Esta es una de las conclusiones que surge del informe "Principales indicadores del sistema penal uruguayo. Informe del primer semestre de 2019", elaborado por el director del Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, el politólogo Diego Gonnet.

"El análisis del desempeño del sistema penal uruguayo en el primer semestre de 2019 arroja varios resultados que vale la pena señalar. En primer lugar, la capacidad para responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos ha crecido desde el inicio de la implementación el CPP y es actualmente mayor que en años anteriores en el marco del sistema inquisitivo. A manera de ejemplo, la cantidad mensual de imputaciones de personas es en promedio 8,6% mayor que en iguales meses de 2017 y 35,6% superior a la de 2014. En particular, la persecución de hurtos y rapiñas ha sido consistentemente más exitosa en el marco del CPP, ya desde el segundo trimestre de 2018. En promedio, entre febrero y junio de 2019 se lograron 28,3% más imputaciones de adultos por denuncias de hurto y 42,1% más por denuncias de rapiña que en 2017. Por otra parte, el 55,8% de las investigaciones de homicidios cometidos entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018 tiene al menos un imputado, condenado o se extinguieron por fallecimiento del mismo, al 14/07/2019", expresa el documento.

"En general, la mayor productividad del CPP ha permitido que el porcentaje de denuncias con al menos un imputado o resueltas por vía alternativa iguale o supere en el primer semestre de 2019 los niveles de años anteriores, pese al incremento notorio en la cantidad de denuncias registradas ocurrido entre 2017 y 2018. Además, se mantiene la expectativa de que los niveles de resolución de denuncias puedan seguir mejorando a medida que el nuevo sistema madura y todos los operadores involucrados (Fiscalía, Ministerio del Interior y Poder Judicial) mejoran su desempeño en este marco", agrega.

El informe destaca también que "más del 70% de las denuncias se resuelve mediante condena para al menos uno de los imputados, la inmensa mayoría de las cuales supone pena de prisión efectiva". En segundo lugar, expresa que "el uso de vías alternativas como la Suspensión Condicional del Proceso y el Acuerdo Reparatorio disminuyó desde 2018 a 2019". En efecto, en el primer semestre de 2019 el 15,3% de las investigaciones se resolvió por alguno de estos mecanismos, cuando en igual período del año anterior ese porcentaje era de 23,6%.

En cuanto a los Juicios Orales "la tendencia verificada en Uruguay es perfectamente compatible con la observada en otros países que llevaron adelante reformas procesales similares", menciona. "En efecto, para el primer semestre de 2019 los juicios orales concluidos o en curso (con acusación realizada) representaron el 5,0% de las investigaciones formalizadas. O dicho de otra manera, a veinte meses de iniciada la implementación del CPP en Uruguay, el 2,5% de las investigaciones se resolvieron por un juicio oral concluido, mientras que en Chile, a nueve años de iniciada la reforma procesal ese porcentaje alcanzaba el 3,4%",aporta.

También se confirma la mayor eficiencia del sistema acusatorio en términos de la rapidez con que se resuelven judicialmente las investigaciones. "Mientras que en 2017 los procesos penales inquisitivos duraban en promedio 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en Montevideo, esa extensión promedio fue de 23,7 días para las investigaciones en el marco del CPP culminadas en el primer semestre de 2019", indica.

En otro orden, vale repasar los efectos de la aplicación del nuevo proceso acusatorio sobre el sistema carcelario. "El alto porcentaje de personas privadas de libertad sin condena y el tiempo en que se mantenía dicha situación constituían un problema histórico en Uruguay, vulnerando el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, hacia fines de 2017 el 69,8% de los adultos privados de libertad permanecían sin condena. El CPP permitió que en once meses la cantidad de adultos penados en las cárceles uruguayas superara por primera vez la de aquellos con prisión preventiva. Y en junio de 2019 poco más de uno de cada tres privados de libertad permanecía en régimen de prisión preventiva", sostiene el texto.

"Los datos sobre cantidad de personas privadas de libertad zanjan en buena medida la discusión acerca de si el CPP establece o no un sistema menos punitivo hacia quienes cometen delitos que su antecesor proceso inquisitivo. Efectivamente se verificó un descenso de la cantidad de adultos privados de libertad desde seis meses antes de comenzar a aplicarse el CPP, que se profundizó y continuó hasta junio de 2018. Pero esa disminución parece obedecer fundamentalmente a que los diferentes operadores involucrados (Fiscalías, Policía, Juzgados, Defensoría, Instituto Técnico Forense, etc.) necesitaron unos meses para adaptarse a los nuevos procesos de trabajo y aprovechar los diferentes mecanismos de persecución penal que brinda. En efecto, posteriormente se retomó la tendencia histórica de crecimiento y al 31 de julio de 2019 había 11.121 privados de libertad, es decir, sólo 1,2% menos que el máximo histórico registrado en abril de 2017. Esto coloca nuevamente a Uruguay ante la perspectiva de mantener una de las tasas de prisionización más altas del mundo -con todos los costos sociales, económicos que conlleva- sin que esto genere en el largo plazo un correlato de disminución en la cantidad de delitos ocurridos", concluye el informe.

(*) fuente http://www.fiscalia.gub.uy

En documento adjunto puede accederse  al informe completo.