La posible suspensión de la ciudadanía del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, será estudiada por la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral.  Este paso es clave para el futuro político del jefe comunal, ya que una eventual inhabilitación lo obligaría a dejar su cargo.
La comisión, compuesta por seis de los nueve ministros de la Corte, analizará el caso "a la brevedad" y elaborará uno o más informes que pueden tener opiniones divididas (en mayoría y minoría). Sin embargo, estas conclusiones no son vinculantes, y la decisión definitiva recaerá sobre el pleno de la Corte Electoral tras un debate final.
El nudo del asunto se encuentra en la interpretación del artículo 80 de la Constitución, que establece la suspensión de la ciudadanía "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". Los ministros deberán determinar si la figura de "imputado" o "formalizado" en el nuevo Código del Proceso Penal es equivalente al "procesamiento" que menciona la Carta Magna, o si, por el contrario, se requiere una condena firme para aplicar la suspensión.

Como se recordará la situación se desencadenó cuando un Tribunal de Apelaciones, a pedido de la fiscal suplente Charline Ferreyra, ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización de la investigación contra Besozzi.
La defensa del intendente presentó sus descargos para frenar la medida, esgrimiento como argumento que el caso se encuentra en la  etapa inicial y no hay sentencia firme, por lo que debe primar el principio de inocencia.

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral la integran los  ministros José Korzeniak y Alberto Castelar (Frente Amplio), José Garchitorena (Partido Colorado), Arturo Silvera y Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional),  más el  presidente Wilfredo Penco (Frente Amplio), quien tiene voz pero no voto.