La intersocial de Soriano convocó a una movilización  en la tarde  de este jueves, que se concentró en Plaza Independencia en reclamo de respuestas desde el Estado por urgencias del pueblo. También expresar una vez más su rechazo a la LUC.  En la oportunidad se dio lectura a una proclama que compartimos:  "El 13 de marzo Uruguay ingresó en una crisis sanitaria que sacudió al mundo entero. La pandemia desatada por el Covid-19 puso negro sobre blanco las desigualdades estructurales que las sociedades modernas engendraron. Relaciones de poder que día a día reproducen injusticias, violencia y un modelo de vida depredatorio del planeta.

La situación global no ha hecho otra cosa que profundizar estas desigualdades. Vivimos un tiempo histórico que requiere audacia, reflexión profunda y una enorme batalla cultural. No es posible admitir pasivamente que la que tenemos, es la única forma de vida a la que debemos resignarnos.

El machismo, el racismo, la desigualdad económica, son las consecuencias de un sistema que a diario genera injusticia. En todo este contexto la verdadera urgencia es luchar con todas nuestras fuerzas contra estas injusticias, que son incompatibles con la dignidad humana. La crisis sanitaria dio paso en el mundo a la profundización de estos problemas sociales que han quedado más que evidenciados, los cuales vienen precedidos de una brutal crisis mundial desatando una guerra comercial entre las grandes potencias tomando de rehenes al conjunto de la humanidad. La crisis en el mundo fundamentalmente la están pagando las y los trabajadores, mientras el gran capital cuenta con gobiernos cómplices que cuidan sus ganancias.

Respondimos desde el movimiento popular en nuestro país, con solidaridad inmediata, instalando a lo largo y ancho de la patria decenas de ollas populares, canastas de alimentos, brigadas solidarias. Las urgencias, las verdaderas urgencias de nuestro pueblo pasan por ahí, por su gente.

Al día de hoy casi 200.000 trabajadores han tenido que acceder al seguro de paro, 25% de los ocupados en situación de informalidad, lo que implica que existe más de 500.000 compatriotas con problemas de empleo. Se han perdido en el año, en el entorno de 100.000 puestos de trabajo; a lo que se agrega: la suba indiscriminada de las tarifas públicas, aumento de impuestos, y el alza de carácter especulativo del precio de los alimentos y los productos sanitarios.

Es urgente, atender los graves problemas de desigualdad de género que la pandemia profundiza. El confinamiento ha recrudecido la situación de violencia de género y la carga que, por la división sexual del trabajo, recae en las mujeres. Es necesario fortalecer la política de cuidados del Estado para contrarrestar estas situaciones.

El desempleo afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes, son urgentes políticas que atiendan esta situación. También es imprescindible fortalecer el acceso a los mecanismos de salud sexual y reproductiva que se ven afectados por la pandemia.

Otro de los aspectos que la pandemia pone al descubierto es la dolorosa realidad que viven a diario las personas en situación de calle. La pandemia desnuda como nunca antes la importancia de la lucha por la vivienda digna y adecuada. Sin embargo en la LUC entre otras cuestiones se aprueban los denominados desalojos exprés, lo cual traerá aparejado más gente sin vivienda y en situación de calle. Se hace indispensable contar con un Fondo Nacional de Vivienda, afectando con impuestos al patrimonio y que la financiación estatal no sufra recortes para paliar el déficit habitacional de 70.000 viviendas en el país. Los avances de una vocación represiva por parte del Estado han demostrado en este corto tiempo ser ineficaces. La falta de planificación pone en evidencia improvisaciones que, en un área tan sensible, generan duras consecuencias. La política de recortes anunciada por el gobierno, que apunta a una desprofesionalización de las políticas públicas, afecta especialmente en esta materia.

Hemos sido, desde el primer momento, responsables de los cuidados sanitarios. Acompañamos las medidas propuestas por la autoridad sanitaria. Promovimos protocolos para los cuidados de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y peleamos por protocolos en todos los centros de trabajo. Defendimos en todo momento, el rol del Estado, la importancia del Sistema Nacional Integrado de Salud, el papel del BPS, de la educación pública, del Ministerio de Desarrollo Social y las Empresas Públicas para garantizar servicios públicos de calidad. El actual rebrote del COVID-19 pone de manifiesto una vez más la importancia de contar con los trabajadores y trabajadoras de la salud en la primera línea de fuego, los cuales están sufriendo las consecuencias más que ningún otro sector.

