En una interesante intervención en la Cámara de Diputados, la diputada María Fajardo planteó un tema de actualidad relativo al acceso a créditos vía portales Web de instituciones financieras y desarrolló un serie una serie de propuestas tendientes a proteger a los posibles usuarios, o clientes financieros que pretenden acceder a los citados servicios.

En su exposición la Diputada nacionalista expresó: “La ley de regulación de relaciones de consumo (ley 17.250) no prevé una figura específica para el consumidor de servicios financieros. En general el ciudadano recurre al sistema financiero por múltiples razones: para mejorar su calidad de vida, para desarrollar una actividad comercial, buscando prosperar, generar nuevos ingresos, aumentar la actividad de su emprendimiento, etc. Además muchos ciudadanos recurren al sistema financiero cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad,  y toman decisiones acuciados por las circunstancias.

La oferta de servicios financieros debe estar reglada por las buenas prácticas, máxime cuando se recurre al sistema financiero con baja comprensión de herramientas digitales.

Estamos en un momento bisagra donde conviven nativos digitales con personas que por su edad, entraron tarde a la era tecnológica y no pueden acompañar los cambios que las nuevas tecnologías insertaron en la actividad financiera. Y son un blanco fácil de la abundante oferta de créditos que hay en el mercado. Recurrir al crédito de consumo on line: accesible a un click, pero muy caros,  la publicidad es avasallante y muy tentadora para personas vulnerables.

¿Son buenas prácticas, esas líneas de créditos telefónicos, de créditos on line?

LA EDUCACIÓN FINANCIERA ES CADA VEZ MÁS NECESARIA, PERO AÚN EN ESTOS TIEMPOS ES ESCASA. Es responsabilidad del estado velar por la defensa del consumidor, por la parte más vulnerable en la relación comercial.

Creemos que la protección de los usuarios del sistema financiero necesita un instituto especializado, de fácil acceso (podría ser una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco Central del Uruguay (BCU) pero con autonomía e independencia). Los usuarios deben poder acceder en forma  ágil y con poca o mínima burocracia  a reclamar y defender de sus derechos.

Si bien hoy en día, en del BCU, se encuentra la Superintendencia del Sistema Financiero, que es quien articula ante reclamos de los usuarios, nuestro planteo es amplio.

Queremos poner en la agenda parlamentaria este tema.

Abordar el tema con educación, de quien solicita el crédito, dando lineamientos básicos a quienes nunca han accedido o acceden por primera vez al sistema financiero. Acercar al usuario a una figura más accesible, de fácil llegada, sin necesidad de ingresar a la estructura del BCU.

Advertir a un cliente de cómo afecta su vida el acceder a un crédito, su capacidad de pago mes a mes cuando solicita un crédito, no solo si sus ingresos soportan de acuerdo a la normativa vigente una retención. Ya que además deben pagar servicios básicos, alimentación, impuestos, OSE, UTE, etc. Se debe no solo instruir al usuario sino además, que el prestador de recursos financieros, va a, en cierta manera, poder asegurarse recibir el pago del crédito.

Una especie de consentimiento informado, imagino por ejemplo algo del estilo a: “¿Usted tiene ingresos suficientes para que le podamos dar este….crédito……pero además, con los ingresos del hogar Ud. Debe afrontar el pago de impuestos, luz, transporte, alimentación, OSE, celular…, etc. Está totalmente seguro que podrá enfrentar estas obligaciones que asume ? “.

Es fundamental que el futuro cliente financiero  entienda cabalmente el impacto que el crédito tiene en su economía doméstica, el compromiso financiero al que accede, como éste va a impactar en su patrimonio, en sus ingresos mensuales.

Dejar constancia de las tasas e intereses que deberá pagar por ese crédito así como, las consecuencias, en cuanto al monto, que tiene el no pagar en tiempo y forma; esto lo más claro posible, en un lenguaje sencillo y accesible.

¿Podrá sin que se le complique la vida afrontar el crédito?

Con el consentimiento informado el Estado deslinda responsabilidad de que la acumulación de deuda de los ciudadanos se convierta en un problema de Estado.

Por todo lo dicho, es que entendemos necesario y oportuno crear la Figura de un Defensor del Cliente Financiero al que el ciudadano pueda acceder fácilmente para obtener asesoramiento, apoyo y tutela.

(comunicado)