La Justicia de Mercedes a través del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno informó a la Junta Departamental de Soriano que archivó “sin perjuicio” las actuaciones existentes a ese nivel “por no surgir en este momento elementos que acrediten la existencia de un presunto delito, referido a la muerte de las personas cuyos restos se encuentran en las urnas” que se retiraron oportunamente desde el Panteón del Círculo Policial de Soriano en el Cementerio de Mercedes.

Con fecha 3 de noviembre y la otra el viernes 18 del año 2011, estando separadas urnario por medio, la Justicia retiró dos urnas con restos humanos que no tenían identificación y que los libros coincidían con inscripciones referidas a NN, y que habrían sido inhumadas en plena dictadura militar donde hubo violaciones a los derechos humanos y aun permanecen decenas de personas desaparecidas. 

La denuncia fue presentada por la necesidad de preservar los restos que se encontraban depositados en urnas en el panteón del Círculo Policial de Soriano, en primera instancia identificándose una en el urnario N° 41 y posteriormente otra en el N° 43, en ambos casos, en el libro correspondiente se establece la frase “2 desconocidos” y ningún otro dato de los que habitualmente deben establecerse en los registros.

Cabe señalar que en el cementerio, no se da curso a ninguna inhumación si no se cuenta con la boleta correspondiente expedida por la oficina de la necrópolis, es decir que todo resto que ingrese para ser inhumado debe quedar registrado y allí surge otra situación irregular, las libretas que van desde 1972 a 1983 ¡desaparecieron!

Cuando en aquel momento nos presentamos en la oficina solicitando poder chequear determinada información, el funcionario señaló que estuvo buscando la documentación y que se encuentran libretas anteriores y posteriores a esos años, pero que las de ese período no fueron halladas. Esto debería motivar investigación interna de la comuna, especialmente consultando a quienes trabajaron en el lugar durante ese lapso.

Esto viene a colación pues otra situación relevante a investigar es una anotación que se encuentra en el libro de inhumaciones, donde reza: “1977 Marzo 14 restos varios “envió Direc. Investigaciones” y en el mismo renglón como destino “al urnario”.

Debemos señalar que allí falta registrar puntualmente a quien corresponden estos restos, a que nicho o urnario se derivaron y el lugar de fallecimiento, entre otros datos que no fueron precisados.

Cuando se constata por parte de la magistrada, Dra. María del Carmen Roybal ante el escrito presentado, que lo denunciado coincidía con lo que se apreciaba in situ, en primera instancia por medio de la actuaria Esc. Cristina Zefferino y el actuario adjunto Dr. Esc. Carlos Nieves, se procedió al retiro de una urna del urnario 41 y se llevó a Montevideo, al Instituto Técnico Forense para su preservación y eventualmente posterior investigación, eso ocurrió el 3 de noviembre.

En tanto que el viernes 18, el actuario Dr. Esc. Carlos Nieves incautó otra urna, esta vez del unario N° 43 y también fue derivada al ITF (Instituto Técnico Forense), en ambos casos luego de constatar en la documentación y abriendo la urna la presencia de restos no identificados, debidamente lacradas viajaron a la capital del país.

Al tomar conocimiento ante oficio de la Justicia solicitando información, las autoridades al momento de presentarse el escrito en la sede judicial del Círculo Policial se presentaron ante la Dra. María del Carmen Roybal poniéndose a las órdenes y señalando que no cuentan con registro de los restos allí depositados. Su presidente de entonces, Alejandro Reinoso manifestó sorpresa y preocupación, confirmando que no existe registro y que estaban a las órdenes de la Justicia para colaborar en la investigación.

Pero a su vez, la información llegaba al equipo de antropólogos liderados por José López Mazz, que están trabajando en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar. Ello determina la presencia en Mercedes de los antropólogos Octavio Naval y Alicia Luziardo, quienes dialogan con personal del cementerio, también con testigos de lo denunciado incluyendo autoridades del Círculo Policial, a la vez que informan sobre lo ocurrido y solicitan gestionar ante la Presidencia de la República, el traslado de la urnas desde ITF al centro de operaciones del equipo de antropología forense que lidera López Mazz.

