(por Aldo Roque Difilippo)  Jacqueline Gurruchaga fue Edila hasta el período anterior en la Junta Departamental de Soriano. Durante los años de la dictuadura cívico-militar sufrió la cárcel y la tortura, y en el 2011, junto a un grupo integrado por 28 mujeres presentó una denuncia penal contra militares y civiles que participaron de delitos de tortura; y por primera vez ataques a la integridad sexual. Hechos ocurridos en diferentes dependencias militares, policiales y centros de reclusión clandestinos. Por primera vez también la denuncia incluyó a hechos ocurridos en Mercedes.

Por esa denuncia comparecieron dos ex militares que terminaron inculpando a Héctor Amodio Pérez. En diálogo con @gesor Jacqueline Gurruchaga recordó que “nosotras a él no lo denunciamos, fue nombrado por los militares que nosotras si denunciamos. Dos militares, uno del Batallón 9no. y otro del Florida. Lo mencionan, y en esas circunstancias es que la Jueza que está llevando nuestro caso lo llama y la Fiscal entiende que tuvo que ver con la detención de personas que fueron sometidas a delitos de lesa humanidad, y que en algunos casos terminaron en la muerte”.

Ustedes iniciaron esta denuncia en el año 2011. ¿Cómo evaluás el proceso? ¿Ha avanzado lo que ustedes esperaban?

-Ha sido muy lento. Nos tocó un juez con el cual todas tuvimos que ir a ratificar, porque presentamos nuestra denuncia por escrito. Nombramos a unos 150 militares de distintos Cuarteles y centros de detención clandestinos, y después las 28 fuimos a ratificar la denuncia. Inmediatamente que ratificamos nuestra denuncia el juez fue cambiado, lo pasaron para otro juzgado, entonces nos pusieron esta jueza que es Julia Staricco, que para nosotros nos sentimos mal, aunque la señora está actuando correctamente, pero no escuchó de nuestra voz, y no nos preguntó (sobre lo denunciado). En mi caso si porque vino hasta Mercedes, pero en el caso de las otras compañeras no hubo ratificación u oportunidad de preguntar y repreguntar en un caso muy complejo.

Por otro lado la Jueza le ha pedido al Ministerio de Defensa para citar a los militares y no ha obtenido en ningún momento la colaboración del Ministro de Defensa en cuanto a direcciones, porque son militares de distintos departamentos, no se ha tenido ningún tipo de colaboración. Se ha tenido que basar en el BPS y en otras oficinas públicas, y no se ha tenido la colaboración para mandar las citaciones de esos militares.

Después de los 150 que denunciamos en concreto, 148 no fueron, sólo fueron dos, Lucero (Asencio) y el otro ( Orosmán Pereyra) y lo mencionaron a Amodio, los demás se negaron a concurrir, algunos estando detenidos no son conducidos por la fuerza. Vos por ejemplo si tenés un choque y te mandan buscar y no vas va un policía y te lleva por la fuerza. A ellos aunque estén presos no los obligan a ir, y mandan a decir que se niegan a ir porque los delitos están prescriptos. Ellos creen que están prescriptos. No es que se nieguen a ir porque dicen no cometí el delito. Dicen sus abogados no voy porque eso ya prescribió.

Bueno, ya pasó por el Tribunal de Apelaciones que dijo que puede continuar la jueza porque los delitos no prescribieron, porque no se cuentan los años que estuvo la Ley de Caducidad vigente, y tampoco los que hubo dictadura, entonces los presentamos ahora porque se supone que hay un poco de justicia y pudimos presentar la denuncia.

Así que ha sido un proceso más lento de lo que ustedes presumían.

 -Lo que imaginábamos sí. Lo que pudimos hacer fue ratificar la denuncia, presentar testigos, en el caso mio hasta personas que estaban trabajando en el Cuartel (Mercedes) salieron de testigos de lo que ellos veían. Después nosotras nos ofrecimos para que forensen y siquiatras analizaran y vieran huellas que pudiesen haber quedado desde el punto de vista siquiátrico o sicológico a raíz de la cárcel y la tortura. Eso pasamos todas por médicos legales puestos por la justicia, pero los que no han ido son los militares.

(*) foto Nº 2:  Noviembre 2012, la Jueza  Julia Staricco, testigos y personal judicial en el reconocimieto al ex Cuartel   de Mercedes en la causa iniciada por las 28 presas políticas. Archivo de Agesor.

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