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El pasado 1 de noviembre se implementó el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), el cual enfrenta varios inconvenientes en distintas áreas.
Por este motivo, el pasado lunes, la Asociación de Fiscales del Uruguay (AFU) reclamó que se modifique el régimen de trabajo, por entender que se están "violentando los derechos laborales", ya que deben trabajar más de 12 horas diarias.
La presidenta de la AFU, Dora Domenech, dijo a La Mañana de El Espectador que "la forma en la que se ha implementado es absolutamente caótica. Se pensó y se proyectó en una torre de marfil, no se bajó, no se tuvo un cable a tierra, y los fiscales, que debemos enfrentarnos a la realidad, nos encontramos con un panorama absolutamente indominable".
Contó que la ley establece que los magistrados deben trabajar en turnos de 12 horas pero en muchos casos las jornadas se extienden a 14 horas o más. "Es impensable que un fiscal pueda desempeñar todas las tareas administrativas que se le han encargado de forma simultánea al trabajo técnico. Eso va en desmedro a su eficiencia. Es impensable que un fiscal que ha trabajado de esa manera una noche o un día entero se presente al otro día al Poder Judicial a pedir una audiencia de formalización, y tengan la lucidez para desempeñarse en la tarea técnica", expresó la fiscal.
Domenech manifestó que la Policía "hace lo que puede, porque también está haciendo un esfuerzo de adaptación, pero no siempre se sabe de qué manera hay que instrumentar la comunicación o como se deben efectivizar en los hechos ciertas diligencias", pero destacó que las dificultades para trabajar son mayores con el Poder Judicial ya que hay varios jueces que no estaban instruidas en las formas de librar las órdenes de detención.
"En la madrugada me vi obligada a llamar en dos oportunidades a diferentes jueces que estaban en turno y pedirles las órdenes de detención, y me encontré con la sorpresa de que estas magistradas no tenían una idea clara de cómo hacerlas", explicó la fiscal, quien añadió: "me llegaron a decir que no tenían los medios, que no tenían cómo llevar la orden a ningún lado, y que ni siquiera tenían una computadora para hacer la orden de detención".
"Es muy fácil escribirlo, planificarlo, pero llevarlo a la práctica y tener éxito es una etapa muy diferente. (…) Los fiscales estamos para lo técnico, para lo jurídico. Esto es imposible de manejar de esta manera, nos tiene bastantes molestos e indignados. Se nos está agotando después de estas jornadas interminables de trabajo", sentenció.
La magistrada opinó que "este gran cambio se hizo sin los medios necesarios", y agregó que "no podemos copiar a otros países que invirtieron millonadas de dólares, y que tiene otros recursos, porque el Uruguay no los tiene".
Se realizó una reunión bipartita entre la Fiscalía General de la Nación y la Asociación de Fiscales
En el marco de lo establecido por la ley Nº 18.508 de negociación colectiva en el sector público, en la mañana del martes 14 de noviembre se realizó una reunión bipartita entre el equipo de gestión de la Fiscalía General de la Nación y representantes de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU).
Participaron de la reunión por la Fiscalía el Fiscal Adjunto de Corte, Ariel Cancela, la Directora de Implementación del Proceso Penal Acusatorio, Patricia Marquisá y el Secretario General de la institución, Ignacio Montedeocar. Como representantes del gremio concurrieron los fiscales Dora Domenech (presidenta), Gustavo Zubía (vicepresidente), Brenda Puppo, Raúl Iglesias, Susana Rivadavia y Ana Rodríguez.
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, intervino unos pocos minutos en el encuentro porque luego debió retirarse a un evento organizado por la Unión Europea y a recibir al Fiscal General de España, que visitó Uruguay. En su corta intervención, Díaz manifestó que debe tenerse presente que la reforma “se instaló para quedarse” por lo que es necesario recoger las propuestas de ambas partes para “corregir lo que haya que corregir” en la implementación del nuevo proceso penal con una “perspectiva dinámica”. Al retirarse expresó que el equipo de la Fiscalía presente en la reunión cuenta con todo su “respaldo” para seguir conversando sobre los puntos planteados.
Los representantes del gremio de los fiscales subrayaron que no están en contra el proceso acusatorio, al que consideran mejor que el régimen anterior, ni está en su ánimo cuestionar la autoridad del Fiscal de Corte. Señalaron que presentan sus opiniones para que se tomen en cuenta en el marco de la implementación.
En ese contexto, el equipo de la Fiscalía presentó una propuesta para corregir algunos de los inconvenientes que se han observado en los primeros días de aplicación del nuevo proceso penal que comenzó a funcionar el 1° de noviembre. En grandes líneas, se propuso aumentar la cantidad de fiscalías dedicadas a flagrancia de 9 a 12 y dotarlas de mayor apoyo de funcionarios administrativos. También se propuso realizar ajustes en la comunicación con la Policía y en aspectos funcionales con el Poder Judicial y mejorar el sistema de transporte y traslado de los fiscales.
A la reunión se sumaron técnicos que han trabajado en el desarrollo del programa informático que da soporte a la reforma, conocido como SIPPAU. Los técnicos explicaron los contratiempos que han tenido y los avances que se han registrado para corregirlos. En ese marco, se estableció que se va a mejorar el apoyo operativo y de capacitación en el software.
Los representantes gremiales se llevaron la propuesta para estudiarla y discutirla y se fijó una próxima reunión bipartita para el martes 21 de noviembre.
