La productividad del sistema acusatorio "continuó creciendo significativamente en el primer trimestre de 2019", según el informe presentado este martes por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación con datos cerrados a marzo. La presentación estuvo a cargo del politólogo Daniel Gonnet junto al Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz.
El promedio mensual de imputados o condenados en febrero y marzo de este año fue de 1.112 personas. De ellos, el 72% fue a prisión por condena o de forma preventiva y sólo el 9% de las personas permanece en libertad mientras continúa la investigación. En este contexto, la cantidad de personas privadas de libertad continúa recuperándose y superó desde marzo de 2019 el promedio registrado en los dos años y medio anteriores a la reforma procesal. De continuar la tendencia actual, es posible que hacia finales de 2019 se registre un nuevo récord histórico de adultos en prisión.

CONCLUSIONES
Los datos presentados en este informe permiten afirmar que:
1) La productividad del sistema acusatorio medida en términos de denuncias con al menos un imputado continuó creciendo significativamente en el primer trimestre de 2019. Se
observa un muy buen desempeño incluso durante la feria judicial mayor. No obstante, será necesario esperar al transcurso de 2019 para observar en qué nivel se estabilizan
estas cifras.
2) El promedio mensual de imputados o condenados en febrero y marzo de 2019 fue de 1.112 personas. De ellos, el 72% fue a prisión por condena o de forma preventiva.
3) Sólo el 9% de las personas permanece en libertad mientras continúa la investigación.
Esta cifra contrasta fuertemente con la presunción, frecuentemente expresada, de que al establecer la excepcionalidad de la prisión preventiva el CPP mantendría a la mayoría de los imputados en libertad mientras esperan la resolución judicial de su caso.
4) El desempeño del sistema penal en relación a las denuncias de hurtos y rapiñas continúa siendo mejor al exhibido antes de la reforma procesal. A manera de ejemplo, la cantidad promedio de adultos imputados o condenados por hurto en el bimestre febrero – marzo fue 16,1% mayor que en el primer trimestre de 2017 para las denuncias de hurto, y 18,8% mayor para las denuncias de rapiña.
5) Como se argumentó, ello no se explica exclusivamente por el aumento en la cantidad de denuncias registradas, sino que se advierte una mejora en la persecución penal de estos delitos.
6) La cantidad de personas privadas de libertad continúa recuperándose y superó desde marzo de 2019 el promedio registrado en los dos años y medio anteriores a la reforma
procesal. Es decir que al comenzar a normalizarse la capacidad del sistema acusatorio para lograr imputaciones y condenas la cantidad de PPL volvió al nivel de los últimos años. En efecto, de continuar la tendencia actual, es posible que durante 2019 se registre un nuevo récord histórico de adultos en prisión.
Como se ha indicado en anteriores informes, las reglas del proceso penal condicionan fuertemente el funcionamiento del sistema porque definen cómo se llevan adelante las
investigaciones y cuáles son las vías posibles de resolución de los conflictos.
Sin embargo, los resultados obtenidos no se explican exclusivamente ni en forma mecánica por dichas reglas. Por el contrario, dependen también de cómo estas sean aplicadas,
es decir, de cómo se desempeñen en cada momento en relación a sus responsabilidades específicas las diferentes instituciones que deben actuar, en particular, el Ministerio del Interior,
Prefectura Nacional Naval, fiscalías, juzgados, defensoría e Instituto Técnico Forense.
La evolución de los diferentes indicadores referidos en este informe revela que a menos de un año y medio de comenzar su implementación el CPP está permitiendo al conjunto del
sistema penal lograr resultados iguales o superiores a los obtenidos antes de la reforma, al menos con respecto a las dimensiones aquí reseñadas.
Esto refuerza la hipótesis de que, sin perjuicio de ajustes que puedan requerirse a futuro, el Código del Proceso Penal otorga herramientas legales eficaces y eficientes para mejorar la persecución penal y en definitiva, disminuir la impunidad.

Fuente: Fiscalía General de la Nación