Los funcionarios públicos nucleados en COFE  realizaron en la jornada de este jueves un paro nacional y movilización en  Montevideo.  La medida, como adelantáramos, es en rechado a la nueva ley que rige las certificaciones médicas,  que los funcionarios públicos entienden es "una rebaja en el salario de los trabajadores".
Uno de los sectores que se  manifestó fue  la banca pública que emitió una proclama expresando su rechazo a esta  medida adoptada por el gobierno.  Para lostrabajadores bancarios del sector público el nuevo régimen de certificaciones médicas.

                                                                   Montevideo 18 de abril de 2024

DECLARACIÓN EN EL MARCO DEL PARO GENERAL NACIONAL DEL SECTOR PÚBLICO
En este día, (18 de abril) los trabajadores del sector público están realizando un paro general nacional de 24 horas en rechazo del nuevo régimen de certificaciones médicas que está imponiendo el Poder Ejecutivo.
La Ley aprobada en la Rendición de Cuentas el 20 de octubre de 2022 que comenzó a aplicarse a partir del 1 de abril pasado, implica que los trabajadores que sean certificados por enfermedad, perderán el 25% de su salario a partir del décimo día de enfermedad en el año.
La resolución del Poder Ejecutivo alcanza a todos los trabajadores de la administración central, así como a los servicios descentralizados, empresas públicas y el Poder Judicial, en esta primera etapa. Posteriormente, podrá extenderse a otros organismos que poseen autonomía.
Hemos expresado nuestro rechazo reiteradamente a esta decisión del gobierno, que nuevamente utiliza el salario de los trabajadores para reducir el gasto público. Reducción que apela a castigar al trabajador cuando sufre situaciones de enfermedad.
Nuevamente se apuesta desde el gobierno a estigmatizar al trabajador público, falseando la idea  de que existen abusos en materia de certificaciones médicas. Tres cuartas partes de las licencias médicas del sector público se concentran en el ministerio del interior, producto de las condiciones de trabajo de ese colectivo. Y si existieran abusos en el resto de los organismos, la obligación del poder ejecutivo es controlarlos y sancionarlos. Nunca rebajar derechos de todos los trabajadores por su propia ineficiencia u omisión.
Tras esta supuesta equiparación entre trabajadores públicos y privados, se encierra un retroceso en materia de derechos, de protección frente a la enfermedad y de ingresos. Pero también en materia de salud pública. Porque castigar al trabajador por estar enfermo, implicará que muchos trabajadores deberán priorizar su ingreso sobre los problemas de contagio o afectación sanitaria en sus lugares de trabajo.
El movimiento sindical rechaza esta norma y su aplicación por motivos de forma, de contenido, legales y políticos:
     · De forma, porque surge de la ausencia de diálogo y negociación. El poder ejecutivo se      comprometió a llevar adelante una negociación para la reglamentación de la ley, cosa que  nunca sucedió. Una nueva demostración de falta de voluntad de llegar a acuerdos con los  trabajadores.
     · De contenido, porque la aplicación de este cambio, no soluciona en nada las situaciones de          abuso en materia de certificaciones médicas, sino que castiga a los trabajadores en  momentos de mayor limitación y dificultad. El decreto, incluye inconsistencias y aplica una  definición absolutamente restrictiva de las enfermedades consideradas invalidantes,
         excluyendo directamente los temas de salud mental. El decreto, promueve descontar  salario al trabajador primero, para que luego el Banco de Seguros determine si es una  enfermedad profesional o invalidante.
     · Rechazamos esta norma, por argumentos legales, lo que lleva a que se prepare la   presentación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de un “recurso de nulidad” y de un "recurso de inconstitucionalidad".
   ·   Pero fundamentalmente rechazamos políticamente la nueva forma de utilizar la rebaja de       ingresos y pérdida de derechos de los trabajadores del estado, para atender el déficit fiscal que generan los despilfarros en la administración pública. Es evidente que el Gobierno  busca aumentar sus ingresos a expensas de la salud de los trabajadores.

Contra este nuevo despojo a los trabajadores, hoy nos movilizamos. Y particularmente, los trabajadores de los bancos públicos nos mantendremos alerta, frente a los intentos de aplicarlo en el ámbito de las respectivas instituciones.
Porque el gobierno ha priorizado reducir sus gastos a expensas de los trabajadores y la calidad de los servicios públicos, rebajando salarios, condiciones de trabajo y provisión de vacantes.

                             Consejo Sector Financiero Oficial
                                     AEBU- PIT CNT