“En exposiciones anteriores nos hemos referido al grupo Teatral Cañada Nieto y su destacada labor tanto nacional como internacional, a través de 10 años de fructífera e ininterrumpida vida, desde aquel 4 de julio del 2003.  Es fundado y dirigido por el profesor Ariel Frontán, contratado por la Intendencia de Soriano desde sus comienzos. Posee personería jurídica y es integrante de la ATI (Asociación de Teatros del Interior). El sábado 27, concurrimos a la localidad de Cañada de Nieto donde se desarrollaran los festejos de este aniversario y la presentación de la gala “Donde el viento hace buñuelos” de Arístides Vargas.  Fue una muy grata velada, con una puesta en escena realmente destacada y una valoración excelente de los asistentes, que colmaron la sala hasta el punto que había gente parada y en donde reinaba un profundo silencio a pesar de haber niños en la sala. Si bien el profesor Frontán sigue concurriendo regularmente, en un gesto a destacar, ha dejado el grupo bajo la dirección de sangre nueva, sangre joven.  Esta obra en particular es dirigida por un profesor de la ciudad de Santa Lucía que es contratado por el Ministerio de Educación y Cultura y que concurre con asiduidad a esta localidad a tales efectos, desde el mes de marzo del presente año. El docente tendría un contrato firmado con el Ministerio, pero a pesar de ello, desde esa fecha hasta el día de hoy  no le habrían abonado sus honorarios, no le habrían pagado absolutamente un peso. Incluso tenemos entendido que luego de transcurridos estos meses se pretende hacerle firmar otro contrato con reglas diferentes. Lo cierto es que el Ministerio cuando asume este compromiso debe cumplir como cualquier hijo de vecino, como así lo ha hecho la Intendencia de Soriano por estos 10 años y lo va a seguir haciendo. Esta situación totalmente inexplicable debe revertirse rápidamente, en donde el Ministerio de Cultura sin más, debería saldar los haberes de este trabajador. Solicito traslade nuestras palabras con la gravedad del hecho que encerrarían, al diputado Gonzalo Novales y al Ejecutivo Comunal. 

Por otro lado, vamos a hacer algunas puntualizaciones en consideración a las desacertadas  apreciaciones que un edil del Frente Amplio realizara en la última sesión de este Legislativo con respecto al traslado gratuito de estudiantes del primer y segundo ciclo de enseñanza media pública en aquellos casos donde no existen líneas regulares de transporte.

1° Nos congratulamos que el MTOP por decreto del año 2012 a partir de convenio suscripto entre la Intendencia y la OPP, recordara que existe un Soriano profundo donde los estudiantes también deben asistir a clases, pero rememorar y resaltar que en todos los años anteriores tuvieron esa misma posibilidad por la contribución de la Intendencia de Soriano, que junto a las comisiones de padres posibilitaron el traslado de los alumnos a los centros de estudios, gestionando y contratando a su costo el transporte.

2° Cuando dice que la Intendencia recibió las partidas en tiempo y forma, no alcanzamos a entender a qué se refiere, puesto que en el 2012 llegaron casi al terminar el año lectivo, es decir divididas en tres y en los meses setiembre, octubre y  diciembre, por un total de $1.800.000, cuando la Intendencia de Soriano gastó a tales efectos casi $3.500.000. Para ser más gráficos, en este 2013, faltando 3 meses para finalizar las clases, no solo que no se ha recibido un solo peso, sino que tampoco se sabe de cuanto serán las partidas, no están cuantificadas. Por tanto no se es sincero cuando  se dice en tiempo y forma.

3° El edil del FA pone en tela de juicio los controles, con lo cual tampoco concordamos. El control  se realiza cruzando el listado de la dirección educativa y la factura del transportista conformada (es decir con la firma de la dirección del Instituto), que deben ser entregados en forma adjunta. Los controles se hacen y tienen un análisis estadístico, donde rezan la asistencia, el kilometraje, el curso a que va, cuantos viajes hizo, etc.

4° Las comisiones de padres son las que regulan y acuerdan con los transportistas los recorridos y las peculiaridades. Estos mismos padres, son los que en forma espontánea han trasladado a los medios de comunicación una carta firmada por todos lo que hace al caso en particular, menos una madre; en donde expresan su conformidad con el servicio y a la vez su sorpresa de que el edil del FA se refiriera en nombre de padres preocupados, cuando documento por medio no es así.

Hay situaciones que ameritan determinadas reflexiones y sin lugar a dudas para ser creíbles por encima de todo, hay que ser sinceros. Solicito traslade nuestro planteo a la comisión respectiva y al Ejecutivo Comunal, adjuntando fotocopia de lo publicado por diario Crónicas a este respecto el martes 30 de julio y en diario Acción el 4 de agosto.

Por último, vamos a hacer referencia  a la importante preocupación que existe entre los usuarios que utilizan y gestionan el descuento vecinal del peaje sobre R2 próximo a Mercedes. Debemos recordar que el peaje es del estado, lo tiene Corporación Vial que funciona bajo el derecho privado y aparentemente hace muy poco tiempo se licitó su gestión y o mantenimiento y hoy lo realiza Consorcio Cruz del Sur de la empresa privada SERVIAM SA. La problemática surge por el excesivo celo a la hora de acreditar la residencia permanente, en donde muchas veces se debe presentar hasta un certificado notarial de un valor de $1.300, desestimulando de esta manera que los vecinos hagan valer sus derechos y tramiten el descuento respectivo. En el mismo sentido, mientras hasta hace un tiempo la renovación de la gestión se hacía cada 2 años y cuando esta caducaba se daba un plazo de 7 días para aportar la respectiva documentación, que presentada en plazo extendía por 30 días más el beneficio mientras el peaje hacía las gestiones internas; hoy vence indefectiblemente a los 6 meses y si con anterioridad no se procedió a su renovación, luego de caducado no existe ninguna alternativa para mantenerlo mientras se procede a la renovación. Creemos que todo esto perjudica a los vecinos, en donde se privilegia la recaudación en desmedro del derecho que los asiste y aparentemente se busca dificultar y o encarecer los trámites para la obtención de los respectivos descuentos, que según correspondan llegan hasta el 80%, haciendo un aparente uso abusivo de las potestades con que cuenta la empresa. Solicito traslade nuestro planteo buscando revertir o flexibilizar tal situación, a la comisión respectiva, al diputado Gonzalo Novales y a la Oficina de Defensa al Consumidor”.