Debe quedar claro que acá no existe certeza sobre si los restos de estos dos NN hallados en un lugar que nadie buscaría sin es que hay algo que esconder, corresponden a detenidos desaparecidos, si son precisamente los que fueron ingresados por Dirección de Investigaciones el 14 de marzo de 1977 y a qué Investigaciones se refiere allí, si a la policial o a la militar de esa época. Tampoco hay que descartar que no tengan relación ninguna con esta búsqueda, pero... Si no hay nada que ocultar, por qué desapareció la documentación de inhumaciones precisamente que abarca el período de represión en el que ocurrieron violaciones de derechos humanos que en varios casos terminaron en muerte, algunos sepultados debidamente y la mayoría aun figuran como desaparecidos.

La Justicia por su lado, los técnicos en apoyo de ella, son los que tienen las herramientas para investigar, sin embargo, las actuaciones se archivaron, más allá del “sin perjuicio” quienes corresponden estos restos, una tarea muy compleja y que demandará tiempo de trabajo.

Seguramente la Justicia deba recurrir a quienes trabajaban en Investigaciones tanto a nivel policial como militar en ese período para indagar al respecto, otro tanto con los funcionarios municipales que desarrollaban tareas en la necrópolis, es decir que debería ser mucha la gente a pasar por el Juzgado de Wilson Ferreira Aldunate y Varela, en la búsqueda de arrojar certeza sobre este tema por parte de la Justicia.

¿En qué etapa se está y qué pasó con las urnas? ¿Se investigó?

Pasado el tiempo, el tema fue presentado a nivel de la Junta Departamental de Soriano a través del Edil Enzo Malán y derivado a la Comisión de Derechos Humanos, quien el 4 de setiembre ppdo. envió oficio al Juzgado en el que se expresa: “La Comisión de Derechos Humanos de este Cuerpo, tiene en carpeta un expediente del Edil Enzo Malán, expresando su preocupación, por la supuesta aparición de urnas clasificadas NN en la necrópolis local.

De acuerdo a informes recibidos por la Administración Municipal surge que las urnas 41 y 43 fueron retiradas de la Necrópolis el 17/11/2011 por los actuarios Esc. Cristina Zefferin y Dr. Carlos Nieves con destino a esa sede judicial. 

Esta dictaminante manifiesta que: 1) Es de nuestro interés conocer la ubicación actual de las mencionadas urnas. 2) Si es posible de acuerdo a la instancia judicial en que se encuentra, conocer las conclusiones –si las hay- a que se ha arribado”.

Con fecha 11 de setiembre, se responde desde la sede judicial, con la firma de la Jueza Dra. María del Carmen Roybal y la Actuaria Esc. Cristina Zefferino, dirigida a la Comisión de DDHH, en la que se expresa: “Este Juzgado Letrado de Primera Instancia Mercedes de Primer Turno, en respuesta a su oficio 706/2012 se informa que las urnas retiradas de los nichos Nª 41 y Nª 43 del Panteón del Círculo Policial se encuentran en el Instituto Técnico Forense (Montevideo).

Que las actuaciones existentes en esta Sede se archivarán sin perjuicio y de conformidad con el Ministerio Público, por no surgir en este momento elementos que acrediten la existencia de un presunto delito referido a la muerte de las personas cuyos restos se encuentran en las urnas antes mencionadas.

Que las mismas serán devueltas a la brevedad al Cementerio local para la inhumación de los restos que contienen”, cosa que ya ocurrió.

En la respuesta de la magistrada no se establece con claridad si pudo identificarse los restos de las personas a las que corresponderían, si se investigó al personal de la Intendencia de esa época que aun vive, a funcionarios policiales y militares de ese momento, es decir si efectivamente se han cumplido todos los pasos posibles para terminar archivando un caso que presenta muchas más dudas que certezas. Más allá que la Comisión de DDHH de la Junta Departamental haya determinado el archivo del expediente, ello no debería quedar ahí, aunque está claro que la Corporación tiene muy limitado su campo de investigación, entre otras cosas porque no es obligación concurrir a sus citaciones o invitaciones a comisión, pero al menos podría intentarse ello. Hay muchas cosas que aclarar aún.

Fuente: Semanario ENTREGA2000 de Mercedes

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