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El gobierno nacional transfirió a los gobiernos departamentales durante 2017 casi 578 millones de pesos (alrededor de 20 millones de dólares) por concepto de subsidio al alumbrado público.
El objetivo de este subsidio es lograr para el fin del quinquenio la eliminación del mercurio; tener un parque eficiente, 100% medido y georreferenciado; y cuantificar el ahorro acumulado de energía y las emisiones de CO2 evitadas.
El subsidio de alumbrado público consta de dos partidas. La primera subsidia hasta el 40% de la facturación de UTE de las intendencias por concepto de alumbrado público medido. En 2017 esa modalidad representó algo más de 417, 3 millones de pesos.
La segunda partida del subsidio opera como incentivo por eficiencia energética para que los gobiernos departamentales puedan lograr los objetivos arriba mencionados. En este caso el subsidio ascendió a 160,5 millones de de pesos.
La Intendencia que recibirá más fondos por este último concepto es la de Maldonado: percibirá 28,1 millones de pesos, un 17,52% del total del subsidio por eficiencia energética.
Estas partidas derivan de un acuerdo logrado en 2015 entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, que luego se expresara en la Ley de Presupuesto Nacional.
Cabe recordar que desde 2005 el gobierno nacional viene alcanzando amplios acuerdos con los intendentes de los 19 departamentos del país, de forma tal de crear, nutrir y desarrollar las herramientas que permitan la mejor prestación de los servicios públicos a su cargo, la sustentabilidad institucional y el desarrollo de las políticas de descentralización.
Fruto de estos acuerdos, las transferencias globales desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales crecieron un 125% en términos reales entre los años 2004 y 2017, pasando de menos de 7 mil a 15.500 millones de pesos.
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