“Fibra” Astesiano junto a extranjeros y un escribano uruguayo dirigió una banda delictiva que se dedicó a falsificar los datos de ciudadanos rusos para hacerles aparecer parentescos con ciudadanos uruguayos y darles cédulas y pasaportes de nuestro país. La banda utilizó despachos oficiales, acceso a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de Cancillería, cobraban unos 50 mil pesos por cada trámite. “Fibra” fue detenido en la propia residencial de Suarez y Reyes. La noticia fue de alto impacto internacional, el daño provocado a la imagen de nuestro país es enorme.
Ahora hay profusa información, audios, mensajes, whatsapp, etc. El escándalo adquiere ribetes de espectáculo, pero es necesario trascender la anécdota y analizar a fondo un hecho de enorme gravedad institucional.
Está ante la falla de seguridad nacional muy grave. Fallo el Presidente, fallaron todos los servicios de inteligencia, fueron penetrados los bancos de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de Cancillería, falló la seguridad para otorgar documentos. Una banda criminal utilizó infraestructura de Presidencia de la República para montar un esquema delictivo de alcance internacional. Eso es lo que pasó. El presidente manifestó no tener “malicias”. Contrariamente “Fibra” tiene un profundo legajo de antecedentes.
Fue indagado en dependencias de cuatro departamentos. Lo indagaron más de treinta veces por varios delitos: estafas, hurtos, apropiación indebida y daños.
Todo esto se sabia desde hace tiempo. En el 2020 lo público un medio de prensa, un diputado pidio información sobre el personal asignado al servicio de Seguridad Presidencial. Dirigido al Ministerio del Interior, se reiteró y nunca fue respondido.
No estamos hablando de un guardaespaldas que dio un mal paso, como la prensa oficialista intenta presentarlo.
“Fibra” tenía entre sus atribuciones la de recabar información de cualquier agencia de inteligencia o seguridad nacional o extranjera en consideración a potenciales riesgos para el presidente, su familia u otra persona que él determine.
“Fibra” utilizó todas estas potestades para crear y dirigir un esquema delictivo que terminó además de en un escándalo político, en un grave incidente de seguridad nacional.
Este caso de enorme gravedad no termina ni con la destitución ni con el procesamiento de “Fibra”. Hay demasiadas preguntas pendientes que van más allá de la investigación judicial. ¿Lacalle Pou no leyó ninguna de las notas con las denuncias?
Si el Presidente no es dado a la lectura ¿no tiene a nadie que le lea las noticias? ¿A nadie se le ocurrió consultar al Sistema de gestión de seguridad pública y ver si la información era cierta? ¿Hay alguna relación entre el accionar de la banda y el hackeo masivo a identificación civil que afectó datos de 84000 pasaportes en diciembre de 2020? ¿Quienes le dieron a Astesiano y su banda la tecnología para imprimir pasaportes falsos? ¿Es esto parte de un esquema criminal mayor o de otra cosa?
Estas preguntas y otras más, exigen respuestas claras y determinación de responsabilidades políticas e institucionales.
El Presidente debería hacerse cargo. El gobierno que encabeza le dio un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en otro país. Unos 5000 kilos de cocaína salieron disfrazados en un cargamento de soja del puerto de Montevideo. Se hacen decretos a la medida del lobby empresarial tabacalero y mediático.
Se le entrega el Puerto de Montevideo por 60 años a una transnacional en una negociación secreta que es investigada por la justicia.
 
Tuvieron que cambiar varios jefes de Policía por mal desempeño. Ahora el Jefe de Seguridad presidencial monta una banda criminal en la Torre Ejecutiva y hay un número indeterminado de ciudadanos rusos, viajando por el mundo con pasaportes uruguayos, haciendo no se sabe que. Es demasiado para querer salir olímpico y canchereando. El Presidente se ufanó en campaña electoral de que su gobierno iba a ser transparente.
Repitió esa muletilla hasta el hartazgo, para la realidad muestra un gobierno opaco y con cero transparencia. Este episodio también muestra los riesgos de asumir el Poder Ejecutivo como unipersonal y tomar en cuenta la fidelidad sectorial y personal como único criterio de selección de funcionarios de gobierno. Pero eso no es fundamental. Es necesario reafirmar que estamos ante un hecho grave. Esto es mucho más que un desliz de un oscuro patovica corrupto y venal y una respuesta inusualmente desprolija y débil del Presidente.