Integrantes de un grupo de ciudadanos cubanos que están residiendo en Uruguay desde hace meses, se comunicaron este martes con @gesor, para contar la situación de incertidumbre y nerviosismo que están sufriendo por estas horas, en vitud de
comunicación que les trasladó Fiscal que les dio plazo para desalojar la finca en que están viviendo, debiendo hacerlo este miércoles a las 14.00 horas.
Se trata de un grupo de 17 ciudadanos cubanos, hombres y mujeres, todos mayores de edad, quienes dialogaron con nuestra Agencia Soriano de Noticias señalaron, "fuimos a la Intendencia aquí en Montevideo, nos hicieron un papel diciendo que no teníamos que seguir pagando hasta que no arreglaran el local, pero el encargado y el dueño fueron a la Fiscalía nos hicieron una demanda y nos dieron una orden de desalojo para mañana (miércoles) a las 14.00 horas, sin celebrar juicio ninguno", de la finca ubicada en Maldonado 977 entre Julio Herrera y Wilson Ferreira de Montevideo.
Indicaron que fueron acusados de "usurpación y la cosa no es así, porque nosotros le pagábamos al encargado $ 4.500 por cama, cada uno, pero como nunca nos dieron un comprobante de pago, eso también nos embroma y nos están amenazando con meternos presos. En el grupo hay quienes llevan muy poquito tiempo en Uruguay, otros un poco más, tienen un trabajito, pero muchos no cuentan con el dinero para mañana irse a otro
lado. Hoy por el paro tenemos todo el cerrado, la Intendencia, el Mides, y mañana tenemos que desalojar acá, si no la Fiscal nos dice que nos va a meter presos a todos, imagínese en que situación estamos".
En su momento estos ciudadanos consultaron ante la Defensoría Pública Civil de Montevideo, allí la Dra. Zony Grey Lasso Martínez, encargada de la Defensoría Pública Civil matrícula 4324, les entregó una nota de su puño y letra con su firma, fechada el 6 de junio 2019, en la que expresa: "Están amparados por Decreto Ley 14219, por lo que para
disponibilidad de la habitación de casa de inquilinato (No es pensión) debe hacerse juicio de desalojo pertinente por vía civil".
De la mano con lo que expresa la encargada de la Defensoría Pública, también cuenta con nota del MVOTMA, de la Aseosría Técnica, Area Notarial, Registro de Pensiones, donde se
establece: "SE HACE CONSTAR QUE la finca sita en calle Maldonado N° 977 de esta ciudad, a la fecha NO está inscripta en el Registro de Pensiones a cargo de esta Secretaría de Estado. A solicitud de parte interesada, se expide el presente, en Montevideo el 6 de junio de 2019".
En ello es que seguramente se basó la Dra. Lasso Martínez para establecer que NO es pensión y por ello está contenida en el Decreto Ley mencionado y debe procederse a juicio de desalojo.
Los ciudadanos cubanos que concurrieron a la Fiscalía, que ellos identifican a la Fiscal como Nancy Hagopian se trata de la Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 14° Turno, quienes allí fueron "Alberto Lamarque Mustelier, Leonadis Avila Orduno, Nelson Cardoso, Luis Torres Betacour, tenemos audio de amenazas del dueño hacia uno de nosotros que íbamos a aportar como prueba, también los documentos que le enviamos ahora a ud. pero en la Fiscalía no nos dejaron presentaron nada, allí les hicieron firmar a los compañeros un papel diciéndole que si no firmaban iban presos ya, después que firmaron les dijeron que una persona que estaba a un costado era el abogado nuestro y nunca habló, no sabemos ni quien era, eso no se hace. Según nos dijo un abogado que consultamos después, eso está mal hecho, no puede ser así. Se aprovechan que somos extranjeros, pero fíjese que nosotros no podemos irnos mañana, así nomás, sin juicio ninguno, sin poder defendernos, sin derecho a decir las cosas como son, no pudimos defendernos, la Fiscal debe ser imparcial".
Consultados sobre si la persona a la que le pagaban por mes tiene alguna relación con el dueño de la finca, señalaron "sí es amigo del dueño, hace meses delante del dueño, que nunca se aparecía acá, lo desmentimos, que le dábamos la plata a él y él se le entregaba como le parecía, el dueño sabía que le estábamos dando la plata al encargado, nosotros queremos defendernos en Fiscalía, con las cosas como son, no queremos que vengan policía a sacarnos. Acá hay gente que lleva nueve meses en Uruguay, otros un año, el encargado nos dio al principio recibo de pago, y eso lo tenemos, después no nos dio más y obvio al no tenerlos él se agarra en que no pagamos. La Fiscal no les dio chance a los compañeros a mostrar ningún documento, solamente se limitó a decir "no necesito nada, ustedes tienen el desalojo y firmen aquí porque si no van presos ahora mismo", y pienso que una Fiscal no debe hacer eso. Recién en el final cuando les hicieron firmar porque si no iban en cana, les dijo "este es el abogado de ustedes", abogado que nunca habló, eso está mal hecho todo".
Con los tiempos contados por los plazos otorgados por la Fiscalía, estos ciudadanos volverán a la Defensoría Pública para contar lo que les está pasando, y que de acuerdo a lo que expresan, hay una clara diferencia de encarar las cosas. Mientras la Defensoría Pública en lo Civil considera que debe realizarse juicio de desalojo por esa vía, la que está actuando por usurpación es la Fiscalía en lo Penal. Mientras tanto hay 17 ciudadanos cubanos, lejos de su patria, que lógicamente sufren la incertidumbre por estas horas de ir a la calle en medio de una situación que no está clara.