Ante esta dolorosa realidad es que desde la Intersocial hemos promovido una serie de iniciativas que pretenden generar respuestas desde el Estado a esta situación.

Propusimos un ingreso transitorio de emergencia para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso; una canasta de precios especiales para los servicios públicos, que atienda especialmente a los sectores más vulnerables; medidas especiales que atiendan a la violencia machista, situación que se ha profundizado con el confinamiento; medidas que son parte de una plataforma integral de respuestas.

En ningún momento nos proponemos ser dueños de la verdad, es posible que existan medidas más adecuadas para dar respuesta a estas situaciones, lo inadmisible es que al día de hoy decenas de miles de compatriotas sigan desamparados ante esta situación.

Es en este marco que nuestro gobierno pone en discusión la LUC. Una ley que aborda reformas estructurales, que implanta una política represiva, que vulnera derechos, que desmantela mecanismos de protección. Una ley de retrocesos con todas las letras, que se aprueba en un formato que, tal cual lo plantea una investigación del centro de estudios parlamentarios del instituto de Ciencias Políticas, es de baja calidad democrática.

Nuestro país ha sido elogiado a nivel internacional por la capacidad de respuesta del Estado. Esto solamente ha sido posible, en virtud al rol estratégico que logra desplegar, en función del diseño institucional, de sus políticas sociales. La concepción social del Estado, sus fines y cometidos que se originan en la ampliación de la matriz de derechos. La LUC supone un recorte de estas capacidades del Estado que distinguen a Uruguay en el mundo.

La LUC supone un giro represivo, una concepción de sociedad y Estado restrictivo que busca que la sociedad civil no participe en una vida democrática plena y tienda a una concepción de un Estado policíaco, represivo.

La LUC tiende a concentrar las decisiones de la educación pública en el Poder Ejecutivo, privatizarla y excluir la participación democrática de los actores educativos. . Ningún país serio regala el destino de la educación. La tradición vareliana de la educación pública es un patrimonio nacional que no puede transformarse en moneda de cambio.

La aprobación de la LUC responde a una voluntad política de implementar una reforma estructural del Estado, donde el Presupuesto Nacional irá en sintonía. La LUC es el brazo ejecutor de un proyecto de ajuste que se va a traducir en el Presupuesto Nacional.

El Presupuesto Nacional es el principal instrumento de política económica. En él se concreta la orientación política del gobierno asignando prioridades. El anuncio de las autoridades de privilegiar las cuentas públicas en lugar de las políticas sociales, supone poner a la sociedad al servicio de la economía.

Desde el campo popular entendemos que la perspectiva del presupuesto debe ser la de atender las necesidades que tiene nuestra gente, las cuáles se han multiplicado con la crisis provocada por la pandemia. No es con menos Estado que podremos salir todos y todas, sin que nadie quede por el camino, sino todo lo contrario.

Ésta pandemia ha dejado claro, en el mundo y en nuestro país, el invalorable aporte que tiene lo público para el bienestar de toda la población. Ha sido la universidad, ha sido ANTEL, ha sido el SNIS, ha sido el Plan Ceibal, ejemplos de cómo el Estado puede ayudar y capitanear la lucha frente al COVID.

En este presupuesto, debemos seguir yendo por la misma línea. Revalorizando lo público, lo que es de todos. Es impostergable destinar presupuesto a sostener la educación pública, que ha demostrado sus fortalezas en todos los niveles, y que debe seguir siendo apuntalada. Es necesario fortalecer la inversión en vivienda, para que ningún uruguayo o uruguaya quede sin un techo, y también se fortalezca la generación de puestos de trabajo.

En estos inviernos tan fríos, es importante decir que no hay otro camino que el de la construcción de políticas públicas con participación social; que el desmantelamiento de las políticas sociales no es una opción de calidad; que es necesario acompañar a todas las personas que la están pasando en peores condiciones. Es necesario sostener también, que nadie puede morir dentro de su casa, y que se necesita más recursos para combatir la violencia de género como viene sosteniendo la Intersocial en su plataforma.

En definitiva, le exigimos al gobierno, que piense, ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es un presupuesto digno, que defienda los intereses de las grandes mayorías nacionales. Lo urgente es la gente, no la LUC.

Estamos convencidos y convencidas que la fuerza también es de la gente, que las posibilidades de transformación son por el camino de la negociación y la movilización. Esta realidad se  puede cambiar con la activa intervención del movimiento popular y todas sus organizaciones hermanadas en la Intersocial".

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