El primer semestre de 2021 fallecieron 10 mujeres en período de gestación en Uruguay, por complicaciones derivadas del COVID-19. Hasta julio de 2021 la mortalidad materna durante el embarazo para toda la población del país fue tres veces mayor que la que se registró en el último período estudiado, del 2015 al 2019. El incremento fue muchísimo más grande en el sector público, en el que se produjeron 7 de cada 10 muertes maternas. Para analizar este tema El Portal dialogó con el doctor Leonel Briozzo, Profesor Titular de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y Jefe del Departamento de Maternidad del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Briozzo explicó que coincidieron dos condiciones que para desencadenar el grave aumento de la mortalidad por COVID-19 en embarazadas que se dio desde enero de 2021. Una de ellas fue el comportamiento de la variante P1 del virus SARS – COV-2 que ingresó al país a principios del año 2021. «Nos comportamos como el Estado más al sur de Brasil y esta variante rápidamente fue la dominante en todo el país», expresó. Señaló que la otra causante de este cambio fue la altísima circulación viral que se registró ese mismo año, «durante tres meses Uruguay fue el país con más contagios y muertes del mundo, no hay ningún país que registre durante un tiempo tan prolongado cifras tan altas de muertes y de infección como las que se dieron en Uruguay», indicó. «Cuanto más circulación viral más chance hay de que haya infecciones que sean graves y que provoquen complicaciones severas y esto tiene su correlato obvio en el aumento del riesgo de las embarazadas», acotó. Asimismo a esto se le sumó la prevalencia muy alta de la comorbilidad grave que conlleva el sobrepeso y la obesidad, para las complicaciones del COVID-19, en la población en general y en el embarazo en particular. En este sentido informó que Uruguay tiene un índice de sobrepeso y obesidad de más de más de 30, el más alto del mundo con respecto a este tema. Briozzo añadió que en el período del embarazo los datos del sistema informático perinatal en Uruguay revelaron que en 2019 el 44% de las mujeres presentaba sobrepeso y obesidad, «por lo tanto era previsible que hubiera un grave riesgo para la salud materna de la población», indicó.

Incidencia desigual

En cuanto a las diferencias de la incidencia de casos graves de COVID-19 entre el subsistema público de salud y el privado Briozzo sostuvo que «sin duda, esto ya no es objeto de discusiones sino que es una certeza, el COVID-19 afecta de forma mayoritaria a la población más vulnerada en sus derechos». Resaltó que es una realidad concreta que ha sido corroborada con datos de múltiples estudios en todo el mundo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados y dependientes, que las más afectadas son las poblaciones con un nivel socio económico más vulnerado. Sostuvo que en Uruguay los datos que se extraen de cómo se comportó la enfermedad en el proceso evolutivo confirman también esta conclusión. Un análisis que realizaron en el primer semestre de 2021 con respecto a la mortalidad materna durante el embarazo para toda la población del país durante ese período, concluyó que el porcentaje de mortalidad de las mujeres en etapa de gestación en el sector público de salud fue más del 90%. Este porcentaje se desprende no sólo del número de muertes maternas ocurridas sino también a que en el subsistema público se atiende sólo el 40% de las embarazadas del país y que las muertes en esta población se analizan en función de la razón entre el número de muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos. Entiende que analizando estos datos se concluye que «hubo una clarísima discriminación en términos de vulneración social de derechos».

Asimismo sostuvo que durante los primeros seis meses de la emergencia sanitaria, de marzo a setiembre de 2020, la situación de gravedad del proceso reproductivo no fue producto de las infecciones como en el 2021 sino de la gran crisis socio económica, de género y psicológica que se instaló en el país. Este contexto afectó a las poblaciones más vulneradas y sus derechos y provocó un incremento de los factores de riesgo para el desarrollo de los nacimientos prematuros y la restricción del crecimiento de los recién nacidos. En el hospital público de referencia, el Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde se atienden a poblaciones de mayor vulneración de derechos del área metropolitana, este aumento fue significativo. «Esto se pudo demostrar a través de un informe que ya está publicado, e implica una evidencia epidemiológica clara de que los elementos socio económicos y psicológicos son mucho más determinantes en el proceso reproductivo que las enfermedades biológicas», señaló. Considera que a partir de esta conclusión los equipos de salud deberán tener una mirada mucho más integral de estos procesos sanitarios que la que tenían hasta ahora.

