04 de March del 2026 a las 08:59 -
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´Nos vinimos a hacer cargo de esta situación´
La presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), economista Gabriela Pradere, definió la aprobación del nuevo decreto de tiempos de espera como un "hito de un proceso bastante más amplio", que no solo busca actualizar la normativa vigente desde 2007, sino proponer una "visión bastante más global" de la atención sanitaria en Uruguay.

Según la jerarca, el sistema se ha "perfeccionado y complejizado", lo que exigía una respuesta institucional que garantice el "acceso oportuno" de los usuarios.

Para Pradere, uno de los puntos más relevantes es la formalización de una comisión que deja de depender de resoluciones puntuales de la Junta para "institucionalizarse como un ámbito de trabajo permanente". Este espacio permitirá que las reglas no sean "estancos", sino que tengan una "retroalimentación permanente" y dinamismo.

"Lo importante es que nos vinimos a hacer cargo de esta situación", subrayó la presidenta de la Junasa, destacando el trabajo conjunto entre el equipo técnico y los prestadores para dar este salto cualitativo.

 

Plazos para técnicas diagnósticas y estudios priorizados

Por primera vez, se incorporan plazos máximos para técnicas diagnósticas, un aspecto que Pradere considera crítico para el paciente que sale de consulta con un "presunto diagnóstico clínico" y requiere confirmación.

El nuevo esquema establece un máximo de 60 días corridos para tomografías no urgentes. En el caso de resonancias magnéticas, ecocardiogramas y Doppler, el plazo inicial será de 90 días, con el compromiso de reducirse a 60 días a partir de diciembre de 2027. Además, las endoscopías digestivas quedarán reguladas bajo este marco.

Un concepto clave introducido es el de "estudio priorizado": cuando exista un diagnóstico presuntivo de una enfermedad donde la realización técnica sea indispensable, el prestador deberá resolverlo en un plazo no mayor a 30 días.

 

El fin de las "barreras adicionales" y la gestión de listas

Pradere fue enfática en la necesidad de eliminar los "desarrollos institucionales que impongan barreras" burocráticas, como protocolos internos que exigen consultas con especialistas para recetar medicación que ya está avalada por el Formulario Terapéutico Médico.

Asimismo, el decreto introduce la "visión de la gestión de listas", inspirada en el triage de las puertas de emergencia. "Ya sé que cuando entro a la emergencia no me van a atender primero porque llegué primero, sino al que necesita ser atendido primero", explicó Pradere. Esta lógica se trasladará a las policlínicas, donde las direcciones técnicas deberán protocolizar la "priorización de las consultas" según criterios de salud y sociales.

 

El rol del médico tratante

Finalmente, la jerarca destacó el cambio "más sustantivo" del decreto: la distinción entre el primer médico disponible y el "médico tratante". El sistema ahora reconocerá plazos específicos (30 días para especialidades básicas y 90 para el resto) cuando el usuario opte por esperar al profesional que lo sigue "a lo largo de la vida", especialmente en el primer nivel de atención y seguimiento de crónicos.

"La idea es priorizar a aquellos que tienen derivación", concluyó Pradere, señalando que este ordenamiento de la agenda es el paso previo necesario para desarrollar un sistema de información robusto que identifique con precisión el origen de la demanda.


 

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