08 de January del 2026 a las 10:56 -
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Posición de la Asociación de Escribanos del Uruguay ante el costo fijado por OSE para el certificado de saneamiento y libre de deuda
Comunicado

Luego de tomar conocimiento del decreto que fija un costo al certificado de saneamiento y libre de deuda emitido por la OSE, la AEU remitió una nota al organismo, en la cual manifiesta su total desacuerdo con dicha decisión y expresa su profunda preocupación por las consecuencias jurídicas, sociales y operativas que generará.

En tal sentido, la AEU solicita se analice y fundamente:

  1. La legalidad de la fijación de un costo mediante decreto para un certificado que resulta indispensable para el ejercicio de la función notarial y para la instrumentación de actos jurídicos vinculados con el acceso a la vivienda, considerando la eventual extralimitación de la potestad reglamentaria, la ausencia de una habilitación legal expresa y el hecho de que las Leyes 14.497 y 18.840 (así como el decreto reglamentario de esta última, que dispone la expedición del certificado) no prevén ni autorizan la imposición de costo alguno, configurándose una posible vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
  2. El impacto directo y regresivo que esta imposición genera sobre las familias en general –en especial las vulnerables–, particularmente aquellas que acceden a soluciones habitacionales y se encuentran exoneradas de otros tributos, tasas, aranceles e impuestos, pero que quedan obligadas, sin alternativa, al pago de este certificado, lo cual configura una barrera económica adicional e injustificada.
  3. Que se brinde a la AEU, en forma detallada, la información relativa a:
    – El procedimiento de solicitud del certificado.
    – El plazo cierto de expedición por parte de la OSE.
    – El criterio aplicable en los casos en que no existe cuenta de la OSE asociada al padrón, situación frecuente en la práctica notarial y que genera demoras y perjuicios concretos a los usuarios.

La AEU entiende que la fijación de este costo afecta el interés general, entorpece el normal desenvolvimiento del tráfico jurídico y desconoce el rol instrumental del notariado en las políticas públicas de acceso a la vivienda, por lo que espera una respuesta clara, fundada y urgente por parte del organismo.

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