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(por Roger Rodríguez) El prófugo capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales de la Armada uruguaya viajaron en el “puente aéreo” a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, veinticuatro horas antes de que, en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, se realizara un secuestro masivos de ciudadanos uruguayos vinculados a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), quienes fueron torturados en los pozos de Banfield y Quilmes, para finalmente ser trasladados a Uruguay donde todavía permanecen en condición de desaparecidos.
El documento, que nunca se había hecho público hasta ahora, fue desclasificado por el equipo de trabajo que encabeza el profesor Alvaro Rico ante la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz en la Presidencia de la República, y ya fue enviado a Italia para que se constituya como prueba en el Tribunal de Roma, donde este jueves 12 de febrero comienza las audiencias contra los mandos militares y civiles de las dictaduras del Cono Sur que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco de la coordinación Cóndor.
El "Processo Cóndor" es una causa dividida en tres segmentos: en uno, Procedimiento 2/05 se acusa al militar boliviano Luis Arce Gómez y otros 19 represores de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay; en un segundo caso, el Procedimiento 3/05 se encausa al general Gregorio Álvarez, otros diez represores que están presos (Ricardo Arab, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Ramas, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ernesto Soca, Juan Larcebeau, Jorge Sande y Ricardo Medina), al ex canciller Juan Carlos Blanco, también preso, y a los militares Iván Pauló, Ricardo Chávez Dominguez y Pedro Mato, quienes se mantienen en libertad.
En la audiencia preliminar celebrada en diciembre último, el Tribunal de Roma a instancia del fiscal Gianncarlo Capaldo, incorporó un tercer bloque de acusación, centrado en el prófugo capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, quien a mediados de los noventa, luego de ser denunciado por la revista Posdata, tramitó su ciudadanía italiana y fugó a ese país para no ser extraditado a Uruguay. La extradición no se concedió por razones burocráticas, pero ahora se resolvió juzgarlo la requisitoria uruguaya y por el Plan Cóndor. Ahora en Roma, se indica que un "italiano" está en la lista de criminales de lesa humanidad del terrible Plan Cóndor.
PRUEBA CONTRA TRÓCCOLI
El 21 de diciembre de 1977 en Argentina fueron secuestrados los matrimonios de Alberto Corchs Laviña y Elena Paulina Lerena Costa, y de Eduardo Sabino Dossetti Techera e Iliana Sara García Ramos. También ese día capturan a Alfredo Fernando Bosco Muñoz. Al día siguiente son detenidos Julio César D'Elía Pallares y su esposa embarazada Yolanda Iris Casco Gelphi, Raúl Edgardo Borelli Cattáneo y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. Y el 23 de diciembre, el operativo son contra Gustavo Alejandro Goicoechea Camacho y su esposa, Graciela Noemí Basualdo Noguera; José Mario Martínez y su mujer, María Antonia Castro Huerga; y sobre Aída Celia Sanz Fernández, embarazada, y su madre, Elsa Haydée Fernández Lanzani.
El desclasificado documento de la Dirección Nacional de Migraciones (Libro Fluvial de Carrasco, fechado en diciembre de 1977), constata que el 20 de diciembre de 1977 en el Vuelo AR 215, Nave LV-JMZ, partieron desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Aeroparque, Argentina, los oficiales de Inteligencia de la Armada uruguaya Jorge Tróccoli (CI. 1.075.555), Ricardo Dupont (CI. 1.133.880) y José Uriarte (CI. 1.110.950). Los tres pertenecían al (FUSNA) y estaban operando contra los GAU, varios de los cuales habían sido detenidos días antes. Tróccoli era el pasajero 37.
A la desaparición de los GAU se sumó la de otros uruguayos que también fueron secuestrados en diciembre de aquel año: "Peludos" del MLN, militantes PCR, del PST y la ROE, que intentaban unirse contra la dictadura en torno a la Unión Artiguista de Liberación (UAL). Cayeron bajo las garras del Cóndor: Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro (esposo de Aída Sanz), Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura y su esposa, Carolina Barrientos Sagastibelza (Argentina), Gustavo Raúl Arce Viera y Raúl Gámbaro Núñez, Alfredo Moyano Santander y su esposa -también embarazada María Asunción Artigas Nilo; y Célica Elida Gómez Rosano
La mayoría de los uruguayos secuestrados en diciembre fue luego vista en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y COT-1 Martínez. Los testimonios indican que todos fueron torturados e interrogados por oficiales militares uruguayos que participaron de sus capturas. Tróccoli negó su participación y dijo que entonces había realizado cursos en Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. Su testimonio judicial (previo a fugarse) ha quedado ya descalificado, al confirmarse que la base de Puerto Belgrano era el comando de la represión naval. Al respecto, nunca fueron interrogados los oficiales Dupont y Uriarte, quienes continúan radicados en Uruguay.
LA INVESTIGACIÓN CAPALDO
El fiscal Gianncarlo Capaldo investigó durante diez años la coordinación represiva del Plan Cóndor. Su trabajo comenzó en 1999 cuando se pidió a Roma la instrumentación de una causa de justicia internacional ante las leyes de punto final, amnistía y caducidad que regían en sudamérica. Cuando había terminado su indagatoria y formalizó la acusación contra mandos militares y civiles de las dictaduras, se inició un proceso en el que se presentaron más pruebas y querellantes hasta la formalización de las audiencias este jueves.
El gobierno italiano tendrá que aprobar, además, la citación, traslado y alojamiento de 109 personas que han sido presentados como testigos o querellantes por parte de la fiscalía, quien parece haber planificado un juicio con características políticas ya que no parece posible comprobar la participación directa de los acusados (la mayoría de ellos ausentes) en los crímenes, pero sí resultará evidente su responsabilidad política. Eso explica que mandos militares de un país aparezcan inculpados del crimen sobre un ciudadano de un segundo país, ocurrido en un tercer país. Eso demostraría el verdadero nivel de la coordinación represiva.
Entre los acusados, hay once chilenos (entre los que figuran los generales Sergio Arellano Stark, Manuel Contreras y Daniel Aguirre Mora), cuatro peruanos (que incluyen al ex presidente general Francisco Morales Bermúez) y como acusado boliviano está el dictador Luis García Meza Tejada.
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(por Roger Rodríguez) El prófugo capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales de la Armada uruguaya viajaron en el “puente aéreo” a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, veinticuatro horas antes de que, en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, se realizara un secuestro masivos de ciudadanos uruguayos vinculados a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), quienes fueron torturados en los pozos de Banfield y Quilmes, para finalmente ser trasladados a Uruguay donde todavía permanecen en condición de desaparecidos.
El documento, que nunca se había hecho público hasta ahora, fue desclasificado por el equipo de trabajo que encabeza el profesor Alvaro Rico ante la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz en la Presidencia de la República, y ya fue enviado a Italia para que se constituya como prueba en el Tribunal de Roma, donde este jueves 12 de febrero comienza las audiencias contra los mandos militares y civiles de las dictaduras del Cono Sur que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco de la coordinación Cóndor.
El "Processo Cóndor" es una causa dividida en tres segmentos: en uno, Procedimiento 2/05 se acusa al militar boliviano Luis Arce Gómez y otros 19 represores de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay; en un segundo caso, el Procedimiento 3/05 se encausa al general Gregorio Álvarez, otros diez represores que están presos (Ricardo Arab, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Ramas, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ernesto Soca, Juan Larcebeau, Jorge Sande y Ricardo Medina), al ex canciller Juan Carlos Blanco, también preso, y a los militares Iván Pauló, Ricardo Chávez Dominguez y Pedro Mato, quienes se mantienen en libertad.
En la audiencia preliminar celebrada en diciembre último, el Tribunal de Roma a instancia del fiscal Gianncarlo Capaldo, incorporó un tercer bloque de acusación, centrado en el prófugo capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, quien a mediados de los noventa, luego de ser denunciado por la revista Posdata, tramitó su ciudadanía italiana y fugó a ese país para no ser extraditado a Uruguay. La extradición no se concedió por razones burocráticas, pero ahora se resolvió juzgarlo la requisitoria uruguaya y por el Plan Cóndor. Ahora en Roma, se indica que un "italiano" está en la lista de criminales de lesa humanidad del terrible Plan Cóndor.
PRUEBA CONTRA TRÓCCOLI
El 21 de diciembre de 1977 en Argentina fueron secuestrados los matrimonios de Alberto Corchs Laviña y Elena Paulina Lerena Costa, y de Eduardo Sabino Dossetti Techera e Iliana Sara García Ramos. También ese día capturan a Alfredo Fernando Bosco Muñoz. Al día siguiente son detenidos Julio César D'Elía Pallares y su esposa embarazada Yolanda Iris Casco Gelphi, Raúl Edgardo Borelli Cattáneo y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. Y el 23 de diciembre, el operativo son contra Gustavo Alejandro Goicoechea Camacho y su esposa, Graciela Noemí Basualdo Noguera; José Mario Martínez y su mujer, María Antonia Castro Huerga; y sobre Aída Celia Sanz Fernández, embarazada, y su madre, Elsa Haydée Fernández Lanzani.
El desclasificado documento de la Dirección Nacional de Migraciones (Libro Fluvial de Carrasco, fechado en diciembre de 1977), constata que el 20 de diciembre de 1977 en el Vuelo AR 215, Nave LV-JMZ, partieron desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Aeroparque, Argentina, los oficiales de Inteligencia de la Armada uruguaya Jorge Tróccoli (CI. 1.075.555), Ricardo Dupont (CI. 1.133.880) y José Uriarte (CI. 1.110.950). Los tres pertenecían al (FUSNA) y estaban operando contra los GAU, varios de los cuales habían sido detenidos días antes. Tróccoli era el pasajero 37.
A la desaparición de los GAU se sumó la de otros uruguayos que también fueron secuestrados en diciembre de aquel año: "Peludos" del MLN, militantes PCR, del PST y la ROE, que intentaban unirse contra la dictadura en torno a la Unión Artiguista de Liberación (UAL). Cayeron bajo las garras del Cóndor: Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro (esposo de Aída Sanz), Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura y su esposa, Carolina Barrientos Sagastibelza (Argentina), Gustavo Raúl Arce Viera y Raúl Gámbaro Núñez, Alfredo Moyano Santander y su esposa -también embarazada María Asunción Artigas Nilo; y Célica Elida Gómez Rosano
La mayoría de los uruguayos secuestrados en diciembre fue luego vista en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y COT-1 Martínez. Los testimonios indican que todos fueron torturados e interrogados por oficiales militares uruguayos que participaron de sus capturas. Tróccoli negó su participación y dijo que entonces había realizado cursos en Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. Su testimonio judicial (previo a fugarse) ha quedado ya descalificado, al confirmarse que la base de Puerto Belgrano era el comando de la represión naval. Al respecto, nunca fueron interrogados los oficiales Dupont y Uriarte, quienes continúan radicados en Uruguay.
LA INVESTIGACIÓN CAPALDO
El fiscal Gianncarlo Capaldo investigó durante diez años la coordinación represiva del Plan Cóndor. Su trabajo comenzó en 1999 cuando se pidió a Roma la instrumentación de una causa de justicia internacional ante las leyes de punto final, amnistía y caducidad que regían en sudamérica. Cuando había terminado su indagatoria y formalizó la acusación contra mandos militares y civiles de las dictaduras, se inició un proceso en el que se presentaron más pruebas y querellantes hasta la formalización de las audiencias este jueves.
El gobierno italiano tendrá que aprobar, además, la citación, traslado y alojamiento de 109 personas que han sido presentados como testigos o querellantes por parte de la fiscalía, quien parece haber planificado un juicio con características políticas ya que no parece posible comprobar la participación directa de los acusados (la mayoría de ellos ausentes) en los crímenes, pero sí resultará evidente su responsabilidad política. Eso explica que mandos militares de un país aparezcan inculpados del crimen sobre un ciudadano de un segundo país, ocurrido en un tercer país. Eso demostraría el verdadero nivel de la coordinación represiva.
Entre los acusados, hay once chilenos (entre los que figuran los generales Sergio Arellano Stark, Manuel Contreras y Daniel Aguirre Mora), cuatro peruanos (que incluyen al ex presidente general Francisco Morales Bermúez) y como acusado boliviano está el dictador Luis García Meza Tejada.
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