Durante la comparecencia, los legisladores indagaron sobre los protocolos aplicados, el momento en que se presentaron las denuncias y las acciones previas adoptadas por el centro educativo.

El presidente de la Anep, Pablo Caggiani, detalló ante la comisión el conjunto de recursos y alertas que se activaron desde la institución de enseñanza. Según explicó, las autoridades de la UTU mantuvieron un contacto inicial con la familia y encendieron los mecanismos de alerta ante las inasistencias del joven. Finalmente, se procedió a realizar la denuncia policial correspondiente una vez que la familia dejó de responder a las consultas e intentos de comunicación del centro educativo.

El rol de la educación pública en la prevención

Caggiani subrayó que la educación pública —a través de sus escuelas, liceos y centros de UTU— constituye un actor fundamental y clave en la detección temprana de situaciones de abuso, violencia y maltrato hacia niños y adolescentes. En ese sentido, destacó que la gran mayoría de las denuncias que recibe el Sistema de Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) provienen del ámbito educativo.

El jerarca reflexionó sobre la evolución y la magnitud de este problema en el país. "Desde el primer informe del Sipiav, donde se registraban aproximadamente 500 situaciones anuales hace varios años, al último informe, donde estamos interviniendo en 10.000 situaciones por año, implica que el Estado ha adquirido más capacidad para abordar estos temas y para intervenir".

Sin embargo, Caggiani reconoció de forma autocrítica que el desenlace de este caso evidencia que los esfuerzos aún son insuficientes. "Cuando tenemos situaciones como esta, lo que da cuenta es de que no llegamos a tiempo, y tenemos que seguir revisando a ver cómo llegamos a tiempo", admitió.

Fortalecimiento técnico y docente

Consultado sobre las líneas de acción a futuro, el presidente de la Anep confirmó que se continúa trabajando de manera sistemática en la capacitación permanente, tanto de los cuerpos docentes como de los equipos multidisciplinarios, bajo los lineamientos de la hoja de ruta institucional.

El objetivo es mejorar las herramientas de identificación de riesgo y optimizar los tiempos de respuesta. "Hay que seguir trabajando, hay que seguir formando, porque todavía la realidad nos está mostrando que es necesario intervenir más", concluyó.