Ha trascendido a nivel internacional una lamentable y nefasta noticia: el pasado jueves 30 de noviembre varios portales y medios de prensa anunciaron que el Tribunal Supremos de Rusia prohibió el movimiento LGBT y lo declaró como una organización extremista. Prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia. 
Si bien no existe una comunidad LGBTQ legalmente reconocida en Rusia según la discriminatoria ley anti-gay del país, el fallo establece: "Las demandas deben ser satisfechas: reconocer el movimiento LGBT internacional como una organización extremista y prohibir sus actividades en Rusia”.
El fallo fue dictado en una audiencia a puertas cerradas y sin presencia de la parte demandada.
Según la legislación rusa, una organización designada como extremista se enfrenta a la disolución inmediata y sus líderes enfrentan cargos de hasta 10 años de prisión. 
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía "la propaganda (dirigida a menores) de relaciones sexuales no tradicionales".
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia. En diciembre de 2022, Putin promulgó un proyecto de ley que ampliaba la prohibición de la llamada “propaganda” LGBTQ en Rusia, haciendo ilegal que cualquier persona promueva relaciones entre personas del mismo sexo o sugiera que las orientaciones no heterosexuales son “normales”.
El paquete de enmiendas firmado por Putin incluía sanciones más severas para cualquiera que promueva “relaciones y/o preferencias sexuales no tradicionales”, así como la transición de género.
En la misma línea, El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó en julio de este año una ley que prohíbe las cirugías para el cambio de sexo.
La ley fue aprobada unánimemente por la Cámara Baja de la Duma, el Parlamento ruso, y cinco días después por el Senado.
No sólo quedaron prohibidas las reasignaciones de sexo por intervención quirúrgica o por uso de medicamentos, sino tampoco se permitirá el cambio de género en los documentos estatales. 
Ya se informa de redadas contra locales gays a pocas horas de la prohibición de este movimiento. 

En lo personal repudio y rechazo enfáticamente este tipo de resoluciones que lesionan y violan derechos adquiridos, así como todo acto, acción y conducta que segregan a una comunidad por el simple hecho de tener diferentes preferencias en el ejercicio de su sexualidad. Máxime viniendo de un país que fomenta la guerra y asesina inocentes. 
Me llama poderosamente la atención como en los tiempos que corren puedan adoptarse estas medidas que van en detrimento de derechos adquiridos por una colectividad que lleva muchos años de lucha. Pero mucho más aún me llama la atención que no he visto en mi país a organizaciones que se jactan de ser defensores de los DDHH y otras que de forma proselitista han utilizado a este colectivo, manifestarse y pronunciarse al respecto en defensa de la comunidad LGBT y en contra de Rusia y su Presidente. 

Que pasen mis palabras a la comisión de DDHH de esta Junta. 

Y quiero seguir contestando a quienes han exigido a nuestro presidente Luis Lacalle Pou y a su gabinete que deben hacerse cargo, con argumentos válidos haciendo mención a dos hechos históricos que demuestran que SÍ lo estan haciendo: 

?     Este año se aprobó el proyecto de ley para atender la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Reclamo de larga data y que recién en este gobierno de coalición, con un Pte. del PN se encontró la solución.
?    En diciembre 2022 el Poder Ejecutivo definió disminuir el valor de la tasa de interés de 5 a 2 % que pagan las cooperativas de viviendas. La medida regirá para los buenos pagadores y mantendrá vigencia retroactiva al 1.° de marzo de 2020. Importante recordar que la tasa vigente del 5% estaba desde el 2008, oportunidad que nuestro país era gobernado por el FA y pese a los reclamos de las familias nunca se escuchó ni atendió algo tan sensible para un sector importante de nuestra sociedad. 

Simplemente concluir diciendo que tenemos un gobierno que escucha, que prioriza, que cumple y sobre que SE HACE CARGO.