El nuevo Código de Proceso Penal es una ley que renueva la forma en que se desarrollan los juicios para determinar si la persona sospechada ha cometido un delito y cuál debe ser la pena que cumplirá por esa causa.

Dicha norma comenzará a regir el 1º de noviembre permitiendo que la persecución penal sea más ágil, eficiente y garantista.

Una de las transformaciones fundamentales tiene que ver con los nuevos roles: el fiscal investigará con apoyo de la policía y acusará si es necesario, los defensores, ya sean abogados particulares o defensores públicos representarán a sus clientes en el juicio y, por último, los jueces se dedicarán exclusivamente a juzgar con imparcialidad

Los procesos serán orales y se parecerán más a lo que vemos en las películas norteamericanas, aunque sin jurado.

Otro cambio importante tiene que ver con la transparencia: la ciudadanía tendrá la posibilidad de controlar lo que pasa en los juicios penales porque las audiencias serán públicas.

Esto implica que, salvo los casos en los que esté expresamente prohibido, cualquier persona podrá ingresar a una audiencia y se permitirá a los medios de comunicación seguir el desarrollo de la misma.

El Código asigna a las víctimas un lugar destacado en el nuevo proceso penal, lo que no ocurre hoy en día.

La Fiscalía será la encargada de atenderlas y protegerlas. Podrán participar de todo el proceso, proponer prueba e incluso oponerse a una solicitud de archivar el caso por parte de un fiscal.

De esta forma, se prevé que el proceso penal sea más eficiente. Permitirá las investigaciones de contexto y el cruce de información sobre los casos para atacar mejor a las organizaciones criminales.

En estas transformaciones están de acuerdo todos los poderes públicos, por lo que constituye una verdadera política de Estado.

El Parlamento sancionó la ley por amplia mayoría, dotándola del consenso y la legitimidad necesaria que debe tener una transformación tan profunda y beneficiosa como la planificada.

La Fiscalía, que desde agosto de 2015 es un servicio descentralizado, está capacitando fuertemente a los fiscales para que dirijan las investigaciones de los casos. De forma similar, el Poder Judicial viene instruyendo a sus magistrados para encarar las exigencias del cambio.

En base a criterios de gravedad e impacto se van a priorizar unos delitos sobre otros con el objetivo de atacar a las organizaciones criminales y a los mercados ilícitos que están detrás de los crímenes.

La nueva policía también está profesionalizándose:

Una policía mejor equipada, con tecnologías de última generación para el esclarecimiento de los delitos junto a una preparación más profesional de sus efectivos, hacen de la misma un apropiado auxiliar de la Justicia para acompañar los cambios en curso.

En este contexto el Poder Judicial mantiene su cometido de constituirse en la garantía última de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la República.

Los jueces escucharán los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa para luego juzgar con independencia e imparcialidad.

Es decir, que tendrán la última palabra para decidir si una persona es responsable de haber cometido un delito o no.

De esta manera Uruguay se ubicará nuevamente a la cabeza del derecho internacional, fiel a su rica tradición democrática, respetuosa de los derechos humanos de todos.

(*) Fuente: División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia.