Varias organizaciones del norte del país expresaron sus críticas por lo que consideran el mal  manejo de las áreas forestadas en el país y que desencadenó en el incendio más importante de la historia del país, ocurrido en los departamentos de Río Negro y Paysandú.

Dicho comunicado expresa textualmente:

Desde hace tres días se desencadenó una sucesión de incendios de gran magnitud en  una vasta zona forestada de los departamentos de Río Negro y Paysandú. Sus causas accidentales no son razón suficiente para explicar la amplitud y gravedad del siniestro  y evidenciaron la falta de previsión y coordinación de las autoridades competentes para enfrentar una contingencia que era completamente previsible.

Si la causa de esta situación fueran el incendio de una camioneta cargada de pinturas en la ruta, junto con la ola de calor y la sequía, como registra el informe del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), tales circunstancias podrían haberse superado fácilmente si existiera en el área una brigada contra incendios lista y preparada para enfrentar contingencias absolutamente previsibles como las mencionadas.

A partir del desarrollo promovido por la Ley Forestal de 1987 y de su extralimitación, hoy existen en el territorio nacional 1:065.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos y pinos, con una densidad de hasta 1.400 árboles por hectárea que constituyen, sin lugar a dudas, un riesgo por la generación de incendios que debió ser previsto desde hace años y haberse definido los recursos y las medidas necesarias.

Sin embargo, han sido mayoritariamente vecinos de las zonas afectadas y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil de esos departamentos, centros de enseñanza, entidades religiosas, etc., con el modesto pero abnegado aporte de las brigadas departamentales de bomberos, quienes han tenido que hacerse cargo en lo fundamental de una situación para la cual no estábamos preparados.

Como siempre, la población es solidaria frente a la adversidad de sus compatriotas, pero esto no puede ser suficiente ante una catástrofe de esta magnitud.

Uruguay inició el año 2022 convertido en un infierno para las poblaciones de Algorta, Orgoroso, Piedras Coloradas, Tres Bocas, Chapicuy, Arroyo Negro y las familias de productores rurales de la zona. Los habitantes de esos lugares han pasado en vilo la noche de fin de año, sin festejos de ninguna clase y trabajando para darle de comer a los bomberos o haciendo ellos mismos lo que pueden para salvar algo.

Ha llamado profundamente la atención también la falta de preparación y prescindencia ante los hechos de las empresas forestales presentes en la zona (Montes del Plata, Forestal Oriental y la Caja Notarial), que deberían ser las primeras en tener medidas previstas y en actuar frente a lo que las involucra directamente.

En primer lugar, la ausencia de mantenimiento de los cortafuego, las franjas del terreno que separan los macizos forestales para impedir que el fuego avance. En lugar de estar limpias, esas áreas estaban cubiertas de hojas y ramas que facilitaban la combustión. Esa falta de cuidado evidencia la omisión de las autoridades y de las empresas, que tal vez se descansan en tener sus plantaciones aseguradas.

Las autoridades nacionales han reconocido que nunca existió un incendio de estas proporciones en el país, pero es evidente que, ante la opción del estado por un desarrollo forestal de esa magnitud, no se puede alegar sorpresa ante lo sucedido. No solo ha faltado previsión en los organismos públicos correspondientes, sino también exigencias de seguridad apropiadas para las empresas forestales involucradas.

Además de los productores rurales vecinos de la forestación, existen centros poblados literalmente rodeados donde la distancia a las plantaciones no supera los 30 metros.

El riesgo que corren estas poblaciones es evidente también y desde hace tiempo se advirtió que la distancia debía ser del orden de 500 a 1.000 metros, teniendo en cuenta las chispas transportadas por los vientos en medio de un incendio.

Las organizaciones firmantes exigimos que las autoridades asuman la responsabilidad y una revisión exhaustiva de las medidas para evitar que se repitan situaciones como las vividas en los últimos días. Hacia adelante, reclamamos la presencia de una brigada permanente de bomberos en cada zona y la realización de simulacros de acción conjunta del estado, empresas y pobladores para estas contingencias.

Por último, pero no menos importante, los costos de las compensaciones por los daños sufridos, así como de los recursos para ejecutar los planes preventivos necesarios (dotaciones locales de bomberos, reservas de agua, etc.), no deben salir del erario público, sino de las empresas que operan en la región. De lo contrario, estaríamos otorgándoles nuevos subsidios a costa de todos los uruguayos.

Paysandú Nuestro

Gensa (grupo ecológico naturista sanducero)

Grupo Amigos de los Humedales, Paysandú

Colectivo de Guichón por los bienes naturales

Cooperativa Tierra pa Todos de Guichón

Calagüi, cooperativa de apicultores de Guichon

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

Comisión departamental por los Derechos Humanos

Iglesia Valdense

Intersocial de Paysandú (Integrada por las mesas departamentales de FUCVAM, PIT-CNT, el Regional norte de la Universidad de la República y los sindicatos y gremios: Sutel, FFSP, Sunca,

Afutu, MOSAC, Postales, Afempay, Ademu, Untmra, ATRU, Químicos de Ancap, Trabajadores de la enseñanza privada, AECO).

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