Necesidad de monitorización

Briozzo manifestó que lamentablemente durante todo el proceso de la pandemia el período de embarazo no fue una variable de estudio, «hubo una omisión importante en esto», sostuvo. Se analizaban datos como la edad, el sexo, pero no se estudiaba por ejemplo el nivel de ingreso de la población que sufría las complicaciones más graves. «Esos datos que debe proveer quien dirige el sistema sanitario del país, son fundamentales para entender la verdadera gravedad de la cuestión y el riesgo mayor que tuvo la población más vulnerable», expresó.

Destacó que el sistema de monitorización de las muertes maternas con el que cuenta el país es excelente, con un análisis muy avanzado de cada muerte materna, que se realiza al año siguiente de que estas ocurren. Relató que fue instrumentado en períodos de gobierno anteriores y la Udelar tuvo un papel importante en la creación de este sistema. Entiende sin embargo que esta herramienta es inadecuada y antigua para enfrentar el tipo de emergencia que se instaló con la pandemia de COVID-19. Para ella se requiere un análisis online de la mortalidad que está ocurriendo y no alcanza con el análisis estándar retrospectivo.

Recordó que debido a esta necesidad en el mes de mayo de 2021 desde el Departamento de Maternidad del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell, mandaron una nota personal al Ministro de Salud Pública (MSP), proponiendo algunas medidas prioritarias debido a la mortalidad materna. Estas líneas estaban enfocadas en particular a la necesidad de instrumentar un sistema de control y monitoreo online a nivel de todo el país para obtener la información de lo que sucedía con las muertes maternas en tiempo real. La propuesta no fue incorporada por el MSP por lo que en el Departamento de Maternidad se basan en un sistema de registros desarrollado desde el ámbito académico, en la Clínica Ginecotológica A que cuenta con un sistema de centros docentes asociados que ha instrumentado en el país. Estos centros tienen presencia actualmente con docentes asociados y formación de residentes en los departamentos de Rivera, Salto, Paysandú, Durazno, Maldonado, Rocha, San José, Canelones y Montevideo. Con esta plataforma y coordinando con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva pudieron hacer un relevamiento desde la práctica de las pacientes que estaban infectadas gravemente y las que fallecían en estos Departamentos. Por otro lado a nivel de la actividad académica desde el mes de marzo realizan una reunión semanal por video conferencia con todo el país, para intercambiar exclusivamente sobre este tema lo que les permitió contar con «el pulso de esta situación a medida que iba ocurriendo».

«El período más crítico de muertes maternas en la historia del Uruguay»

Briozzo señaló que fue la grave situación de la población en período de gestación y la falta de monitorización nacional acerca de la misma lo que hizo que en ese momento acudieran a los medios para difundir este problema. Asimismo que solicitaran que «el gobierno tomara cartas en el asunto ya que teníamos experiencia de crisis anteriores, como la mortalidad materna por aborto en el año 2000- 2001». Subrayó que estas iniciativas se fundaron en una gran preocupación por la situación que vivía esta población así como por el deber que entiende les impone como universitarios el artículo 2 de la ley orgánica de la Udelar, de atender a los temas de interés general y facilitar su comprensión pública.

En cuanto a las repercusiones directas post COVID-19 en las embarazadas que se recuperaron luego de la enfermedad, Briozzo señaló que existe un síndrome post covid que es grave en la población general y también en la de embarazadas. Acotó que lo que más los ocupa hoy es la situación grave de mortalidad materna y la prevención de que ocurran nuevos fallecimientos en esta población, «que constituyeron el período más crítico de muertes maternas en la historia del Uruguay», expresó. Añadió que luego de salir de este período será necesario hacer un seguimiento de la evolución de la gravedad de la afección para el futuro.

