El convenio tiene tres pilares fundamentales: el autoabastecimiento de las personas privadas de libertad, ya que anualmente se consumen 600.000 kilos de papa en los establecimientos penitenciarios; el ahorro, porque supone un gasto de unos US$ 650.000 para el Instituto Nacional de Rehabilitación, y el trabajo ya que serán las personas privadas de libertad las que proporcionarán la mano de obra.

“La ejecución de este convenio nos va a permitir algo de importante sensibilidad social y es que los presos trabajen, que puedan vencer el ocio y las adicciones. Van a ser muchos de ellos más libres. Trabajar en un oficio que es trabajar la tierra, bien puede ser aprovechado y nosotros también tener un mejor aprovechamiento de las casi 1.000 hectáreas como tenemos en los distintos centros carcelarios de todo el país”, señaló el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

En la primera etapa de implementación se prevé emplear a 46 internos de la Unidad N.º 2 (San José) ya que el establecimiento cuenta con 26 hectáreas de cañería para riego.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, también destacó el impacto positivo que tendrá este proyecto para la reinserción social de los internos. “Cuando el ministro Larrañaga nos planteó esta idea de ayudar de alguna manera a la gente privada de libertad, de mejorar su calidad de vida mientras cumplen con su condena y tener una preparación que les permita insertarse en el marco laboral una vez que salen, no dudamos que la solución estaba ahí cerquita, este es un convenio de ganar-ganar, donde nosotros tenemos el honor de ser simplemente articuladores, ponerlos en contacto y ser además testigos de esta gran obra para tener entre todos un mejor Uruguay”, dijo.

El convenio estipula que la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa (ANSEPA) capacite a funcionarios y personas privadas de libertad en el cultivo de un sector que se encuentra en permanente crecimiento. “Que sirva como puntapié inicial para poder de esa manera que los reclusos adquieran conocimientos y puedan adquirir por sobre todo herramientas para su futura reinserción en el campo laboral”, señaló Fernando Mietto, presidente de la Asociación.

Durante la jornada, además de la firma de este acuerdo, ambos ministros participaron de la entrega de 13 nuevas camionetas que tendrán como destino el trabajo en la seguridad rural en diferentes puntos del país. De esta forma, ya son 40 las camionetas con las que cuenta la Dirección Nacional de la Seguridad Rural en todo el país; restan entregar quince más.