El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) informó este jueves el alcance del decreto presidencial 57/023 de 17 de febrero pasado que reglamenta uno de los artículos incluidos en la LUC, ley 19.889, artículos 386 (en la redacción dada por el artículo 265 de la Ley 19.924) donde se declara de interés general la creación de un Programa Nacional de Control Reproductivo de la población canina y felina.
La reglamentación permitirá a la institución vincular a los animales con un tenedor responsable y abordar fuertemente la problemática asociada a la población de perros y gatos que no tengan contención o estén bajo un cuidado responsable. La castración y chipeo serán obligatorios para todos los animales. Desde el año 2021, el INBA viene destinando fondos, castraciones gratuitas para los tenedores o familias de bajos recursos, en convenio con las Intendencias. 
Cabe destacar que lo que establecía la Ley de Urgente Consideración (LUC), era el interés general de la creación de un programa nacional de control reproductivo, haciendo alusión a una serie de argumentos a favor de su creación.
El decreto contiene 10 artículos y establece la obligatoriedad de la esterilización/castración de todos los perros y gatos en todo el territorio nacional, así como su identificación mediante microchip. Al identificarlos mediante microchip se vuelve obligatorio el registro de estos animales en el Registro Nacional de Animales de Compañía (RENAC).
En ese sentido, la directora general del MGAP, Fernanda Maldonado, vocera y responsable de las políticas públicas de Bienestar Animal del gobierno destacó que:
“Sin duda, este decreto es fundamental para sentar las bases de la política pública de Bienestar Animal que llevamos adelante y que se comenzó a cristalizar desde el INBA y las ocho instituciones que la integran.
Este decreto reglamentario de la Ley de Urgente Consideración (LUC), nos permitirá avanzar en la puesta en marcha de otros planes como el Sistema Nacional de Albergues y trabajar junto a instituciones públicas y privadas en la sensibilización de toda la sociedad, principalmente de los niños y jóvenes a través de los diferentes programas de educación formal.
En ese sentido también venimos trabajando el Programa Nacional de Albergues, del cual también esperamos tener en los próximos meses novedades.  Comienza así a cristalizarse lo que hemos venido diciendo desde que esta administración asumió. Es decir, una política pública referida al tema del bienestar animal, referente a todos los animales y en específico a los animales de compañía”, informó Maldonado.
Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo de INBA, Marcia del Campo, destacó que el decreto es fundamental para el trabajo y los operativos diarios que realiza la institución.
“Esto estaba previsto en la ley, de que se iba a reglamentar con un decreto. Ahora es obligatorio. Ahora, sí estamos en condiciones de fiscalizar y/ó sancionar a una persona que no tenga a un animal castrado. Estaba establecido en la Ley pero nos faltaba este decreto para poder implementarlo. Luego, hay otros artículos que establecen la implementación de campañas de promoción y sensibilización, que también vamos a incluir algunos contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en lo que son los programas educativos formales. Ya hemos tenido reuniones con el director nacional de Educación y con el presidente del Codicen, tenemos los espacios abiertos para ello.
Es un trabajo que tenemos que lograr en conjunto y con el compromiso de toda nuestra sociedad¨, concluyó del Campo.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a la realización de ambas prácticas para que efectivamente “se pueda empezar a construir el camino del control de la sobrepoblación canina y de la tenencia responsable y así minimizar los problemas de convivencia y otras consecuencias negativas que hoy existen por esta problemática”. 
El INBA está integrado por ocho miembros que representan a ocho instituciones y organizaciones que interactúan todo el tiempo entre sí: Ministerio de Ganadería, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, el Congreso de Intendentes, Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, agremiaciones de productores rurales y protectoras de animales. 
Cuenta con una Dirección Ejecutiva, un equipo de técnicos y profesionales veterinarios que llevan adelante las distintas acciones de campo, tanto en el interior como en la capital.
Desde el momento que se ingresa una denuncia que atenta contra el Bienestar Animal, las ocho instituciones accionan de forma conjunta el protocolo vigente para actuar en cada situación.

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