Tras el acuerdo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizado en la tarde de este miércoles 9 en Torre Ejecutiva, Lema informó los resultados de la investigación administrativa iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La cartera estatal trabajó con actas de constatación elaboradas por funcionarios de las oficinas territoriales de Montevideo y por parte de la instructora de la investigación. Fueron recabadas 53 declaraciones.

“Lamentamos los resultados contundentes de esta investigación, donde queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos que realizó maniobras que pudieron perjudicar a personas que necesitaban la llegada eficiente de alimentos”, expresó Lema, acompañado por la subsecretaria Andrea Brugman, la directora general de Secretaría, Karina Goday, y la directora departamental de Montevideo, Carolina Murphy.

Añadió que la investigación fue minuciosa y seria, con 200 visitas, mediante las que la instructora recabó testimonios, documentos y actas, en las que están las pruebas de las afirmaciones.

Entre los resultados de la investigación, el ministro enumeró algunos puntos: al menos 68 ollas no funcionaban o nunca funcionaron; “se inflaron números de iniciativas” y la cantidad de días de atención de cada olla y porciones, detalló.

La investigación también confirmó que “la distribución de alimentos no era transparente” porque no se mostraban remitos con detalle de insumos y, en general, las ollas “recibían menos insumos de los asignados”. Además, “se retiraron alimentos de Uruguay Adelante que no fueron entregados a varias ollas y merenderos que declaraban”, agregó.

Asimismo, pese a que algunas no funcionaban, ciertas ollas recibían insumos y algunos se vendían. Según testimonios, algunos referentes debían recibir a los plenarios de la red, “bajo la presión de que, si no asistían, se iban a retirar los alimentos proporcionados”.

Y continuó: “Algunas ollas asistidas se encontraban en comités de base partidarios”. “Existen denuncian, que no parten del Mides, sino de exintegrantes de la coordinadora, que son de apropiación indebida, por parte de integrantes de la red”, informó.

“Estas conclusiones se dan en el marco de una muestra, porque el alcance puede ser mucho mayor”, advirtió Lema.

Por eso, prosiguió el ministro, el Gobierno resolvió mantener la postura de no continuar con la coordinadora como intermediario y seguir suministrando la alimentación a las ollas de la red, a través de las Fuerzas Armadas

La segunda resolución adoptada por las autoridades es remitir a Fiscalía todas las actuaciones sobre “hechos contundentes y comprobados”, informó.

En tercer lugar, el Gobierno solicitará concurrir a las comisiones de Población y Desarrollo del Parlamento. “Nos parece que corresponde dar cuenta a los representante y todos los partidos políticos”, explicó.

Y agregó: “Lamentamos el uso de la alimentación de las personas que se encuentran en vulnerabilidad que no representa a nuestro país ni al trabajo solidario”. “Es rechazable, lamentable y hay que actuar en consecuencia”, aseveró.

Lema recordó: Cuando todos los indicadores en la demanda de alimentación daban a la baja, “nos sorprendió una cantidad de intervenciones públicas por parte de esta coordinadora, haciendo referencia a una situación que nuestro país no estaba atravesando”. Y añadió que, por eso, el Mides solicitó una actualización de datos, la coordinadora estableció que esos indicadores no se brindarían y, finalmente, fueron presentados fuera de plazo.

En el marco de esta investigación, la Coordinadora Popular y Solidaria fue convocada y se negó a dar su postura al respecto. “Es una operación política que tiene consecuencia y que la padecen quienes más lo necesitan”, señaló.