En lo que se refiere al impacto de la pandemia en el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva manifestó que en términos generales esta se cumplió adecuadamente. Entiende que esto se debió principalmente a «un compromiso profesional del equipo multidisciplinario de salud sexual y reproductiva que mantuvo los servicios como prioridad máxima», señaló. Otro factor que favoreció el cumplimiento adecuado de esta ley fue que a nivel técnico se planteó en todo momento que las urgencias que no se podían diferir ni pasar a la virtualidad eran las consultas oncológicas, los controles de embarazo y la salud sexual y reproductiva. A pesar de esto entiende que hubo períodos, en especial al comienzo de la pandemia, en los que se vivió una gran incertidumbre con respecto al tema y probablemente haya disminuido la calidad de los servicios.

Briozzo considera que la primera medida que se debería tomar para revertir las consecuencias y repercusiones de la pandemia en la salud materno infantil a mediano y largo plazo, es disminuir la inequidad social, que entiende que es el fundamento de porqué muchas embarazadas se vieron afectadas por COVID-19. Entiende que la única forma para lograr esto es aumentar la inversión pública en políticas sociales para reformular los planes de seguridad social, como el programa Uruguay crece contigo que se presta a través del Ministerio de Desarrollo Social. En este momento se encuentra en trámite en el Parlamento un proyecto de ley, el Plan Integral de Atención y Protección de las Embarazadas, que establece un apoyo sistemático al embarazo de alta vulneración de derechos. Acotó que están completamente de acuerdo con el proyecto y lo apoyan, y esa fue la postura que trasmitieron al Parlamento el 8 de julio de 2021 cuando concurrió a dar una visión sobre el tema.

Otras medidas que Briozzo considera fundamentales para apoyar la salud y la vida de las mujeres son continuar trabajando en la disminución de la inequidad de género y mejorar la formación del equipo asistencial y el conocimiento de lo que sucede. «Cuando se es pro vida hay que serlo en todo y esto realmente ha demostrado que los pro vida y los pro derechos en materia de la salud de la mujer y de la primera infancia, somos los que defendemos estas políticas equitativas de salud con una visión de género y de disminuir el daño que provoca la inequidad económica y social», expresó.

Señaló también que la vacunación en las embarazadas es lo que está provocando la disminución de los casos graves y de los fallecimientos y por lo tanto en esta situación tan crítica que se vivió en el país es necesario apoyarla. En este sentido observó que se está desarrollando en forma aceptable pero todavía se dan situaciones que configuran un problema grave en este aspecto, entre ellas inicios de vacunación que todavía no se dan. Otras de estas situaciones son «los discursos inconscientes o irresponsables como una declaración reciente que da vergüenza de uno de los actores legislativos poniendo en duda el rol de las vacunas, así como posturas religiosas ultra fundamentalistas de grupos que promueven la ignorancia», manifestó.

Un análisis global de las pandemias

En un análisis más macro de las condiciones que desencadenan emergencias sanitarias como la del COVID-19, Briozzo sostuvo que el modelo de producción capitalista ha llegado a un punto tal que la única forma de desarrollo es continuar con la explotación abusiva, afectación y disminución de los recursos naturales. Considera que las consecuencias que ya se manifiestan en el medio ambiente, como el calentamiento global, el cambio climático, la deforestación, el uso de antibióticos en la ganadería intensiva, entre otras, se van a profundizar cada vez más. Entiende que esas son las condiciones que crean la posibilidad del aumento de las zoonosis a nivel mundial como la COVID-19 y que estamos frente a una nueva era, «la era de la sindemia», que integra tres grandes problemas actuales de la humanidad: el cambio climático, la obesidad y la malnutrición.

«Si no se mitiga esta situación vamos a tener más pandemias en el futuro cercano para lo cual debemos estar preparados con respuestas institucionales a escala de gobierno y de políticas públicas». Sostiene que no se pueden dejar librados estos temas a recomendaciones de grupos asesores honorarios por más talento y compromiso que posean, tiene que haber una política pública en la materia «y nos preocupa mucho que en la discusión parlamentaria y política no se está viendo esto como una de las lecciones principales para enfrentar el futuro que se nos viene», concluyó Briozzo.

(*) fuente UDELAR