de garantizar el cumplimiento de esta salvaguarda y su registro en forma correcta.
Acceso a atencio?n me?dica

Avanzar en una definicio?n precisa de los cometidos del Centro de Constataciones Me?dicas y Ley de Faltas que permita que los procedimientos desarrollados constituyan efectivamente una garantía en los primeros momentos de detencio?n.
Instrumentar, como medida preventiva, un nuevo examen, al cese de la custodia policial, de las personas detenidas que no hayan comparecido ante la justicia.
Acceso a un/a abogado/a
Se recomienda al Poder Judicial, en coordinacio?n con el Ministerio del Interior y la Fiscali?a General de la Nacio?n:

Realizar un informe acerca de las principales dificultades en la instrumentacio?n de un dispositivo que permita garantizar el acceso a un/a abogado/a en los primeros momentos de detencio?n.
Instrumentar una mesa de dia?logo integrada por Ministerio del Interior, Fiscali?a General de la Nacio?n y Poder judicial, con la participacio?n del  MNP-INDDHH a efectos de adoptar acciones concretas para garantizar el acceso a un abogado/a desde el primer momento de detencio?n.
Informacio?n de los derechos de los/las detenidos/as

Estandarizar el documento de informacio?n sobre derechos a efectos de que todas las unidades policiales cuenten con un u?nico formulario el cual debe tener como contenido mi?nimo la siguiente informacio?n:
Toda persona detenida tiene derecho a:
Guardar silencio.
Ser informada sobre los motivos de la detencio?n.
Que se le notifique, a una persona de su confianza, que se encuentra detenido/a.
Recibir informacio?n clara y precisa sobre sus derechos y la manera  de ejercerlos.
Asistencia legal.
Recibir asistencia me?dica sin costo.
Contar con un inte?rprete en caso de no hablar el idioma espan?ol.
Este formulario debe ser firmado por la persona detenida y debe entrega?rsele una copia.
Disponer de carteleri?a adecuada, que contenga la informacio?n sobre derechos en la zona de operaciones I y seccionales policiales. Dicha carteleri?a tiene que ubicarse en un lugar que sea visible desde el celdario.
 

NOTAS PARA LA EDICIÓN

El informe “Las garanti?as en los primeros momentos de detencio?n en la zona de operaciones I de Montevideo y sus dependencias” se nutre del monitoreo sistemático a los lugares de detención que realizan los técnicos del MNP mediante visitas no anunciadas en las que se entrevista a los responsables de los establecimientos, los/as funcionarios/os y las personas detenidas. En esas visitas también se fotografían los espacios físicos y los registros administrativos, y luego se analiza la documentación y la información recogida.

Los primeros momentos de la detención es cuando los/as detenidos/as están expuestos a un mayor riesgo de tortura y malos tratos, y comprenden desde el momento de la aprehensión y detención hasta su presentación ante el fiscal de turno o juez.

La delegación de la INDDHH estuvo integrada por su presidente y director del MNP, Wilder Tayler; Victoria Iglesias, médica; Daniel Díaz, abogado y Jorge Surraco, comunicador.

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