(*) información extraída de www.espectador.com y www.fiscalia.gub.uy
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El pasado 1 de noviembre se implementó el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), el cual enfrenta varios inconvenientes en distintas áreas.
Por este motivo, el pasado lunes, la Asociación de Fiscales del Uruguay (AFU) reclamó que se modifique el régimen de trabajo, por entender que se están "violentando los derechos laborales", ya que deben trabajar más de 12 horas diarias.
La presidenta de la AFU, Dora Domenech, dijo a La Mañana de El Espectador que "la forma en la que se ha implementado es absolutamente caótica. Se pensó y se proyectó en una torre de marfil, no se bajó, no se tuvo un cable a tierra, y los fiscales, que debemos enfrentarnos a la realidad, nos encontramos con un panorama absolutamente indominable".
Contó que la ley establece que los magistrados deben trabajar en turnos de 12 horas pero en muchos casos las jornadas se extienden a 14 horas o más. "Es impensable que un fiscal pueda desempeñar todas las tareas administrativas que se le han encargado de forma simultánea al trabajo técnico. Eso va en desmedro a su eficiencia. Es impensable que un fiscal que ha trabajado de esa manera una noche o un día entero se presente al otro día al Poder Judicial a pedir una audiencia de formalización, y tengan la lucidez para desempeñarse en la tarea técnica", expresó la fiscal.
Domenech manifestó que la Policía "hace lo que puede, porque también está haciendo un esfuerzo de adaptación, pero no siempre se sabe de qué manera hay que instrumentar la comunicación o como se deben efectivizar en los hechos ciertas diligencias", pero destacó que las dificultades para trabajar son mayores con el Poder Judicial ya que hay varios jueces que no estaban instruidas en las formas de librar las órdenes de detención.
"En la madrugada me vi obligada a llamar en dos oportunidades a diferentes jueces que estaban en turno y pedirles las órdenes de detención, y me encontré con la sorpresa de que estas magistradas no tenían una idea clara de cómo hacerlas", explicó la fiscal, quien añadió: "me llegaron a decir que no tenían los medios, que no tenían cómo llevar la orden a ningún lado, y que ni siquiera tenían una computadora para hacer la orden de detención".
"Es muy fácil escribirlo, planificarlo, pero llevarlo a la práctica y tener éxito es una etapa muy diferente. (…) Los fiscales estamos para lo técnico, para lo jurídico. Esto es imposible de manejar de esta manera, nos tiene bastantes molestos e indignados. Se nos está agotando después de estas jornadas interminables de trabajo", sentenció.
La magistrada opinó que "este gran cambio se hizo sin los medios necesarios", y agregó que "no podemos copiar a otros países que invirtieron millonadas de dólares, y que tiene otros recursos, porque el Uruguay no los tiene".
Se realizó una reunión bipartita entre la Fiscalía General de la Nación y la Asociación de Fiscales
En el marco de lo establecido por la ley Nº 18.508 de negociación colectiva en el sector público, en la mañana del martes 14 de noviembre se realizó una reunión bipartita entre el equipo de gestión de la Fiscalía General de la Nación y representantes de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU).
Participaron de la reunión por la Fiscalía el Fiscal Adjunto de Corte, Ariel Cancela, la Directora de Implementación del Proceso Penal Acusatorio, Patricia Marquisá y el Secretario General de la institución, Ignacio Montedeocar. Como representantes del gremio concurrieron los fiscales Dora Domenech (presidenta), Gustavo Zubía (vicepresidente), Brenda Puppo, Raúl Iglesias, Susana Rivadavia y Ana Rodríguez.
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, intervino unos pocos minutos en el encuentro porque luego debió retirarse a un evento organizado por la Unión Europea y a recibir al Fiscal General de España, que visitó Uruguay. En su corta intervención, Díaz manifestó que debe tenerse presente que la reforma “se instaló para quedarse” por lo que es necesario recoger las propuestas de ambas partes para “corregir lo que haya que corregir” en la implementación del nuevo proceso penal con una “perspectiva dinámica”. Al retirarse expresó que el equipo de la Fiscalía presente en la reunión cuenta con todo su “respaldo” para seguir conversando sobre los puntos planteados.
Los representantes del gremio de los fiscales subrayaron que no están en contra el proceso acusatorio, al que consideran mejor que el régimen anterior, ni está en su ánimo cuestionar la autoridad del Fiscal de Corte. Señalaron que presentan sus opiniones para que se tomen en cuenta en el marco de la implementación.
En ese contexto, el equipo de la Fiscalía presentó una propuesta para corregir algunos de los inconvenientes que se han observado en los primeros días de aplicación del nuevo proceso penal que comenzó a funcionar el 1° de noviembre. En grandes líneas, se propuso aumentar la cantidad de fiscalías dedicadas a flagrancia de 9 a 12 y dotarlas de mayor apoyo de funcionarios administrativos. También se propuso realizar ajustes en la comunicación con la Policía y en aspectos funcionales con el Poder Judicial y mejorar el sistema de transporte y traslado de los fiscales.
A la reunión se sumaron técnicos que han trabajado en el desarrollo del programa informático que da soporte a la reforma, conocido como SIPPAU. Los técnicos explicaron los contratiempos que han tenido y los avances que se han registrado para corregirlos. En ese marco, se estableció que se va a mejorar el apoyo operativo y de capacitación en el software.
Los representantes gremiales se llevaron la propuesta para estudiarla y discutirla y se fijó una próxima reunión bipartita para el martes 21 de noviembre.
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